Por qué Sumar defiende la herencia universal para 500.000 jóvenes (hasta para los hijos de Botín)

Nuestra herencia tiene más peso que nuestros logros a la hora de construir un futuro. Hay diversos estudios que demuestran que el ascensor social está más que averiado [ver aquí, aquí y aquí]. Las personas nacidas en hogares de baja renta y riqueza no pueden competir en igualdad de condiciones que aquellas que han podido pagar profesores particulares, una educación más profunda y universidades de élite. Tampoco tienen un colchón sobre el que caer como consecuencia de inversiones fallidas, lo que también limita las posibilidades de emprender. En España, se estima que las herencias determinan casi el 70% de la desigualdad de la riqueza, un porcentaje superior al de los países de nuestro entorno europeo y similar al de EEUU", señala el Gobierno en el Plan 2050, que añade: "En la desigualdad de la riqueza, las herencias juegan un papel cada vez más crucial". Según el diagnóstico del Gobierno, este desequilibrio heredado afecta más a las generaciones "jóvenes".

Para corregir esa desigualdad, Sumar ha planteado una herencia básica universal. La propuesta, una de las medidas estrella de la coalición liderada por Yolanda Díaz para el 23J, se basa en donar una cuantía de 20.000 euros a los jóvenes cuando cumplan 23 años. La idea puede parecer novedosa, pero tiene sus orígenes a finales del siglo XVIII. Concretamente, fue propuesta por el filósofo Thomas Paine en 1795 y rescatada por el economista Thomas Piketty hace una década. A juicio de Díaz,  este será "un nuevo derecho que ayude a los jóvenes a seguir formándose, iniciar su andadura profesional e independizarse": "Será un trampolín que promueva la libertad para elegir su camino en la vida", ha explicado la vicepresidenta.

Es más, el propio Gobierno destaca como propuesta aún "embrionaria" esta "herencia pública universal" en el citado Plan 2050. La definen como “una propuesta novedosa” para contribuir a reducir la desigualdad. “Esta dotación podría usarse para adquirir la primera vivienda, financiar la creación de un negocio, o completar la formación. Ahora mismo puede sonar utópico, pero es posible que en las próximas décadas se haga realidad en algunos países", señalan.

Pese a que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez lo marca entre sus horizontes, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha criticado la medida este lunes. "Quien proponga medidas que consistan en dar subvenciones, ayudas, así, sin ningún tipo de restricción, ni nivel de renta, ni un objetivo concreto, tiene que explicar cómo lo financiaría, porque en los próximos años tenemos que seguir con una política fiscal responsable".

Estas son, precisamente, algunas de las cuestiones que han surgido en el debate: ¿Por qué es universal en lugar de estar dirigida solo a las rentas más bajas? ¿Cómo se financiaría? ¿Cuántas personas se beneficiarían? ¿Se tendrá que justificar en qué se gasta ese dinero? ¿Se concedería de forma automática? Aunque se trata de una medida muy estudiada, ¿por qué no se ha implementado en ningún país? infoLibre lo aborda de la mano del responsable económico de Sumar, Nacho Álvarez, las economistas Mónica Melle y Lídia Brun y el diputado de Más Madrid y autor de La fábrica del emprendedor, Jorge Moruno.

¿Por qué para los jóvenes y por qué universal?

Para Mónica Melle, profesora de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Complutense de Madrid, la clave es que vaya precisamente dirigida a los jóvenes, muchos de los cuales ya acumulan dos crisis económicas a sus espaldas con una alta tasa de paro entre este sector, que duplica la media nacional. "Está claro que los jóvenes tienen un problema, lo que influye en su posible emancipación", sintetiza. A su juicio, "necesitamos políticas activas que tengan que ver con la empleabilidad". La economista asegura que la propuesta de Sumar es "interesante" pero solo si está "vinculada a las políticas activas de empleo".

En palabras de Nacho Álvarez, que se felicita por que Sumar haya logrado "abrir el debate" sobre una medida de este calado, se trata de una medida "orientada a promover la igualdad de oportunidades" y a "mejorar la redistribución". A su juicio "que sea universal no la hace menos redistributiva" sino "más eficaz". Álvarez recuerda que, al igual que "todo el mundo, independientemente de su renta" tiene acceso a servicios como la sanidad, la educación o las pensiones, esa lógica también se aplica en este caso. "A nadie le pedimos su nómina para ir al médico, pues aquí tampoco", expone.

La economista Lídia Brun, especializada en Macroeconomía y Desigualdad, cree que, como idea teórica, la herencia universal "es una propuesta radical y utópica de redistribución la riqueza" pero como medida política la considera "poco prioritaria y arriesgada de implementar". Para Brun es más prioritario "fortalecer los servicios públicos y construir un fondo de riqueza pública": "La pobreza en España no se concentra entre los jóvenes de 18 años sino entre las familias con hijos pequeños. Reducir la pobreza requiere reforzar el sistema educativo y de prestaciones sociales, acompañando el cuidado de las familias y a la juventud, no con una transferencia", sintetiza.

