La Fiscalía apoya que se investigue la responsabilidad penal de Mazón por la dana
La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana apoya que la justicia investigue la posible responsabilidad penal del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana, que ha causado 223 víctimas mortales hasta el momento y miles de damnificados en la provincia de Valencia, según una información adelantada por el diario El País y confirmada por infoLibre.
En un informe remitido a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el Ministerio Público hace un repaso de las siete denuncias o querellas interpuestas contra Mazón como máximo responsable de la gestión que el órgano judicial decidió acumular en una misma causa o contra la exconsejera de Interior Salomé Pradas. Y apuntan hacia los delitos de homicidio y lesiones imprudentes, contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, daños imprudentes y omisión del deber de socorro.
El TSJ valenciano acumula en una misma causa las siete querellas y denuncias contra Mazón por la dana
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"Los querellantes y denunciantes atribuyen la comisión de los delitos [...] como consecuencia de la no adopción de algunas decisiones que, a su parecer, hubiesen evitado o mitigado el fatal resultado por el número de fallecidos. Y de ese relato derivan una genérica relación causa/efecto con una atribución de responsabilidad criminal de naturaleza objetiva, que se verifica en exclusiva en atención al resultado, al margen de la concreta intervención de los denunciados que, a día de hoy, no consta singularizada", recoge el escrito, que firma la fiscal María José Montesinos.
El Ministerio Público considera, en este sentido, que "es más que razonable" realizar "una única instrucción" dada "la magnitud de la causa, la complejidad de los hechos, la participación como querellados y denunciados de múltiples autoridades políticas y responsables de organismos públicos, la previsible dificultad de la investigación, y el ingente número de perjudicados y de posibles testigos y peritos". Una investigación única que considera que debe llevar el juzgado de instrucción ordinario.
La fiscal considera que "resulta preciso" que el "procedimiento" se inicie "para el esclarecimiento completo de los hechos con relevancia penal y la averiguación de los partícipes". Una "completa investigación judicial" en la que se concrete "la intervención" o "inacción" de cada uno de los querellados. Y en la que, una vez concluida, se eleve "exposición razonada" al Tribunal Superior de Justicia si se considera que hay "indicios de criminalidad suficientes" contra la persona aforada.
