El Gobierno asegura que el contrato de venta de corbetas a Arabia Saudí "no está en riesgo"

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha asegurado este viernes que el contrato de venta de cinco corbetas a Arabia Saudí "sigue en marcha" y ha garantizado que el Ejecutivo no lo va a "poner en riesgo" teniendo en cuenta el amplio volumen de empleo que va a generar en los astilleros de Navantia, ha informado Europa Press.

En una comparecencia en el Congreso, Méndez ha asegurado que el contrato "sigue vigente" y, de hecho, Arabia Saudí ya ha realizado los primeros pagos. "Hasta donde yo sé, la fabricación, funcionamiento y vigencia del contrato sigue en marcha", ha trasladado.

La secretaria de Estado ha dado esta garantía ante las alertas lanzadas por los sindicatos de los astilleros, que este viernes incluso han cortado una carretera en Cádiz ante el temor de que Arabia Saudí revocase la compra en respuesta a la decisión del Ministerio de Defensa de paralizar la venta de 400 bombas de precisión.

Ante los grupos parlamentarios, Méndez ha garantizado que el empleo en los astilleros de Cádiz es un asunto "prioritario" para el Gobierno y por ello el Ejecutivo "no va a poner en riesgo" el contrato de venta de corbetas.

Según ha recordado, se trata de una operación por la que Navantia construirá cinco corbetas por un importe de 1.800 millones de euros, con la creación de 6.000 empleos anuales durante cinco años para la empresa y la industria auxiliar.

Pese a ello, cuando el primer buque esté listo para exportar a Arabia Saudí, tendrá que pasar todos los filtros de la comisión creada para dar el visto bueno a las exportaciones de material de defensa y doble uso, la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU).

Revocación de la venta de bombas

En este contexto, los grupos parlamentarios han insistido a la secretaria de Estado en el "malestar" que ha podido provocar a Arabia Saudí la decisión del Ministerio de Defensa de paralizar la exportación de un contrato de nueve millones para la venta de 400 bombas, algo que Méndez ha desvinculado de la labor de la junta de autorizaciones. "No es mi competencia ni responsabilidad mía entrar en eso hoy", ha justificado remitiéndose a las explicaciones que pueda dar próximamente el Departamento dirigido por Margarita Robles o el Gobierno.

La noticia de inicio de los trámites para dejar sin efecto el contrato firmado entre España y Arabia Saudí en el verano de 2015 fue filtrada por la Cadena Ser el pasado lunes. El Ministerio se limitó a confirmar la información y ha rechazado durante toda la semana realizar ningún comentario adicional.

Los parlamentarios han preguntado este viernes a la secretaria de Estado de Comercio si el Gobierno tiene garantías de que esas bombas iban a ser utilizadas en la guerra de Yemen, como se alegó para la revocación del contrato. "El Gobierno ha lanzado una información y queremos y debemos saber si es un globo sonda o realidad. Nos estamos jugando mucho", ha exigido el diputado del PP Jesús Postigo, ante lo que Méndez ha insistido en remitirse a Defensa.

Fuentes gubernamentales han sostenido este viernes que el anuncio de Defensa de anular el contrato es por el momento una declaración de intenciones que todavía tiene que pasar por la discusión de una comisión de varios ministerios y someterse a distintos matices.

En su comparecencia, la secretaria de Estado de Comercio tampoco ha querido centrar el debate en los mecanismos de control de las exportaciones a Arabia Saudí o el resto de países que participan en la coalición de la guerra de Yemen y ha sostenido que las medidas que se adopten para reforzar las garantías de uso deben ser generales.

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En este sentido, ha anunciado nuevos controles de verificación de uso de material de defensa en los países de destino. "Es una tarea tan sensible que no basta con contar con un sistema sólido y eficaz, necesitamos actualizarlo", ha reconocido explicando que un grupo de trabajo se encarga ya de preparar esta verificación expost.

Este mecanismo incluye sin embargo algunas dificultades, empezando por la necesidad de "aquiescencia" del gobierno del país que importa las armas para que ofrezca garantías al personas que se traslada a su territorio para inspeccionar el uso del material y que la información que facilite sea "real y veraz".

Además, contando con que "los recursos de la Administración son limitados", esta verificación en destino no podrá ser general y tendrá limitarse a aquellos países que la JIMDDU considere de "especial preocupación".