El Gobierno rompe con décadas de identificación Iglesia-Estado con un homenaje de consenso a las víctimas

Habrá un homenaje civil de Estado, una ceremonia aconfesional, sin contenido religioso. No será un acto católico, ni tampoco multirreligioso. Sino neutro. Estarán invitados los representantes de distintas confesiones religiosas, pero sólo eso: invitados. Así despedirá oficialmente España a las víctimas del covid-19, este jueves en Madrid. No conducirá el acto el arzobispo de Madrid. Ni tendrá lugar bajo el signo del crucifijo. Parece lo lógico. Entre los casi 30.000 muertos reconocidos, seguramente bastantes más cuando tengamos la fotografía completa, los habrá católicos, evangélicos, musulmanes, judíos, agnósticos, ateos y todo lo contrario. Y, sin embargo, como resaltan fuentes del Gobierno, se trata del "primer homenaje de Estado aconfesional". Es decir, es un acto inédito. Hasta cierto punto, una innovación.

¿Por qué? Porque la norma ha sido la contraria: la ocupación por parte de la Iglesia de espacios civiles, políticos, públicos, correspondida por la participación de autoridades estatales en actos, religiosos, confesionales, privados. Desde la concesión de medallas oficiales a vírgenes, hasta la presencia de cargos públicos en procesiones, el ceremonial democrático no ha logrado librarse de una pátina litúrgica, ni el ceremonial religioso ha dejado de reclamar la participación del Estado. ¿Será el homenaje sin misa del jueves un punto de inflexión?

Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica, subraya la consustancialidad de la oficialidad española con la religiosa, que hace que lo que debería ser natural parezca rupturista. "La propia Corona tiene una identificación absoluta con el catolicismo. La monarquía borbónica es católica", subraya Gómez Movellán, que recalca cómo la corona real en la bandera española que llevan tantas embarcaciones va rematada por una cruz. "Si sumas a esto los acuerdos con la Santa Sede, y teniendo en cuenta que no hay protocolos cívicos obligatorios para actos oficiales, el resultado es que se acaban imponiendo los protocolos católicos. ¿Qué ocurre después? Que cuando hay responsables públicos, como algunos del actual PSOE, o de Compromís, o de la izquierda en el País Vasco, que adoptan una posición de neutralidad, se les monta un conflicto simbólico. La derecha convierte la esencia católica en esencia española, y por lo tanto un simbolismo neutral es señalado como traición", señala.

Hay una intervención emblemática de Teodoro García Egea, secretario general del PP, en diciembre de 2018, que resume esa asimilación de lo católico con lo oficial y viceversa. "Porque nosotros celebramos la navidad, ponemos el belén, ponemos el árbol, celebramos nuestras tradiciones, nuestra Semana Santa y nos sentimos orgullosos, ¡y al que no le guste, que se aguante, porque nosotros somos españoles!" [ver aquí]. En esa mentalidad hay que inscribir, a juicio de Gómez Movellán, las críticas a Pedro Sánchez por no acudir al funeral en la Catedral de La Almudena, al que sí fueron los reyes de España, en memoria de las víctimas del covid-19, como si ese fuera el "funeral de Estado". Está por ver si las críticas se extienden ahora a la ceremonia aconfesional.

Será una ceremonia, de duración prevista de algo más de media hora, que tendrá lugar el jueves en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid. Al aire libre, por seguridad. Acudirán más de 400 personas, según prevé el Gobierno, que busca una imagen de "unidad" de la sociedad frente la pandemia. Cada detalle subraya el carácter civil del acto. Tres quintos de los invitados son parte de eso que se ha dado en llamar "sociedad civil". Habrá familiares de víctimas, por supuesto, pero también sanitarios, representantes sindicales y de empresas que mantuvieron su actividad durante la pandemia o hicieron donaciones, trabajadores de servicios esenciales (agricultores, basureros, cocineros, farmacéuticos, periodistas, cajeros, trabajadores de imprenta, profesores, riders, empleados de residencias de mayores)... Dos quintos serán representantes institucionales. Los Reyes. El Gobierno en pleno. Los presidentes autonómicos. Congreso. Senado. Poder Judicial. Ayuntamiento de Madrid. Embajadores. Autoridades europeas. Organización Mundial de la Salud. OTAN. Representantes de partidos políticos. El Gobierno persigue una imagen de consenso, de unidad del Estado y la sociedad frente a la tragedia. Hay prevista una sola ausencia: Vox. El partido de Santiago Abascal ha anunciado que no asistirá a la "ceremonia exculpatoria" del Gobierno.

