Dos grandes falacias de Vox sobre la violencia contra las mujeres

El discurso de Vox contra las políticas de igualdad y contra la violencia de género no se nutre de datos. Circula, de hecho, totalmente al margen de una realidad absolutamente probada por los organismos oficiales. El partido de ultraderecha se esfuerza en equiparar la violencia contra las mujeres, estructural y abrumadora, con aquella que sufren los hombres en el entorno familiar, sin una base que revele razones estructurales. Sin embargo, las palabras de Vox evidencian dos grandes trampas: la dialéctica respecto a las denuncias falsas y su silencio sobre un tipo de violencia específica que afecta primordialmente a las mujeres, la sexual.

Respecto a las denuncias falsas, los datos son claros. En el año 2017 se interpusieron 166.260 denuncias por violencia de género y se incoaron 23 causas por denuncia falsa. De ellas, en dos ocasiones el procedimiento finalizó en sentencia condenatoria y 21 siguen en tramitación, según informa la Fiscalía General del Estado en su memoria anual. Por tanto, sumando las condenas y las causas aún en tramitación, las denuncias falsas constituyeron el pasado año un 0,013% del total. Desde el año 2009, el porcentaje de condenas por denuncia falsa asciende al 0,0078% y la suma de condenas y causas en tramitación acumuladas deja el porcentaje en un irrisorio 0,01%.

Para Vox, sin embargo, estos datos ocultan una supuesta realidad sepultada. El líder de la formación, Santiago Abascal, se ha esforzado en reiterar sus postulados en materia de violencia y en rechazar las cifras que maneja el Ministerio Fiscal. A su juicio, existen "un 87% de denuncias archivadas" como consecuencia de casos en los que "muchas mujeres que han denunciado, no han podido probarlo".

Lo cierto es que la cifra de sobreseimientos ha mantenido importantes dimensiones en los últimos años. Un asunto que, lejos de ser maquillado, es objeto de denuncia también por parte del movimiento feminista y las expertas en cuestiones de género. La fiscal especialista en violencia de género y portavoz de la Fiscalía Provincial de València, Susana Gisbert, escribe en un artículo que recoge en su libro Balanza de Género (Lo que no existe, 2018) que es fundamental "partir de lo que es una denuncia falsa para poder hablar de ellas". A su juicio, "que un asunto acabe con un archivo porque no se ha probado el hecho –no olvidemos que estas acciones no suelen tener testigos– no convierte esa denuncia en falsa". Como tampoco la convierte, dice, "el hecho de que la mujer, en un momento posterior, amparada por un obsoleto precepto, se eche atrás en su denuncia y guarde silencio".

La abogada María Naredo, especialista en violencia contra mujeres y directora general de prevención y atención frente a la violencia machista en el Ayuntamiento de Madrid, explica en conversación con infoLibre que las expertas en violencia llevan tiempo poniendo de relieve el archivo de denuncias en los años de implementación de los juzgados especializados. Pero establece un matiz: el grueso de los sobreseimientos son provisionales, no libres. Estos últimos, relata, se producen cuando "el juez entiende que no hay constitución de delito", mientras que en la mayoría de los provisionales el sobreseimiento sucede "por falta de indicios suficientes y eso implica que, lejos de ser denuncias falsas, son cuestiones que necesitan una mayor investigación y profundización por parte del sistema".

En el año 2017, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la forma de terminación de las denuncias por violencia de género fue en el 41,18% de los casos sobreseimiento provisional, pero sólo un 3,71% fueron sobreseimiento libre. En 2016, el sobreseimiento provisional alcanzó un 41,54% y el libre se quedó en el 3,92%. Las cifras son prácticamente idénticas en 2015, con un sobreseimiento provisional del 39,3% y un sobreseimiento libre del 3,9%.

Naredo critica que la investigación en los casos de violencia de género se centre habitualmente en que "la mujer, que ya bastante hace con denunciar, aporte pruebas". Normalmente, frente a "otros delitos donde se extrema la investigación", en este tipo de casos la "mujer suele ser la única prueba de cargo" y como tal se ve sometida a "interrogatorios muy duros". La letrada reclama una investigación más exhaustiva porque "ahí está la clave de los sobreseimientos". Por el contrario, indica, las denuncias que más prosperan son aquellas donde existe "un parte médico reciente, algún testigo y una instrucción en condiciones".

Es importante, a su juicio, detenerse no solamente en lo numérico, sino también en lo cualitativo. "He trabajado con mujeres en los recursos de atención con secuelas graves y cuyos casos han sido sobreseídos", indica la abogada. El motivo también suele ser, añade, que muchas veces la víctima "no logra ni una mínima acreditación".

