La guerra del agua vuelve a estallar a las puertas del 28M

El agua, fuente de vida. Y de batalla. A menos de cinco meses para las elecciones autonómicas y municipales, se ha recrudecido la llamada guerra del agua en España. Un tema que divide a territorios y partidos desde hace décadas y que durante años fue una de las grandes banderas electorales de la derecha.

Pero la marejada política subió durante estas horas con una pugna directa abierta por la administración socialista de la Generalitat Valenciana (principal bastión regional de la izquierda) contra el mismo Gobierno de Pedro Sánchez, a causa del plan hidrológico del Tajo. Y se suma así a la afrenta potenciada por las administraciones del PP de la Región de Murcia, pilotada por Fernando López Miras, y de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno.

El motivo de la disputa, indisimulada ya públicamente, está en el proyecto de decreto que se encuentra en el Consejo de Estado (paso previo al Consejo de Ministros) y que supone un aumento del caudal ecológico del Tajo, lo que en la práctica supondría menos agua para los regantes del Segura. Un cruce no solo de palabras, ya que el president valenciano, Ximo Puig, ha presentado alegaciones al órgano que dirige Magdalena Valerio con un objetivo muy claro: que se emita un informe desfavorable y se pueda determinar su nulidad de pleno derecho.

Puig, a tumbar el decreto en el Consejo de Estado

Las alegaciones han sido elaboradas por la propia Abogacía de la Generalitat Valenciana y en ellas se hace una acusación muy directa al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera: “Se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, lealtad institucional, transparencia y buen gobierno”. El argumento que se da por parte del Ejecutivo levantino es que ese proyecto de decreto “no se ajusta a la legalidad” al haberse cambiado “posteriormente y sin previo aviso el texto que fue sometido a votación y aprobado por el Consejo Nacional del Agua”. Se pide que se cambie el apartado sobre caudales ecológicos porque la redacción actual adolece “de falta de criterio y rigor técnico”.

De esta manera, Puig se pone en el frente que se ha ido levantando con otras dos autonomías gobernadas por el Partido Popular. Murcia ha sido hasta el momento la comunidad más beligerante con esta cuestión, ya que tiene la teoría de que el verdadero objetivo de la coalición de Gobierno es acabar con el trasvase en unos años. La Junta de Andalucía también va a batallar, por las implicaciones en la zona del levante almeriense, según explicó este martes la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Su intención es comparecer también ante el Consejo de Estado para defender sus alegaciones: “Ante este hachazo grandísimo no podemos estar ni callados ni cruzados de brazos”.

En el otro extremo está Castilla-La Mancha, la comunidad que considera que se “ha ganado una batalla muy importante”, según dijo la portavoz del Gobierno, Blanca Fernández. De esta manera se felicitaba hace unos días porque se permitirá que se respeten los caudales ecológicos, tal y como ha establecido en varias sentencias el Tribunal Supremo: “Ahora ya podemos decir que en un periodo de tiempo medio vamos a tener garantías de que nuestro Tajo vuelva a ser un río realmente y no un arroyo residual de Madrid”.

En el texto remitido por el propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al Consejo de Estado se defiende que “ha de respetarse siempre la prioridad de la cuenca cedente” y que en esta comunidad “también se necesita agua para el abastecimiento humano de nuestros habitantes, especialmente en nuestro medio rural”. Se argumenta la “determinación impuesta” por las sentencias del Supremo de un régimen de caudales ecológicos en el Tajo. Y se recuerda que esto fue aceptado también por la mayoría del Consejo Nacional del Agua, en su reunión del 29 de noviembre. Se apostilla que se hará esto de forma “progresiva” precisamente para que Murcia y la Comunitat Valenciana puedan ampliar su capacidad de desalinización, desde ahora hasta 2026.

Ribera se defiende: cumplir la ley y adaptarse a la realidad climática

La decisión de la Generalitat Valenciana de azuzar esta guerra y presentar alegaciones no ha sentado nada bien en el Ministerio de Transición Ecológica. La propia vicepresidenta Ribera dejó clara su postura y mantuvo su plan para el Tajo. Según explicó tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes, se trata de un “tema muy sensible”, pero no hay que dejarse llevar “por pancartas” e ideas partidistas.

