El pacto de la 'ley mordaza' se limita a un artículo que representa el 0,05% de las sanciones impuestas

El anuncio sobre el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar en el marco del paquete de medidas de regeneración democrática que el presidente del Gobierno presentará este miércoles en el Congreso de los Diputados parecía claro a primera hora de la mañana. "La ley mordaza va a ser derogada", dijo con contundencia desde Bruselas la vicepresidenta del Ejecutivo, Yolanda Díaz. Pero el alcance del pacto alrededor de la Ley de Seguridad Ciudadana no tardó en desinflarse. Lejos de una reforma en profundidad, desde Sumar se terminó limitando el pacto por el momento a uno solo de los artículos. Un precepto que apenas representa el 0,05% de las sanciones impuestas en base a esta ley impulsada hace casi una década por el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Hay un acuerdo para abordar una reforma de los aspectos contenidos en la Ley de Seguridad Ciudadana que afectan al desempeño de la libertad de información por parte de los periodistas", se encargó de aclarar a media mañana el coportavoz y negociador de Sumar, Enrique Santiago. En concreto, el pacto gira alrededor del artículo 36 de la norma. Y para ser más exactos, del 36.23, que considera como infracción grave el uso de "imágenes o datos personales o profesionales" de autoridades o miembros de las Fuerzas de Seguridad "que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información".

Fuentes gubernamentales apuntan en privado que lo que se anunciará este miércoles será un "esqueleto", sin que haya aún una redacción "concreta". Desde Sumar, sin embargo, pretenden que el nuevo precepto deje claro que esa "situación de peligro o riesgo cierto generado" al que hace mención la norma deba ser "constatable" y tenga que quedar reflejada "motivadamente en el acta o en la denuncia" con "el mayor detalle posible". Y, además, que no sea considerada "infracción" la "mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones", así como su difusión. Por publicar en redes sociales la fotografía de un actuación policial en Eibar (Gipuzkoa) se sancionó en 2016 Axier López, periodista de Argia. Una multa de 601 euros que, finalmente, acabó anulándose.

Desde que echó a andar en la primavera de 2015, y hasta diciembre de 2022 –últimos datos disponibles–, se han impuesto 1,87 millones de sanciones por un total de 1.117 millones de euros en base a la ley mordaza. Una parte de ellas, sin embargo, tienen que ver con drogas, armas o explosivos. Dejando a un lado los preceptos de la norma referidos a estas cuestiones, y centrándonos exclusivamente en aquellos relativos a la seguridad ciudadana, las estadísticas del Ministerio del Interior reflejan en ese mismo periodo de tiempo 582.489 infracciones por un montante de 304,51 millones de euros. De ellas, sólo 322 multas –por una cuantía de 207.537 euros– fueron por el precepto que PSOE y Sumar han acordado ahora reformar, lo que equivale al 0,05% del total.

A pesar de las numerosas críticas de colectivos, del Defensor del Pueblo o de órganos comunitarios, lo cierto es que el Tribunal Constitucional avaló la práctica totalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana a finales de 2020. De hecho, lo único que matizó fue este artículo 36.23. En su sentencia, consideró que el hecho de sujetar a la "obtención de autorización administrativa previa" el uso de imágenes era contrario "a la interdicción de censura previa". Aquel fallo, por tanto, dejaba claro que se pueden captar imágenes. Eso sí, siempre que luego no se difundan. "Sólo será sancionable, por tanto, el acto de publicar o difundir de algún modo, sea por medios tradicionales o a través de los cauces que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación", recogía la sentencia.

Un primer paso en busca de un acuerdo amplio

Si hay una infracción que destaca sobre todas las demás en la estadística del Ministerio del Interior es la recogida en el artículo 36.6 de la ley mordaza: "La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación". En base a este precepto se impusieron en los primeros ocho años de vida de la norma el 58,7% de las sanciones en materia de seguridad ciudadana –fuera queda, de nuevo, la parte de la norma relativa a drogas, armas y explosivos–: 341.962 multas por un total de 236,1 millones de euros.

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Las faltas de respeto y consideración a agentes de policía –artículo 37.4– han supuesto, por su parte, 148.913 sanciones por más de 25 millones de euros. Tanto por el primero como por este segundo precepto fue castigado en su momento con casi mil euros el fotoperiodista Javier Bauluz, premio Pulitzer en 1995, cuando cubría la llegada al muelle canario de Arguineguín de un grupo de migrantes que habían sido rescatados en alta mar. La Comisión de Venecia, órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa, ya ha avisado en alguno de sus informes sobre el "potencial represivo" de la norma. Y ha mostrado su preocupación por la redacción amplia de preceptos como el que castiga las faltas de respeto: "Esta fórmula está abierta a interpretaciones subjetivas".

Ninguno de esos artículos se incluyen dentro del acuerdo político sellado alrededor de esta norma por PSOE y Sumar. Sin embargo, desde esta última formación afirman que el pacto alcanzado es solo el "inicio del camino". "Ahora empezamos el trámite de negociación con los grupos parlamentarios donde seguramente ampliemos el espectro de las medidas que vamos a adoptar en diálogo con ellos", ha explicado en La Sexta el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que cree que este primer paso puede servir como punto de partida para intentar recuperar "el consenso" en torno a la "derogación" de la ley mordaza que se fue construyendo con otros socios parlamentarios durante la pasada legislatura.

Por aquel entonces, los partidos del bloque de la investidura llegaron a alcanzar acuerdos para modificar 36 de los 54 artículos de la norma. Sin embargo, la esperada reforma terminó descarrilando por las diferencias con ERC y EH Bildu alrededor de cuatro puntos. El principal escollo fue el relativo a la prohibición de las pelotas de goma. A este se sumaron, además, las discrepancias en relación a los preceptos relativos a las faltas de respeto a los agentes y la resistencia a la autoridad o la disposición que avala las devoluciones en caliente de migrantes en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla.