La Fiscalía General pidió a Rajoy en 2012 la reforma de la Ley Electoral para evitar la compra de votos por correo
Convertida en el escándalo de cierre de campaña, la compra de votos ha permanecido en el limbo político una década pese a que ya en 2012 el entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no solo alertó al primer Gobierno del PP sobre el agujero detectado en la Ley Electoral (Loreg) sino que propuso una modificación de la norma.
La propuesta de la Fiscalía entroncaba exactamente con lo que la desarticulación de la trama de Melilla, donde se investiga a Coalición por Melilla y también al PP, y el arresto de candidatos socialistas en Mojácar (Almería) ha sacado de nuevo a la luz: que la Loreg contiene una “laguna legal” al exigir la identificación, DNI en mano, de quienes quieren votar por correo tanto cuando solicitan la papeleta como cuando la reciben mientras que "cualquier persona diferente a aquella que pretende ejercer el derecho al voto puede hacer entrega de dicho sobre con el voto ya emitido". Extraído de la Memoria de 2012, el entrecomillado anterior plasma la anonimización que permite la Loreg. Y es esa ausencia de control la que facilita la compra ilegal de sufragios.
El aviso de 2012 cayó en saco roto. Ahora, es el PP el que pide una modificación de la Loreg, como hizo este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: antes de las elecciones generales –fue su mensaje– hay que reforzar las “garantías” respecto al voto por correo porque son “pocas” cuando hay partidos “sin principios”.
Inserta en la Memoria que el máximo responsable del ministerio fiscal entregó el 12 de septiembre de aquel año a quien estaba cerca de cumplir su primer año como presidente, Mariano Rajoy, la propuesta de “modificación de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General” había partido justamente de Melilla.
La “laguna legal” de la Loreg –escribió Torres-Dulce en la Memoria de la Fiscalía General– dio lugar a que en Melilla y durante la campaña para las elecciones de marzo de 2008 “se formara un entramado conformado por diversas personas que consiguieron la obtención ilegítima de votos a favor de una Coalición formada por dos grupos políticos mediante el ofrecimiento de un puesto de trabajo en los Planes de Empleo dependientes de la Delegación del Gobierno a cambio de su voto por correo”.
El caso al que se refería el entonces fiscal general es el que en febrero de 2021 se cerró con una sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la condena a dos años de cárcel para el líder de Coalición por Melilla y expresidente de la ciudad, Mustafá Aberchan, y el ex líder local del PSOE, Dionisio Muñoz. Otras 15 personas fueron también condenadas. Todas por lo mismo: la compra de votos en 2008 para las elecciones al Senado.
Aquel fue el segundo gran episodio de fraude electoral detectado en Melilla. El primero se había destapado un año antes, 2007, e involucró a un alto cargo del PP –Hassan Dris, viceconsejero de Asuntos Sociales– que fue absuelto tras un juicio que no se celebró hasta 2021 y en el que también fue absuelto el responsable de una asociación, Mimun Mohamed Hamed.
Esa primera sentencia fue anulada y en la segunda recibió una condena Mimun Mohamed mientras que se mantuvo la absolución del exviceconsejero del PP. El resumen de lo que aquí sucedió es este: en mayo de 2007, la Guardia Civil destapó que en una asociación –Numidia, la que dirigía Mimun Mohamed– se canjeaban votos por vales de comida financiados por la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno del PP. Los investigadores hallaron incluso documentos donde aparecía una lista que vinculaba nombres de votantes –de origen marroquí– con el voto y los vales de comida.
En abril de 2019 la difusión de un vídeo puso en apuros al entonces presidente de Melilla, Juan José Imbroda, del PP. Las imágenes mostraban a su hijo manteniendo una conversación sobre lo que parecía una compra de votos. En octubre de 2020, la justicia melillense archivó la denuncia.
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Que la Fiscalía General consideró valiosa su propuesta de cambio normativo sobre el voto por correo lo demuestra un dato: fue una de las solo nueve propuestas incorporadas a las 3.411 páginas de la Memoria. Y las proposiciones formuladas por la Fiscalía no se plantean al azar ni constituyen un relleno para ampliar las páginas de los informes que, casi a modo de anales, se emiten cada ejercicio. Muy al contrario, son producto de un precepto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que habilita al Fiscal General del Estado para proponer “las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia”.
En el capítulo que las agrupa “se compendian las propuestas seleccionadas de entre las formuladas por las distintas Fiscalías”. Que la relativa a la Loreg había partido de Melilla lo refleja la memoria de actividades sobre 2011 elaborada por la Fiscalía Superior de Andalucía, cuyo Tribunal Superior (TSJA) es competente en las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.
“Existe –se lee en el informe andaluz– una importante laguna legal al respecto, al no exigirse la presentación de ningún tipo de documento de la persona que presenta dichas entregas masivas de votos en las oficinas de correos”. Y ese agujero, agregaba la memoria, se pone “en conocimiento al objeto de que por los órganos competentes se estudien las modificaciones que se consideren oportunas para lograr la transparencia de futuros procesos electorales”.
