García-Castellón, el juez estrella con mil rapapolvos a su espalda

Es 22 de noviembre de 2016. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil logra captar una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana. Ambos charlan sobre la carrera judicial. En un momento dado, el expresidente madrileño, que ya tenía constancia de que estaba bajo la lupa de una justicia que iba acorralando al PP en casos como Púnica, comienza a divagar sobre la posibilidad de deshacerse del magistrado Eloy Velasco, entonces provisional en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Plantea dos opciones: ascenderlo o mandarle directo a la plaza que tiene en propiedad. "Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha, tenemos un juez que está provisional… tú lo ascienden… yo le digo, a ver, venga usted pa acá, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular", desliza. El titular de aquel puesto era el magistrado Manuel García-Castellón.

Pocos meses después, los astros se alinean. Como ocurriera con Manuel Moix y su nombramiento al frente de la Fiscalía Anticorrupción, los deseos de González se cumplen. Velasco es ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y García-Castellón solicita volver a su plaza como titular del Juzgado Central de Instrucción 6. Por aquel entonces, el magistrado era un personaje desconocido fuera de los ámbitos judiciales. Llevaba más de tres lustros en destinos dorados en el extranjero: primero como juez de enlace en París y luego en Roma. Pero poco a poco comienza a ganar relevancia pública. Los grandes casos mediáticos –Púnica, Lezo o Tándem– se acumulan en su mesa y le colocan de forma constante en periódicos, radios y televisiones. Se convierte así en una suerte de juez estrella cuyas decisiones, sin embargo, han sido corregidas en multitud de ocasiones.

Ni imputación de Iglesias ni financiación ilegal

Esta misma semana, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha ordenado que diera carpetazo a la investigación secreta que mantenía abierta, a raíz de la información aportada por el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Armando El Pollo Carvajal, sobre la supuesta financiación irregular de Podemos. Los magistrados le han acusado de ampliar "artificiosamente" la causa para "investigar posibles delitos que no cabe entender relacionados con la financiación ilegal", al ser entonces esta "atípica" –no se introdujo en el Código Penal hasta 2015–. Tres meses antes, la misma Sala de lo Penal había puesto ciertos límites a las pesquisas, al tiempo que despreciaba las declaraciones de El Pollo Carvajal al considerar que se sujetaban sobre "narraciones de terceras personas".

No es el único rapapolvo que ha recibido en relación con la formación morada. Da buena cuenta de ello el llamado caso Dina, una de las piezas separadas de Tándem –la macrocausa que pivota alrededor del excomisario José Manuel Villarejo– en la que se investiga el robo de la tarjeta de móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham y la publicación de parte del contenido de la misma en diferentes medios. Tras la primera ola de la pandemia, García-Castellón decidió retirar al entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias la condición de víctima en la causa. Lo hizo deslizando que la filtración a OkDiario podría haber partido incluso del propio Iglesias. Pero la Sala de lo Penal, una vez más, le corrigió: "No hay pruebas que sustenten que los hechos se han producido conforme a alguna de esas alternativas".

El magistrado, pocos días después de aquel varapalo, decidió poner punto y final a la fase de investigación. Por un lado, propuso juzgar a Villarejo y un par de periodistas. Y, por otro, envió al Supremo la parte relativa a Iglesias, poniendo sobre la mesa posibles delitos de revelación de secretos o daños informáticos.

Ambos intentos naufragaron. El Alto Tribunal rechazó la exposición razonada y criticó que el magistrado hubiera abandonado determinadas líneas de investigación. Y la Sala de lo Penal, tras un recurso de la Fiscalía, revocó el final de la instrucción y ordenó a García-Castellón que tomara declaración, entre otros, a la propia Bousselham y a Eugenio Pino, quien fuera director adjunto operativo de la Policía. Testificales que la Sala de lo Penal consideraba "procedentes" pero que el magistrado había rechazado.

Archivos precipitados

García-Castellón, no obstante, se ha llevado más tirones de orejas por llegar a conclusiones antes de tiempo. La instancia superior de la Audiencia Nacional tumbó en abril de 2019, a petición de PSOE y Fiscalía, su decisión de archivar la causa contra el expresidente murciano del PP Pedro Antonio Sánchez en relación con la trama Púnica. Lo hizo al entender que el magistrado no había justificado su decisión. En el auto, la Sala de lo Penal le reprochaba que en aquel escrito omitiese, de manera "incomprensible", toda "mención a los hechos evidenciados". Por ello, García-Castellón se vio obligado a dictar un nuevo auto de archivo que, esta vez sí, terminó siendo confirmado por la instancia superior.