En un informe elaborado en 2012, Amnistía Internacional reparaba en el "abultado número de sobreseimientos judiciales, que comenzó a incrementarse desde el primer año de funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer". El sobreseimiento, reza el documento, "implica una frustración en el acceso a la protección, a la justicia y a la reparación". Además, los miembros de la organización decían sentir preocupación por la calidad de la asistencia letrada, que "no está garantizada para todas las mujeres y depende, en gran medida, del interés y sensibilidad de cada profesional", de manera que documentaba casos de "negligencia grave como no recurrir el auto de sobreseimiento dictado por el juzgado o no proponer la práctica de pruebas sobre cuya existencia recibieron información de las víctimas".

Silencio sobre la violencia sexual

Lo que Vox plantea es "una ley intrafamiliar que proteja a las mujeres y a todos". Así lo ha dicho en reiteradas ocasiones el líder del partido, Santiago Abascal, y así lo han abanderado sus miembros desde el nacimiento de la formación. Vox menciona, en sus cien medidas estatales, la "derogación de la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro" para, en su lugar, promulgar "una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños". Cuando el partido de extrema derecha pone en un mismo plano la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo con la que sufren los hombres en sus relaciones familiares, lo hace con un "afán negacionista" respecto a la violencia de género, tal y como interpreta Susana Gisbert.

Y precisamente para mantener intacta esa comparativa, Vox rechaza hablar de violencias específicas, como la sexual, una de las mayores expresiones de violencia por motivos de género. Con "la intención de pasarlo todo por el filtro de la igualdad", se pasa por alto "la cuestión de que este tipo de delitos" tienen entre sus autores "a hombres en su práctica totalidad", escribe Gisbert en un análisis sobre el tratamiento de los delitos sexuales en el Código Penal. "Y, lo que es más importante", añade, que las víctimas son "mayoritariamente mujeres, si hablamos de personas adultas". Por ello, opina, "no podemos cerrar los ojos a la realidad de que los delitos sexuales son delitos mayoritariamente cometidos contra mujeres por el hecho de serlo".

A preguntas de este diario, Gisbert reconoce que en sus 26 años como fiscal "nunca" ha visto "ningún delito sexual donde la víctima sea un hombre adulto y desde luego en que la autora sea una mujer", salvo aquellos relacionadas con la infancia. Dice, por tanto, no tener ninguna duda de que Vox rechaza hablar de este tipo de delitos por el evidente sesgo de género que guardan.

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Según la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2015, al menos el 97,5% de los agresores sexuales son hombres. Entre enero y junio de 2018, además y según el Ministerio del Interior, se denunciaron 788 violaciones y otros delitos contra la libertad sexual, más de cuatro denuncias al día. El informe de Amnistía Internacional Ya es hora de que me creas. Un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas, aclara que "la violencia sexual en sus múltiples manifestaciones constituye una forma de violencia por razón de género, una forma de discriminación y una vulneración de derechos humanos, cuyas secuelas físicas o psicológicas, en algunos casos, pueden persistir de por vida". En este contexto, añade, "las violencias sexuales, incluida la violación, afectan de manera desproporcionada a las mujeres, representando formas de agresión y dominación por razón de género que se producen de manera sistémica en todos los contextos políticos, culturales y sociales, ejerciéndose tanto en la vida privada como en la vida pública".

Bárbara Tardón, doctora en estudios de género y una de las autoras del informe de Amnistía Internacional, señala en conversación con este diario que "la ultraderecha misógina, patriarcal y racista, siempre lo que va a intentar es que cualquier avance de derechos humanos retroceda". La violencia sexual, agrega, es "una forma de violencia que se ejerce hacia las mujeres de forma específica y es una violencia de género, porque en el 90% de los casos las víctimas y supervivientes son mujeres", mientras que "en el 97% los agresores son varones". Es, por tanto, "el ejemplo más paradigmático de que estamos ante una violencia que se comete hacia las mujeres y contra los cuerpos de las mujeres porque son mujeres" y eso, zanja la investigadora, "es incuestionable".

La ultraderecha no lo nombra, analiza, porque se trata de "una estrategia deliberada que ha utilizado a lo largo de la historia de la humanidad" y que consiste en "negar la evidencia". En este caso "no hablan de violencia sexual" por dos motivos, razona Tardón. En primer lugar "porque desde su paradigma ni siquiera la contemplan" excepto si no es para exigir "el aumento de las penas, pero no como un problema estructural del patriarcado". Por otro lado, ocurre que "deliberadamente saben que por ahí no hay ningún dato que les pueda acompañar y ayudar en ese cuestionamiento tan sádico de lo que es la violencia machista". Quien niega la violencia de género, opina la investigadora, "es como quien niega el Holocausto o quien niega que se está dejando morir a personas en el Mediterráneo, por tanto son cómplices de esa violencia estructural y lo que hacen es justificar que se produzca la violencia directa".