La inversión sanitaria en la pública sube un 5% mientras el gasto de las familias en la privada se dispara un 27%
La sanidad pública no se ha recuperado de los recortes de la crisis económica de 2008. Y ya han pasado más de dos décadas. Así lo denuncia un informe publicado por Amnistía Internacional este jueves, en el que la organización lamenta que, entre 2009 y 2021 (el último año con datos disponibles en el Ministerio de Sanidad), el gasto sanitario público únicamente se ha incrementado un 5%. Sin embargo, en el mismo periodo, el gasto de las familias en la privada han crecido un 27%. Por eso la ONG insta a las administraciones a "adoptar una estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud".
La pandemia, denuncia Amnistía, no ha sido suficiente para que las administraciones decidieran revertir la situación. Ya se llegó a la crisis sanitaria con "gran fragilidad", pues de 2009 a 2019 el gasto sanitario público había descendido un 6%. Pero es que entre 2020 y 2021 lo hizo un 1,44%. No en toda España ocurrió por igual. Castilla y León, La Rioja y la Comunidad de Madrid fueron las que menos fondos invirtieron en sus sistemas de salud (un 6,4%, un 3,4% y un 3,3%, respectivamente), mientras que la Región de Murcia y Canarias fueron las que más lo incrementaron (un 2% y un 1,3%).
"No solo la pandemia debería haber hecho saltar las alarmas. También la crisis climática y sus efectos en la salud nos deberían alertar de que es necesario incrementar la inversión en sanidad, y de manera especial en la atención primaria, con la finalidad de tener un sistema de salud mejor preparado para posibles futuras crisis", señala Marta Mendiola, investigadora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España.
Ahí donde ella pono el foco es donde precisamente lo pondrá este viernes el Ministerio de Sanidad, que se reúne con las comunidades autónomas en un pleno monográfico sobre este área en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Porque su situación es especialmente mala. Como critica Amnistía, "a pesar de que los organismos internacionales han alertado durante años de que este nivel asistencial es esencial para garantizar el derecho a la salud de las personas y debe ser la piedra angular de los sistemas públicos de salud", los fondos que reciben continúan siendo un 0,25% menores a los de 2009.
"Las comunidades autónomas tienen muchísima responsabilidad en la situación de la atención primaria. Se necesita de una vez un compromiso político y un acuerdo entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad para incrementar el gasto en atención primaria, aumentar el ratio de personal médico y de enfermería y reducir las listas de espera", añade Mendiola, según recoge la organización.
Otro informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) recalcó lo mismo en un documento publicado este martes. Según denunció, ninguna comunidad contempla en sus presupuestos para este 2024 destinar al menos un 25% de su presupuesto sanitario a la atención primaria, el porcentaje que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aquí también se constata que, no obstante, no todas las autonomías le dan la misma importancia a este nivel asistencial: la región que más presupuesto destinará este años es Andalucía, con un 18,45%; la Comunitat Valenciana, con un 9,23%, y Madrid, con un 10,03%, están a la cola.
Ratios, listas de espera... y beneficio a la privada
En cualquier caso, el problema no es sólo presupuestario, sino también de recursos humanos. Como critica Amnistía, la ratio de facultativos de atención primaria por cada 1.000 habitantes era en 2021 prácticamente el mismo que en 2009: si entonces eran 0,74, ahora 0,77. Lo mismo ha pasado con la ratio de enfermeros: si en 2009 eran 0,61 trabajadores, ahora son 0,66.
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Con todo, la consecuencia para la población es evidente: las listas de espera no dejan de engordar. Y así es imposible cumplir con el propio marco estratégico para la atención y primaria y comunitaria que España elaboró en 2019. Lo que marcaba, recuerda la ONG, era garantizar que las demandas de atención no urgentes se hagan en menos de 48 horas. Pero sólo lo hace el 27%. Hay comunidades donde es, no obstante, todavía peor: Canarias (con solo el 12% de peticiones que se atienden en menos de 48 horas), Andalucía (17,6%), Islas Baleares (17,9%) y la Comunidad de Madrid (18,2%).
En la otra cara de la moneda de estos datos se encuentra, por su parte, el beneficio de la sanidad privada. La inversión pública en ella ha crecido un 27%, pero es que por otro lado los seguros privados de salud no han dejado de aumentar. Todavía se desconoce cuántos millones de asegurados había en nuestro país en 2023, pero los últimos datos publicados por el lobby de la sanidad privada Fundación IDIS hablaban de que en 2022 ya superaban, y lo hacían por primera vez, los 12 millones de personas, acumulando una tasa de crecimiento desde 2017 que ya roza el 4%.
Así, el último informe de la patronal Unespa cifró en más de 11.000 millones la facturación de los seguros privados de salud, que continúan así su ascenso imparable. En tan sólo un año, es un incremento del 6,6%. En menos de una década, desde 2015, del 52,7%. Dicho de otro modo, el año pasado fue el mejor de la historia del sector.