Por las prisas a la hora de tomar decisiones también recibió el año pasado reproches en otras dos piezas de esta macrocausa. En concreto, en la 4 y en la 10, donde se investigaban un amaño urbanístico en Valdemoro del que supuestamente se habría beneficiado El Corte Inglés y los trabajos de reputación online a políticos, respectivamente.

En el primer caso, la Audiencia Nacional acordó revocar el sobreseimiento dictado por el magistrado contra quien fuera asesor legal de los grandes almacenes y un empresario porque consideraba precipitada la decisión y todavía estaban "pendientes de practicar" algunas diligencias de investigación "relevantes". Casi tres meses antes, la Sala de lo Penal hizo lo propio con la decisión de sacar de la segunda investigación a Ignacio García de Vinuesa, que dimitió como comisionado de Víctimas del Terrorismo en el Gobierno de Ayuso tras su imputación. De nuevo, se consideró "precipitado" el movimiento.

Esto también ha ocurrido en alguna de las piezas separadas de la macrocausa Tandem. Es el caso de la número 21, donde se investiga el supuesto espionaje a través de Villarejo al expresidente de Sacyr Luis del Rivero. García-Castellón archivó la causa para Repsol, Caixabank, el presidente de la primera –Antonio Brufau– y el expresidente de la segunda –Isidro Fainé–. Una decisión que acabó tumbando la instancia superior tras el recurso de Ministerio Fiscal, empresario y Podemos. La Sala de lo Penal volvió a repetir lo mismo: no se puede dar carpetazo al asunto cuando quedan cosas por hacer para "agotar la investigación". Ahora, casi un año después, el magistrado ha vuelto a archivar. Y Anticorrupción, otra vez, a recurrir por lo mismo.

Falta de diligencias en 'Púnica'

Los tiras y aflojas del Ministerio Público y de las acusaciones con el titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional han sido una constante. Principalmente, por sus "prisas" a la hora de ir concluyendo investigaciones y por su negativa a la hora de practicar determinadas diligencias. En la pieza separada 9 de Púnica, en la que se investiga la supuesta existencia de una caja B en el PP de Madrid, la Fiscalía tuvo que recurrir a la Sala de lo Penal para que el magistrado retomase la línea de investigación sobre la supuesta vía de financiación irregular del partido y la implicación de directivos de Indra. Al final, García-Castellón se vio obligado a llamar a declarar como investigadas a diferentes personas, unas diligencias que había rechazado por considerarlas "innecesarias e inútiles".

Aquella victoria fue el resultado de un recurso de Anticorrupción en el que se enfrentaba al magistrado por la urgencia a la hora de cerrar las pesquisas. En él, el Ministerio Público sostenía que el derecho de todo investigado a ser enjuiciado "en un plazo razonable" no podía convertirse "en el derecho de todo delincuente a ser descubierto e indagado con prontitud". Y se quejaba de que llevaba cuatro años esperando a que se "materializase" por completo el envío de las "informaciones e indicios" obtenidos en el marco de la Operación Lezo que García-Castellón ordenó trasladarle.

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El magistrado dio por concluida el pasado mes de enero la instrucción de esta pieza, en la que se encuentra imputada la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. "No debe prolongarse, de modo indebido, el ya sobradamente añejo plazo de investigación", concluyó el juez, rechazando alargar las pesquisas varios meses más como pedían algunas acusaciones.

El asunto, sin embargo, quedó en stand by a la espera de recibir los escritos de acusación y archivo y a la espera de que el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega aportase un informe que, supuestamente, podía afectar a Aguirre. Y así se mantuvo hasta la pasada semana, cuando el magistrado decidió zanjar la investigación sin esperarle más tiempo.

Este último movimiento ha sido criticado por el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade). Esta acusación popular ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que solicitan más tiempo para el exalcalde conservador. Recuerdan que se tardó "20 meses" en poner a su disposición en el Centro Penitenciario Madrid V "la documentación" y "medios técnicos" para elaborar un "informe" que, a ojos de esta parte, "reviste vital importancia". Y cargan con dureza contra García-Castellón: "No se entiende la celeridad que se quiere imprimir al proceso de instrucción justo en la recta final. Como ya señaló la Fiscalía en otra causa, la inacción y las prisas parecen dibujar líneas rojas que blindarían al Partido Popular y sus dirigentes, en este caso a la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular en esta Comunidad Autónoma".