García Ortiz rechaza dimitir tras la reprobación del Senado: "El fiscal general no es un actor político"
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que la reprobación del Senado en su contra es "un error de concepción" de la Cámara Alta de lo que es el Ministerio Fiscal y el fiscal general del Estado es una democracia, porque no se le ve como "un actor político". "El hecho de que el Senado vea al fiscal general como un actor político, la verdad es que le da la vuelta a toda la consideración que ellos mismos argumentan, de que el fiscal general del Estado no es un actor político y que no puede ser cesado por el Gobierno. Realmente, ese es el problema", ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.
En este sentido, ha indicado que la reprobación del Senado no le hace plantearse su dimisión porque es el fiscal general del Estado "del PP, de Vox, del PSOE, de Junts, de ERC y de cualquier ciudadano de este país".
En otro orden de cosas, también ha justificado la recusación en la que solicita que cuatro magistrados del Tribunal Supremo no se hagan cargo del recurso contra su renovación y decidir si continúa o no en el cargo alegando que "es más sano" que "otros ojos" examinen la alegación y no lo hagan quienes le han acusado de haber incurrido en una desviación de poder. Además, ha reivindicado su "legítimo derecho" a defenderse.
García Ortiz ha defendido que es "bastante sensato" que sean otras personas quienes estudien el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su renovación, dado que los cuatro magistrados que pide apartar son los mismos que esta semana han acordado anular el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. "Si la base argumental de esa demanda es que yo he incurrido en desviación de poder, que los mismos magistrados que han dicho que yo he incurrido en desviación de poder tengan que juzgarse a sí mismos, a mí no me parece lo más conveniente. Es más sano que otros ojos examinen si esa alegación puede ser rebatida o no", ha explicado el fiscal general, ironizando con que en estos días le han llegado a comparar "hasta con (Carles) Puigdemont".
Eso sí, ha incidido en que si la Sala 61 no acepta su recusación "tendrá sus motivos" y será "tan perfectamente legal y legítimo plantear la recusación como sea resuelta ir a ese pleito" y ejercer sus derechos a defenderse. "Ejercer lo que dice la norma, lo que dice la ley, para defenderte o para defender una tesis o una pretensión, no puede ser nunca objeto de manipulación o de discusión", ha agregado.
Preguntado sobre si se siente perseguido por el Tribunal Supremo tras la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, ha indicado que "nadie se puede sentir perseguido" por el TS, ya que un fiscal general "no puede sentir que es perseguido en absoluto".
Por otra parte, el fiscal general del Estado se ha pronunciado sobre la politización de la justicia y ha asegurado que si bien no cree que se pueda decir que haya "complicidad" entre la judicatura y partidos políticos, sí hay una "identidad de objetivos" dentro de las asociaciones judiciales con "determinados partidos políticos". "Yo no puedo decir que en el ejercicio de su profesión los miembros de la Judicatura y los partidos políticos estén combinados. Lo que sí que creo es que hay una identidad de objetivos a veces entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales, hay objetivos idénticos que los que tienen determinados partidos políticos", ha expresado.
García Ortiz ha admitido que hay "un debate de fondo muy interesante" sobre si sería mejor que las asociaciones de jueces y fiscales no manifestaran públicamente su identificación ideológica, ya que la ley les prohíbe "formar parte de los partidos políticos o de los sindicatos". "Cuando se funden, a lo mejor estamos confundiendo un poco el foco", ha agregado. No obstante, confía en que la sociedad "ha evolucionado" y que la libertad de expresión "es un tesoro que todos tenemos", por lo que cree que las instituciones "tienen que dar otro tipo de soluciones que no son específicamente jurisprudenciales" y que en todo caso debe ser "el legislador" quien ponga esa reflexión "en la norma".
No comparte la admisión de la querella de la pareja de Ayuso contra los fiscales
Asimismo, García Ortiz ha afirmado que entiende la admisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de la querella de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, pero que no la comparte porque el alto tribunal madrileño no "sabe todo" lo que conoce la Fiscalía del caso. "Entiendo la decisión de abrir (la causa), pero no la comparto", ha afirmado el fiscal general durante esta entrevista donde ha explicado que la Fiscalía y la Junta de Fiscales no abrieron la causa porque el Ministerio Fiscal "conoce todo" y "sabe todo lo que pasó", mientras el TSJM "sólo ha recibido una querella con una fundamentación de hechos".
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García Ortiz ha especificado que en la querella que ha recibido el TSJM no se explica "de qué manera se introdujo un correo de un fiscal a un abogado de una manera sesgada" para dar "una información a su vez sesgada" para poder decir "que la cúpula de la carrera impedía un pacto". Tampoco está, según ha asegurado, la información que la Fiscalía puso "en la nota de que prensa, que ya había sido relevante" y que "es determinante para saber si concurre o no un tipo penal concreto".
"Entonces entiendo la decisión de abrir, no la comparto porque conozco la verdad, como la conocían los compañeros de la Fiscalía de Sala (...) Es un procedimiento abierto en el que, como en cualquier otro caso, pues tendrán que decir los jueces", ha determinado el fiscal general, condenando que la querella presentada al TSJM se plantee como una manera de intentar criminalizar a quienes acusan y persiguen a los delincuentes.
Preguntado sobre si la Fiscalía de Madrid desveló datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado "que no, en absoluto", y ha dado como razón que en la nota de prensa difundida a los medios de comunicación no había datos personales ni ningún tipo de cifras, de empresas o de concretos posibles acuerdos. La supuesta revelación de secretos guarda relación con la nota informativa difundida por la Fiscalía de Madrid en la que se informaba sobre el cruce de correos entre el abogado de la pareja de la presidenta regional madrileña y el fiscal relativos a la investigación por un presunto fraude fiscal.