En el acto tomarán la palabra un hermano de una víctima de Madrid y una enfermera del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El rey Felipe VI cerrará la ceremonia, que se desarrollará en torno a un pebetero en el centro de la Plaza de la Armería, en el que se realizará una ofrenda como homenaje a las víctimas. El actor José Sacristán leerá el poema Silencio, de Octavio Paz. Tras Sacristán, un minuto de silencio. Y fin.

El origen en los acuerdos del 76-79

Lo seguro es que será un "homenaje de Estado" innovador, por aconfesional, en un país en el que el entrañamiento Iglesia-Estado está tan arraigado que a veces ni se ve. Para empezar a observarlo con nitidez, hay que ir a los acuerdos con el Vaticano. En uno de sus éxitos propagandísticos, la Iglesia ha logrado que los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede sean popularmente datados en 1979. "Los acuerdos del 79", se suele decir. Pero no es exacto. Y es relevante. De los cinco acuerdos, uno, el que crea el marco jurídico, es de 1976, es decir, preconstitucional, y cuatro son de 1979: jurídico; sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas; educativo y cultural; y económico. Los detalles de la privilegiada posición de la Iglesia en la esfera pública española están recogidos en el retablo de los cuatro acuerdos del 79. Ahí está el marco para sus exenciones, su ventajosa posición educativa, su asignación constante dinero público, su preeminencia simbólica... Pero es en el texto del 76 donde sigue cincelada la frase que, a los ojos de hoy, más chocante resulta: "La mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica" (las mayúsculas son del original). A final de mes, el 28 de julio, hará 44 años de la inscripción de esa controvertida frase en el BOE. Aquí puede comprobarse.

El acuerdo del 76 funda una suerte de oficialidad popular de la Iglesia católica, que mantiene rasgos informales de religión de Estado pese a que tal condición ha quedado no sólo formalmente abolida, sino también socialmente: la secularización en España a lo largo de las últimas cuatro décadas ha sido de una intensidad y velocidad de proporciones revolucionarias [ver aquí y aquí informaciones en detalle]. A pesar de todo, aquel acuerdo dio cobertura jurídica para, a su vez, introducir una mención a la Iglesia católica en la Constitución. Y no una mención cualquiera. El artículo 16, después de garantizar la "libertad religiosa y de culto" y de establecer que nadie puede ser obligado a "declarar sobre su ideología, religión o creencias", llega a su punto 3: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". De este artículo viene la frecuente afirmación de que España es un "Estado aconfesional", que suele obviar la segunda parte: las "relaciones de cooperación con la Iglesia católica", única que se menciona, y "las demás".

Este marco de aconfesionalidad asimétrica se desarrolló después con leyes como de la Libertad Religiosa, que avanza en la línea de superación del nacionalcatolicismo pero sin amenazar en nada el trato preferente del Estado a la Iglesia. ¿Un ejemplo? Sólo hay una institución con casilla en la declaración de la renta, gracias a la cual la Iglesia recibe más de 250 millones de euros públicos al año. Eso es una "relación de cooperación" que el Estado no tiene con el Islam. El particularísimo estatus de la Iglesia ha desplegado tales efectos que algunos juristas observan en conflicto con la propia Constitución. Por ejemplo, el acuerdo educativo entre el Estado y la Santa Sede, que también está en el BOE, indica y sigue vigente: "La educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana". Chocante, ¿no? Hay más prácticas constitucionalmente controvertidas. Por ejemplo, el Estado delega en los obispados la selección de los docentes de Religión en los colegios públicos, caso excepcional de desaparición de la tutela estatal en la contratación pública. ¿En qué queda entonces el artículo 14 de la Constitución, que establece que "los españoles son iguales ante la ley", sin que pueda prevalecer discriminación alguna por religión? El pago con dinero público de profesores católicos y seleccionados por un obispo podría entrar en contradicción con un buen ramillete de artículos constitucionales: libertad religiosa (16), derecho a la intimidad (18) igualdad de acceso a la función pública (23)... Pero el Constitucional jamás lo ha tocado. Lo mismo ocurre con el papel de la Iglesia como tutora de las liturgias del Estado.

