Génova anticipa un bloqueo de la nueva financiación autonómica por los pactos de Sánchez con independentistas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ultima una propuesta básica de criterios de reparto de un nuevo modelo de financiación autonómica que presentará públicamente en noviembre después de mantener contactos “discretos” con las comunidades autónomas del régimen común —todas menos el País Vasco y Navarra— para conocer cuáles son sus preferencias.

Así lo anunció este miércoles en el Congreso la titular de Hacienda en una comparecencia en la que aseguró que ese diálogo ha permitido al Gobierno dibujar un mapa inicial de la controversia en la que se mezclan indistintamente territorios gobernados por partidos de signo contrario. De ahí que Montero haya dejado claro que el PP, y también el PSOE, deberán hacer un esfuerzo para que sus respectivos barones acerquen posiciones porque ahora mismo están en trincheras enfrentadas. “No vale una posición que cambie de unos territorios a otros”, remarcó apelando a que ambas formaciones encuentren la manera de defender una sola postura porque, al final, habrá que votar en el Congreso.

“¿Puede el PP conciliar la posición de Andalucía y Madrid?”, se preguntó. Porque son dos comunidades “que defienden modelos radicalmente distintos. ¿Cuál va a ser la posición del PP? Quizá en este caso Ayuso esté más alineada con los partidos catalanes que con Andalucía y Galicia. Y así podría poner ejemplos también sobre mi propia formación”, añadió en referencia a las discrepancias que también separan a los barones socialistas.

Sin un acuerdo entre partidos, singularmente entre las dos grandes formaciones representadas en el Congreso, la reforma del modelo no será posible, advirtió. Entre otras cosas porque sacar adelante un nuevo modelo de financiación autonómica exige aprobar una ley orgánica y para eso hace falta mayoría absoluta.

La primera reacción del PP no anima al optimismo. Su portavoz en este debate, la diputada valenciana Macarena Montesinos de Miguel, fue durísima. Según ella, el Gobierno no tiene la menor intención de reformar la financiación autonómica porque es “rehén del independentismo”. “A ustedes no les interesa cumplir sus compromisos. Todos sabemos que no van a mover un dedo, esta es la realidad. Son ustedes los que no quieren contar con un nuevo modelo de financiación”. Tal es su convencimiento que añadió: la reforma “no la harán ustedes, la hará el futuro gobierno del PP en cuanto se convoquen elecciones”.

El tono de Montesinos, tan poco favorable a aceptar la apelación al diálogo de la ministra, indujo a pensar que hay pocas posibilidades de que el PP se siente a negociar la reforma. Y sin su concurso no habrá nuevo modelo de financiación autonómica. La propia Montero así lo interpretó en su segunda intervención: “Si esta es la actitud, el PP está diciendo no a la reforma de la financiación autonómica”, concluyó.

“Ha dejado su posición muy clara”, le reprochó en otro momento del debate. “Ha dicho que harán ustedes la reforma cuando el PP gobierne”, así que “no van a colaborar para que este Gobierno impulse una reforma: ¡que caiga España, que ya la levantaremos nosotros!”

Política de “tierra quemada”

La del PP, lamentó la ministra al final, es una política “destructiva, de tierra quemada”. Que en este caso no a perjudicar al Gobierno, remarcó, sino a las Comunidades Autónomas, incluidas las que tienen gobiernos conservadores. “Yo quiero pactarlo, con ustedes”, aseguró. “Porque sería bueno para la estabilidad del país”. Con “la actitud de hoy”, se quejó, “lo ponen francamente difícil”. Pero “como es urgente, tendrán que tomar una decisión: dónde están, haciendo ruido, defendiendo la unidad de España o desgastando Gobierno”.

“La única que bloquea la reforma de la financiación autonómica es usted”, le había dicho minutos antes la portavoz del PP. “Estamos dispuestos a hablar de todo, pero a lo que no estamos dispuestos es la subordinación a la que ustedes pretenden someternos siempre. Porque nos tratan de forma muy distinta de cómo tratan a los independentistas y a sus socios de gobierno. El grupo del PP no está en perder tiempo. Usted habla de consenso ahora en estos minutos, pero cuando salga de aquí se le habrá olvidado. No tiene intención de cumplir. Pero no se preocupe. En cuanto se convoquen elecciones tenemos muy claro que el PP va aprobar una financiación autonómica justa, transparente y solidaria”.

Fuentes del PP consultadas por infoLibre rechazaron que se pueda interpretar la intervención de su portavoz como un portazo al diálogo sobre una reforma que algunos de sus barones, con el presidente andaluz, Juanma Moreno, a la cabeza, están urgiendo. Su queja, aseguran, es que el Gobierno “sólo esté hablando con los separatistas” y no se ha puesto en contacto con el PP.

“Nosotros pedimos un modelo de financiación justo y emplazamos al Gobierno a abrir esa negociación con luz y taquígrafos. Y que se cuente con todos, no solo con los independentistas”, añaden las mismas fuentes. “Y si no lo hace Sánchez, ya lo haremos nosotros cuando lleguemos al Gobierno. Un modelo equilibrado y transparente”.

Según Montero, en estos momentos se puede hablar de tres grandes posiciones entre comunidades. En primer lugar, Galicia (PP), Asturias (PSOE), Cantabria (ERC), La Rioja (PSOE), Castilla y León (PP), Extremadura (PSOE), Castilla-La Mancha (PSOE) y Aragón (PSOE) que, en líneas generales, quieren que el nuevo modelo ponga el énfasis en el reto demográfico, el envejecimiento, la despoblación y la dispersión. Y que las reformas se centren en el coste efectivo de los servicios y en las necesidades reales de gasto. Este grupo quiere mantener lo sustancial del actual modelo.

En segundo lugar, siempre según la ministra, están Andalucía (PP), Murcia (PP) y la Comunitat Valenciana (PSOE), que “defienden claramente una reforma que nivele las diferencias del sistema” porque entienden que están por debajo en proporción a su población. Por eso reclaman un fondo transitorioreclaman que corrija estas diferencias hasta que haya un nuevo sistema de financiación autonómica. Esta comunidades “defienden un cambio urgente y sustancial del modelo”, precisó.

El mapa se completa con Illes Balears (PSOE), Cataluña (ERC-Junts) y Madrid (PP). Las tres quieren que se tenga en cuenta el principio de ordinalidad: que los ajustes de nivelación no les hagan perder posiciones en el ranking de comunidades y se limiten a achicar la horquilla entre la más beneficiada y la menos.

En busca de acuerdos parciales

Esta situación es tan compleja, alegó la ministra, que “exige altura de miras para ver España como un todo”. Por eso pedirá a todas las partes implicadas comprensión mutua: si quieren que el nuevo modelo incluya criterios que les favorezcan tendrán que ceder en otros que les perjudiquen. “Hay que buscar consensos parciales, porque con estas grandes diferencias no se puede avanzar. Por ello estamos trabajando en cada una de esas variables” para afinar la propuesta de noviembre pensando en que “no provoque distorsiones o situaciones no deseadas” para nadie. “Estoy convencida de que sólo a partir de consensos parciales sobre las variables podremos concluir el conjunto del puzle”.

Las comunidades del PP prometen bajar impuestos en 2022 mientras exigen más dinero al Gobierno central

Ver más

En las reuniones bilaterales celebradas en los últimos meses, reveló Montero, el objetivo “ha sido avanzar en el criterio de población ajustada” del que depende “una parte sustancial del reparto”. El ministerio trabaja en una propuesta que plantee el mayor consenso posible en relación con asuntos tales como el envejecimiento, la población infantil, “elementos que permitan reflejar el consumo de los servicios públicos” o cuáles son las “necesidades del sistema para garantizar los servicios”.

No fue la única novedad que aportó Montero al debate, a la espera de conocer la propuesta de noviembre. La ministra también dejó claro que su propósito es utilizar la reforma para resolver el problema de la deuda acumulada por algunas comunidades, singularmente la Valenciana, que achacó precisamente a la infrafinanciación que viene sufriendo desde hace años.

“Cuando abordemos el modelo tenemos que abordar la deuda acumulada y qué ocurre ella”, subrayó sin explicar cómo planea solucionarla.“Es una de las variables que hay que abordar”, confirmó al portavoz de Compromís, Joan Balvodí, citando expresamente los casos de la Comunitat Valenciana y de la Región de Murcia. “No sólo la deuda: he hablado también de los esfuerzos en objetivos de estabilidad, que son imprescindibles”.