Para ella, muchas de las alegaciones que se verán en el Consejo de Estado (presentadas por autonomías y organizaciones ecologistas) tienen más que ver con “componentes emocionales”. El primer argumento de Ribera es que el plan tuvo el respaldo mayoritario del Consejo Nacional del Agua, en el que están presentes la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los entes locales, los organismos de cuenca y organizaciones profesionales, económicas y ecologistas.

Otro de los argumentos de la Vicepresidencia es que con este plan se da cumplimiento a las cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligan a fijar un caudal ecológico. Como recuerdan fuentes de Transición Ecológica, “la del Tajo es la única cuenca en España que no tiene caudal ecológico, una anomalía histórica”. Algo que también impone la normativa europea. "¿No cumplimos la ley?", se preguntan retóricamente.

Desde el departamento de Ribera, se recuerda que los nuevos planes hidrológicos se han elaborado teniendo en cuenta el contexto: una crisis climática que lleva a episodios de sequía extrema o inundaciones. Según la Aemet, el año 2022 fue el más cálido y uno de los más secos desde que hay registros históricos en España. Además, en esta planificación se tiene en cuenta que, según los análisis científicos, la crisis climática provocará cada vez más fenómenos extremos.

El Gobierno, contra el "relato ficticio" de un "plan ideológico"

A pesar de la persistente sequía, argumentan desde el Gobierno, “la gestión prudente de los recursos hídricos” que ha realizado la administración de Pedro Sánchez ha permitido garantizar los volúmenes para el abastecimiento a lo largo del período 2018-2022 (1.229 hm3 trasvasados en el cuatrienio), frente a los 829 hm3 trasvasados en el período anterior 2014-2018. Estos datos, en opinión del Ministerio, desmontan “el relato ficticio de un imaginario plan ideológico para acabar con el trasvase”.

Una de las quejas del Ministerio es que el PP restringió los volúmenes autorizados durante el periodo 2014-2017 sin que se levantaran tantas críticas como las de ahora, con una gestión diferente a la de Mariano Rajoy.

Pero, además, el Ministerio de Ribera insiste en que hay un plan de inversiones con el objetivo de dotar a la cuenca demandante de “un escenario de estabilidad hídrica”, pasando por infraestructuras para producción y gestión de agua desalada y regenerada que equilibre las posibles mermas de aguas superficiales o subterráneas “que tanto los impactos del cambio climático como las exigencias ambientales puedan ocasionar”. Hay una inversión de 1.100 millones de euros para Murcia, 542 millones para Alicante y 44 millones para Almería.

“60 hm3 del Tajo al Segura y 60 hm3 de votos al PP en Toledo, Ciudad Real, Guadalajara..”

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Pero la presión de la guerra del agua llega a la misma puerta de Transición Ecológica, donde están convocada este miércoles una manifestación en defensa del trasvase Tajo-Segura y de los regantes. Una concentración en la que van a participar miembros valencianos del PSOE (Roger Llanes) y de Compromís (Isaura Navarro). Y esa lucha se extiende con el intento del PP de reprobar a Teresa Ribera en las Cortes valencianas.

Una guerra de agua y de votos. Este tema puede hacer mucho daño precisamente a la izquierda, que tiene en la mente esos años de dominio del PP con las pancartas en los balcones del “agua para todos”. La Comunitat Valenciana será una de las grandes batallas electorales para el 28M y todo se jugará por un puñado de papeletas. En la encuesta del CIS de diciembre, el PSPV aparecía como primera fuerza y podría reeditar el Pacto del Botanic con Compromís y Podemos. Pero el PP está convencido de que puede arañar la victoria, con Carlos Mazón como candidato, sumando con Vox y Ciudadanos.

En Murcia, según los sondeos publicados, el PP logrará una amplia mayoría, mientras que el PSOE bajaría respecto a 2019. Se prevé un desplome de Ciudadanos, en tanto que Vox podría doblar sus resultados. López Miras quiere encabezar este sentimiento social del regadío para ampliar más su base electoral y pilotar con tranquilidad el Ejecutivo. En cambio, la situación del trasvase beneficia en Castilla-La Mancha la postura de Emiliano García-Page, que depende de reeditar su mayoría absoluta para conservar la Presidencia.