Confusión entre esferas

Los intentos de eliminar privilegios fiscales, educativos o simbólicos a menudo se topan con los tribunales –sobre todo Supremo y Constitucional–, que suelen invocar los acuerdos del 76-79 y las "relaciones de cooperación" con la Iglesia católica para justificar ventajas a priori anacrónicas. Lo mismo ocurre en el terreno simbólico. La Iglesia ha seguido siendo, sin un asidero jurídico claro, administradora de actos oficiales. Y la religión ha seguido metida hasta el tuétano en las solemnidades del Estado.

Hay una parte de este posición que entronca directa y lógicamente con la libertad religiosa. Ejemplos: los ministros y presidentes del Gobierno frecuentemente han jurado sus cargos ante un crucifijo, práctica con la que cortó Sánchez –que pareció con aquel gesto preludiar una legislatura de contenido laicista que finalmente sigue en el tintero–, pero que cualquier futuro cargo público que lo vea de otro modo podrá recuperar. Más discutible es la asistencia de cargos públicos –en calidad de tales– a ceremonias religiosas. Fue emblemática la asistencia de cuatro ministros del PP al canto del himno de la Legión en la procesión del Cristo de la Buena Muerte en Málaga. Es frecuente, a izquierda y derecha, la participación de ediles en procesiones de Semana Santa y Corpus Christi. El antropólogo Isidoro Moreno suele bromear diciendo que en Andalucía se pasó del "nacional-catolicismo" al "municipal-cofradierismo". En Andalucía la confusión se sublima. Colegios públicos celebran procesiones a la parroquia del barrio en los días previos al Viernes de Dolores, algo bastante extendido en Sevilla y que los padres contrarios rara vez denuncian porque, al fin y al cabo, ¿por qué enfrentarse a los otros padres si siempre se ha hecho así? Además, el mensaje que da el Estado en ocasiones va en la misma dirección. Con Dolores Cospedal en el Gobierno, el Ministerio de Defensa ordenaba izar sus banderas a media asta como símbolo de duelo por la muerte de Cristo durante Semana Santa porque "es fruto de nuestra historia como nación".

El que fuera alcalde de Santiago entre 2015 y 2019, Martiño Noriega, de En Marea, tuvo en su negativa a asistir a la Ofrenda al Apóstol y en las presiones de los sectores más tradiciones para que lo hiciera uno de sus caballos de batalla. Fue una situación similar, con matices, a la que ha tenido que encarar ahora el presidente Pedro Sánchez cuando no ha asistido a la misa celebrada en La Almudena en memoria de las víctimas del covid-19, investida de un carácter de "funeral de Estado" que en realidad no tenía.

Esa confusión, según la cual es "de Estado" lo que es organizado por una confesión religiosa –de fuerte arraigo, pero no oficial–, viene fomentada prácticas de los propios poderes públicos. Más ejemplos. El alcalde de Granada, sea del PP o del PSOE, acude cada año a la Toma de Granada, celebración oficial de la Reconquista de regusto nacionalcatólico que se convierte en espacio de confusión de autoridades civiles, militares y religiosas, sirviendo además de atracción para grupos ultraderechistas locales. El Ejército participa en fiestas en honor a las patronas. El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, condecoró a la Virgen del Rosario, uno entre muchos ejemplos de confusión entre esferas. Con Jorge Fernández Díaz al frente, el Ministerio del Interior le entregó la Medalla al Mérito Policial a la Virgen del Amor, una decisión luego avalada por el Tribunal Supremo. La Candelaria es Presidenta Honoraria del Cabildo de Tenerife.

