Las fugas de presos durante sus permisos siguen a la baja pese a la huida de dos asesinos en julio

Martes 31 de julio. El violador y asesino Guillermo Fernández Bueno es capturado en la frontera entre Senegal y Gambia junto a su novia después de llevar nueve días fugado de la prisión cántabra de El Dueso tras escapar durante un permiso penitenciario. Apenas un día antes, el 30 de julio, escapaba Santiago Izquierdo Trancho, que ya había cumplido condena por asesinato, robos y amenazas y que ahora cumplía la última parte de otra pena por tres robos con fuerza en régimen de semilibertad. ¿Hay motivos para que salten las alarmas en el sistema penitenciario? Los datos, al menos, llaman a la calma: en 2016, último año del que hay estadísticas, únicamente cuatro de cada mil presos a los que se les concedieron permisos penitenciarios trató de fugarse durante los mismos, y la cifra no ha dejado de reducirse en los últimos años.

No es habitual que dos fugas de delincuentes condenados por delitos tan graves –Izquierdo Trancho llegó a ser calificado en su día como uno de los presos más peligrosos de España por los delitos por los que ya ha cumplido condena– se produzcan de forma tan seguida. Pero, pese a la alarma social que pueden generar este tipo de casos, lo cierto es que los permisos penitenciarios no son un coladero utilizado por los reclusos para fugarse: según datos de Instituciones Penitenciarias consultados por infoLibre, en 2016 se concedieron un total de 114.375 permisos a 25.524 internos, y de todos ellos únicamente 474 aprovecharon en algún momento para no volver a la cárcel. Es decir, apenas el 0,41% de los permisos se utilizaron indebidamente.

Estos datos se han mantenido estables en los últimos años, con incluso una ligera tendencia a la baja. En 2015 se registró la mejor cifra de la serie histórica –que se inicia en el 2000–, ya que solo el 0,36% de los 117.697 permisos fueron utilizados por sus beneficiarios para emprender la huida, un dato ligeramente inferior al registrado en 2014, cuando un 0,44% de los permisos sirvieron a los presos para fugarse. En cualquier caso, hasta el ligero repunte de 2016, el porcentaje mantuvo un descenso continuado desde el año 2009, cuando la cifra de "no reingresos" en prisión tras un permiso ascendió al 0,59%.

Y si la cifra se ha reducido no ha sido porque se hayan extremado las restricciones a la hora de conceder estos beneficios penitenciarios. Todo lo contrario: el número de permisos concedidos prácticamente se duplicó entre 2000 y 2015 y el número de beneficiarios de los mismos creció en una proporción incluso mayor, mientras que el número de reclusos en las cárceles españolas comenzó a descender a partir del año 2009, cuando marcó su punto máximo del siglo con un total de 76.079 personas en prisión.

En este sentido, la población reclusa a finales de 2016 era de 59.970 personas, prácticamente el mismo número de internos que el que había en 2005. Ese año se concedieron 79.993 permisos a 17.580 reclusos, y el 0,6% de las salidas fueron utilizadas para huir. En 2016, el número de permisos concedidos fue de 114.375 y el total de beneficiarios ascendió a 25.524 personas, pero apenas el 0,41% de las salidas acabaron con el interno en cuestión emprendiendo la fuga.

El juez de vigilancia penitenciaria, figura clave

En cualquier caso, y pese a que en los últimos años ha aumentado su número, los permisos penitenciarios no se dan a todos los presos ni están exentos de condiciones. Para tener derecho a ellos, el recluso debe haber cumplido al menos el 25% de la pena de prisión a la que se le ha condenado y no estar clasificado dentro del primer grado, que se corresponde con un régimen cerrado dentro de la prisión y que se aplica a presos peligrosos o que no se adapten a la vida común con el resto de los encarcelados.

Si se cumplen estas dos condiciones, la concesión de permisos queda en manos del juez de vigilancia penitenciaria, que a la hora de otorgar estos beneficios valora "la condena actual y, especialmente, la evolución del interno en lo referente a la ausencia de sanciones y el buen uso de permisos anteriores", según explica el magistrado José Luis Castro, responsable del Juzgado de Menores y de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.  El juez, señala Castro, decide en función de los informes que recibe de la prisión, y puede también "mezclar un régimen de segundo grado con uno de tercer grado", que implica un régimen de semilibertad para el recluso, que puede disfrutar hasta 48 días de permisos por año y de salidas de fin de semana si así lo autoriza el juez.

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Este último método, sostiene el magistrado, "permite controlar de forma muy concreta al interno", ya que "tiene la ventaja de que, a diferencia del tercer grado, no implica la libertad condicional" y "si el interno incumple" las condiciones fijadas "el juez puede dejarlo sin efecto o restringir las salidas". Pero Castro sostiene que ningún método garantiza que no vaya a haber intentos de fuga. "El ser humano es un misterio, y por mucha evolución positiva y pronóstico futuro que se haga, siempre hay un margen para el fracaso", señala el magistrado, que no obstante insiste en que "el número de fracasos en relación al total de permisos anuales es mínimo".

En cualquier caso, el juez sí que señala al menos dos puntos en los que, a su juicio, hay margen de mejora para evitar que los presos se fuguen durante los permisos penitenciarios. En primer lugar, Castro es partidario de "apostar por la tecnología y los medios telemáticos como forma de reducir riesgos", aunque siendo consciente de que "eliminar el riesgo al 100% es imposible". Y, en segundo lugar, el magistrado plantea que "los juzgados penitenciarios tendrían que tener equipos técnicos al margen de la prisión: psicólogos, educadores o criminólogos y trabajadores sociales", que se encarguen de "completar de forma objetiva el informe" que viene de la cárcel y que sirve a la justicia como guía para decidir sobre la concesión del permiso en cuestión.