El Gobierno se fija marzo para tener aprobada la ley de Vivienda en las Cortes

Recta final de la legislatura. Y varias normas siguen ancladas por diferencias entre los socios en el Congreso de los Diputados. Una de ellas es la Ley de Vivienda, con un altísimo valor simbólico para la coalición y que prevé ser determinante para acabar con muchos problemas del sector en España. El Ejecutivo se fija el mes de marzo como la fecha tope para tenerla aprobada en las Cortes Generales.

Este es plazo que se marca el Gobierno, según fuentes del Ejecutivo. La ley arranca una nueva fase este mismo martes, con la constitución de la ponencia de estudio en el Congreso de los Diputados y 866 enmiendas registradas. Y en La Moncloa esperan que se pueda resolver la tramitación total de la ley en las Cortes (Congreso y Senado) para el mes de marzo. Más tarde se podría complicar por la cercanías de las elecciones municipales y autonómicas, cuando los socios de investidura tratarán de marcar posiciones con los ojos puestos en las urnas.

Las fuentes se muestran optimistas respecto a la probabilidad de llegar a un acuerdo en las Cortes que satisfaga a todos los partidos. Y, además, el clima es bueno para remodelar algunas de las partes que salieron del texto del Consejo de Ministros en febrero del año 2022. Se trata de una ley muy importante para la coalición y la primera en la historia de la democracia española que desarrolla este derecho constitucional.

Los choques a solventar

La ley se ha encallado en varios aspectos, a los que ahora se busca solución y que las fuentes consideran que se pueden pactar en las próximas semanas. Los principales problemas se han encontrado, por ejemplo, en la posibilidad que piden los grupos al PSOE de que afecte también a los nuevos contratos la regulación de alquileres en las futuras zonas que se declaren tensionadas.

También se está trabajando para rebajar el número de diez viviendas que recoge el texto del Consejo de Ministros para ser declarado gran tenedor, en una zona tensionada, para que se limite el precio del alquiler. Unidas Podemos ha batallado durante mucho tiempo para que esta cifra se rebaje a cinco. Sobre la mesa también está la posibilidad de que se retoque el proyecto de ley en lo que se refiere al periodo de carencia de dieciocho meses previsto para la aplicación obligatoria del índice de precios.

Durante estas semanas se están cruzando muchas propuestas y hablando a distintos niveles, según fuentes conocedoras. Se están produciendo contactos entre los grupos parlamentarios y también entre los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que pilota Raquel Sánchez, y de Derechos Sociales y Agenda 2030, con Ione Belarra como titular. En las  dos alas del Gobierno se espera que finalmente se llegue a un acuerdo.

Buscando el consenso antes de la precampaña

Y es que tanto el PSOE como Unidas Podemos creen que la vivienda será un tema clave en los próximos años y que sus votantes están muy atentos a esta norma. Por lo tanto, las dos partes confían en que se llegue a un consenso pese a las tensiones que ha habido en el último año por este tema. Y, además, esperan salvar las diferencias con Esquerra y EH Bildu, que también tienen mucho interés en esta norma.

El Gobierno central ha pisado el acelerador en este mes para intentar solventar muchas de las normas pendientes. El pasado mes de diciembre se sacó a todo correr la macrorreforma del Código Penal, que supuso retocar los delitos de sedición y malversación. Además, se prevé rematar en las Cortes este mes de febrero la nueva reforma de la ley del aborto y la ley trans, después de haber recibido el visto bueno del Congreso.

La idea que ha traslado Pedro Sánchez a los ministros y miembros de la dirección del partido y del grupo parlamentario es que hay que cerrar cuanto antes todos los asuntos más polémicos. Se trata de un espídico año electoral, con las municipales y autonómicas del 28-M y las generales en noviembre o diciembre, por lo que se tienen que centrar en pisar mucho el territorio y explicar toda la gestión que se ha hecho.

Además, esa cercanía de las elecciones puede hacer que los socios se desmarquen ya de la coalición y no apoyen algunas de las leyes. Por eso, se pretende que la ley de Vivienda pueda culminarse en el mes de marzo en las Cortes Generales. Esta es una de las normas varadas que tiene más posibilidades de ver la luz verde. También se va a intentar con la ley mordaza, que va a finalizar ya su trámite de ponencia.

La ley de vivienda es una de las grandes obsesiones de Podemos, aunque la competencia es del Ministerio de Transportes, que ha aminorado algunas de las medidas que pedían los morados por seguridad jurídicas. UP también lo ve en clave política de cara al ciclo electoral, ya que, por ejemplo, puede evidenciar posturas como la de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, que podría no ejercer su competencia para aplicar las zonas tensionadas para bajar el alquiler, lo que podría movilizar también a muchos ciudadanos en contra de las políticas del PP.

En materia de vivienda el Ejecutivo también apuesta fuerte en el decreto para prolongar el escudo social por las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, que se ratifica este martes en el Congreso. A través de este mecanismo, se suspenden los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables. Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2023 el límite del 2% a la actualización anual de los contratos de alquiler y se introduce una prórroga de 6 meses para los alquileres que expiren antes del 30 de junio.