La herencia del PP
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas pide la reapertura del caso sobre la venta de pisos de Madrid a un fondo buitre
La posibilidad de una condena administrativa al equipo de Ana Botella en la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) por la venta de pisos públicos a un fondo buitre en 2013 ha ganado enteros una vez que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha solicitado la reapertura del caso. O, con exactitud, la "continuación del procedimiento" tras el cerrojazo dictado el 25 de mayo bajo el argumento de que la venta tuvo "naturaleza privada". Con su solicitud, la Fiscalía secunda al Ayuntamiento de Madrid, que en un durísimo alegato enviado al tribunal hace tres semanas definió la venta de 1.860 viviendas municipales a dos filiales del fondo buitre Blackstone como "un incumplimiento flagrante de principios elementales en el manejo de los fondos públicos".
En un escrito fechado el pasado día 13, el fiscal subraya que la operación pudo causar al erario madrileño un quebranto económico de 2,3 millones "respecto de lo que al menos para la propia compradora [dos filiales del fondo buitre Blackstone] era el valor de mercado". Y que "puede existir un beneficio injustificado en los compradores". Las afirmaciones del fiscal José Ángel Serrano se sustentan en varios hechos básicos para entender lo sucedido. Uno de los más importantes, este: que sin informe técnico de valoración y contraviniendo sus propias normas internas, la EMVS acabó aceptándole a Blackstone una rebaja de dos millones sobre lo que se presumía una oferta última y vinculante.
La EMVS aplicó esa rebaja so pretexto de una supuesta morosidad de los inquilinos "no demostrada", y el entrecomillado pertenece al texto del fiscal. Pero eso no fue todo: Blackstone obtuvo no los 76 locales y garajes adicionales previstos en el acuerdo inicial sino 89 (13 plazas de parking más) sin que esa propina incrementase un solo euro el precio a pagar. En total, aquella oscura transacción cuyas grandes incógnitas siguen sin respuesta cuatro años después le costaron a las dos filiales de Blackstone beneficiadas por la EMVS 128,5 millones. Ni ese era el precio más alto de la tabla ni su plan para las viviendas garantizaba el mantenimiento del fin social para el que habían sido construidas.
En su escrito, el fiscal remarca la premisa que condujo al gobierno municipal de Manuela Carmena a poner el foco sobre la extraña venta a Blackstone: la de que la gestión del traspaso de esas 18 promociones de pisos públicos se efectuó de una manera "poco ajustada a los intereses de la EMVS por el posible quebranto que esa política de ventas puede haber originado al patrimonio de la EMVS y por derivación al Ayuntamiento de Madrid, de cuyos fines e intereses sociales la EMVS se aparta al enajenar esas viviendas a entidades jurídicas".
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"Se puede concluir –dice uno de los párrafos del escrito– que la enajenación de las 18 promociones se ha realizado sin que haya un informe técnico de valoración en el que se cifre el valor objetivo y cierto [de] mercado de los elementos objeto de enajenación, aunque teniendo en cuenta las limitaciones, en cuanto al precio, por ser viviendas de protección pública". Y eso, agrega el fiscal, "puede ser indicativo de una deficiente o mala gestión en la administración y valoración de los intereses públicos, a los que la venta, en todo caso, ha de responder".
El incumplimiento del reglamento interno de la empresa municipal ocupa lugar relevante en la argumentación del fiscal. "Se ha dejado de aplicar dicho Reglamento –dice el escrito– en su artículo 17 al no determinar el precio de venta ni las condiciones de venta por el consejo de administración, dado que a tenor de dicho artículo al consejo corresponde aprobar los precios de venta cuando hayan de ser diferentes a los que figuran en sus respectivas calificaciones como viviendas protegidas" "En todo caso –añade a renglón seguido– no podrán [dichas condiciones] resultar contrarias a lo establecido en la regulación de los respectivos regímenes de protección".
El proceso de venta incluyó la contratación de una UTE (Unión Temporal de Empresas) capitaneada por un antiguo socio y directivo del gigante Aguirre Newman y que cobró 2,4 millones por una supuesta "intermediación inmobiliaria" de la que no hay rastro. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas no computa esa cifra a la hora de calcular el quebranto infligido a las arcas públicas.