Una ley pendiente

Hay infinidad de casos para el estudio. La mayoría suelen generar breves polémicas puntuales que quedan en casi nada. Pocos ayuntamientos han cogido el toro por los cuernos y han aprobado "reglamentos de laicidad" para poner negro sobre blanco las reglas. Uno de ellos ha sido el de Rivas Vaciamadrid, que abrió una puerta que aún están por cruzar los grandes consistorios. El Gobierno tampoco dispone de una ley que clarifique conceptos. En su segunda legislatura, José Luis Rodríguez Zapatero aparcó su proyecto de Ley de Libertad Religiosa. El actual Ejecutivo aún tiene pendiente de impulsar "una Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas", como recoge el acuerdo PSOE-Unidas Podemos [ver aquí]. La pregunta es: ¿Hasta dónde llegaría esa ley? ¿Dejaría el Estado de pagar el sueldo de capellanes carcelarios, hospitalarios y militares, así como de profesores de Religión elegidos por los obispos? ¿Cerrarán las capillas en más de una treintena de universidades públicas? Gómez Movellán, de Europa Laica, tiene claro que deberá al menos establecer de un protocolo claro para la celebración de ceremonias de Estado que deslinde claramente la esfera pública de la religiosa y ahorre a la sociedad polémicas como la actual.

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En el caso de los "funerales de Estado", hasta ahora han tenido un contenido confesional que este no tendrá, recalcan fuentes del Gobierno. Lo tuvo el último celebrado hasta ahora, el de Adolfo Suárez, en 2015, en la Catedral de La Almudena, en Madrid. En las honras fúnebres, el reglamento de honores militares establece que se cumple la voluntad de la familia. Y la familia Suárez es católica. Lo mismo puede decirse de otros funerales de Estado de personalidades significativas para el Estado: Juan de Borbón (1993), Leopoldo Calvo-Sotelo (2008), María Mercedes de Borbón y Orleans (2000). Más controvertida, por afectar a mayor número de personas, puede ser la celebración en la catedral de La Almudena del adiós a las víctimas 11-M, en una misa revestida de oficialidad y oficiada por Antonio María Rouco Varela. O el acto de Estado religioso en memoria de las víctimas del Yak-42, un año antes, en la base aérea de Torrejón de Ardoz. 

Los conceptos son sinuosos. Una misa a la que acuden autoridades públicas, como ocurrió en 2015 en la basílica de Barcelona en memoria de los 150 muertos que arrastró en su suicidio un piloto de avión en Los Alpes, no tiene por qué ser un "funeral de Estado", como explica en este artículo en El País Juan G. Bedoya. La presencia de los reyes en el funeral de La Almudena por las víctimas del covid-19 no convirtió la ceremonia en un "funeral de Estado", pese a lo que han publicado diversos medios. Tampoco lo fue la misa en la misma catedral en 2016 por las víctimas de un terremoto en Ecuador, a la que acudieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, entonces en la oposición. En cambio, sí tuvieron promoción y organización oficial la misa y la ceremonia interreligiosa –no aconfesional– organizadas en 2017 en Barcelona por las víctimas de los atentados de Las Ramblas y Cambrils. Como ha explicado en su blog el experto en protocolo Carlos Fuentes, el término "funeral de Estado" suele usarse equívocamente para referirse a lo que en realidad son misas solemnes a las que acuden altos responsables del Estado. En cualquier caso, tanto actos de Estado como otros religiosos auspiciados y promovidos por el Estado, con representación oficial de Este, todos han tenido hasta ahora un componente religioso. El de este jueves no.

Jorge García, presidente del Movimiento Hacia un Estado Laico, defiende la fórmula elegida por el Gobierno, "una práctica inédita en España a pesar de declararnos un país constitucionalmente aconfesional a priori y a posteriori". Lo habitual ha sido la misa de Estado. "No ha gustado a ciertos sectores que han anticipado sus propios intereses ideológicos en celebraciones de corte confesional en claro intrusismo sobre las atribuciones del Estado constitucional. Solapar funciones para visualizar un interés privado que determine la validez emocional de los sentimientos ciudadanos para reconducirlos a una propia parcela dogmática", explica García, que recalca que una celebración oficial desprovista de contenido religioso no supone un desdén hacia los que profesan una religión –especialmente la católica, la más asentada e influyente en España–, sino un trato respetuoso y en pie de igualdad a todos. "Es la máxima expresión constitucional de respeto, reconocimiento y honra a nuestros conciudadanos fallecidos durante la pandemia sin distinción de credos, raza, sexo o condición social", afirma García.