Jorge Moruno, por su parte, cree que "la universalidad puede introducir la  justicia distributiva". "La universalidad es buena en primer lugar para las rentas más bajas. Con las políticas condicionadas les resulta más difícil acceder a ellas por la cantidad de trabas y requisitos que muchas veces no pueden sortear por falta de herramientas", señala. A su juicio, con las políticas universales, "al ser para cualquiera, nadie queda excluido y más gente la sentirá como propia": "Sirve de antídoto contra el resentimiento y la desafección de lo público de amplias capas de la población, que se consideran excluidas de las políticas públicas", traslada.

Un argumento que comparte Melle. "Tiene que haber políticas dirigidas a los más vulnerables, pero no se puede descuidar a las clases medias. Si creemos en un modelo de Estado de Bienestar, se puede generar desafección si hay discrecionalidades de este tipo", expone. Para Moruno, es "fundamental desterrar la idea de que lo público y las políticas sólo debe servir 'para los que más lo necesitan': "Es un enfoque ineficaz, que genera sensación de abandono e insolidaridad, que deteriora lo público", asegura.

¿Cómo se financiaría?

Según calcula Sumar, esta medida se financiaría con un impuesto a los grandes patrimonios y su coste sería de unos 10.000 millones de euros, lo que equivale "aproximadamente al 0,8% del PIB" de España. Álvarez explica que lo tendrían que financiar todas aquellas personas con un patrimonio superior al millón de euros —una vez exenta la primera vivienda—. "No es un cargo a las grandes empresas ni es un impuesto sobre las rentas. Es sobre la riqueza", puntualiza. Podemos ya propuso una medida similar el pasado año, con un gravamen del 2% para los patrimonios netos a partir de un millón de euros, un 2,5% a partir de 10 millones, un 3% a partir de 50 millones y un 3,5% a partir de 100 millones.

La profesora de la Complutense señala que la iniciativa va en la línea de lo que defiende Sumar, con "una política fiscal más progresiva en el sentido de grabar a rentas y patrimonios altos". A su juicio, si "la imposición se hace bien" puede ser efectiva. "Es lógico que Ana Patricia Botín aporte más que uno de sus empleados, pero eso no tiene por qué excluir a sus hijos", señala. Melle cree que, "si seguimos creciendo a este ritmo" con una recaudación récord, se dará "un círculo virtuoso" con más personas empleadas y mayor recaudación por parte del Estado.

Brun, por su parte, cree que sería más interesante que la recaudación de ese mayor gravamen al patrimonio "se destinara a ampliar el parque de vivienda pública": "España no solo necesita repartir la riqueza inmobiliaria, también necesita una herramienta para intervenir un mercado dominado por dinámicas especulativas y rentistas que probablemente pudieran verse reforzadas si un alto % de jóvenes destinara esos 20.000€ para una entrada", defiende.

¿Se tendría que justificar el uso de este capital?

Desde Sumar aseguran que estos 20.000 euros tendrán que ser invertidos y justificados en un proyecto de inserción laboral, de emprendimiento empresarial o para formación. A tal efecto, tal y como resume Álvarez, la Administración General del Estado acompañaría a los jóvenes desde los 18 a los 23 años, proporcionándoles apoyo en el diseño de su proyecto de formación, o de inserción laboral o empresarial. "Estos son los objetivos fundamentales", resume el portavoz económico de la coalición liderada por Díaz.

Para Melle esta es la clave principal. "Hay que formar a algunos de estos jóvenes para darles empleo, a veces están cualificados y les falta ese pequeño empujón o una pequeña ayuda para que emprendan", sintetiza. A su modo de ver, tiene que haber unos "objetivos claros" de qué se hace con ese dinero y defiende que esté sometido a una supervisión y control, con la posibilidad de penalizar o de devolver el dinero en algunos casos. "Los recursos públicos son limitados, no vería bien que se utilizara ese crédito a fondo perdido. No se puede dar así como así".

Moruno es más crítico con esta fiscalización. "Tener a un ejército para controlar en qué se gasta cada uno el dinero al final sale más caro, fomenta la trampa de la pobreza y destila paternalismo. En su día se decía ¿para qué quieren vacaciones los obreros? ¿Para emborracharse? La idea de fondo es la que denunciaba el filósofo Russell: 'La idea de que el pobre deba disponer de tiempo libre siempre ha sido escandalosa para los ricos'", señala.

A la economista Lídia Brun le preocupa el "posible impacto en el discurso social hegemónico" sobre la pobreza y la desigualdad que pueda tener esta medida sin fiscalización. "Si ya te dimos esos 20 mil euros y decidiste fundirlos en viajes, drogas y rock & roll, ¿qué vienes a pedir luego a la sociedad si sigues viviendo en la pobreza?", plantea como una de las preguntas.

¿A cuántas personas beneficiaría? ¿Hay precedentes?

Aunque el límite marcado es la mayoría de edad, este capital no se entregaría hasta los 23 años que recibirían aproximadamente medio millón de jóvenes al año. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, hay entre 480.000 y 490.000 personas en esta franja de edad. La idea, trasladan desde Sumar, es entregar todo este capital "de golpe", aunque hay otros aspectos, como por ejemplo si habrá un límite temporal para utilizarlo, que todavía se tienen que discutir. Lo que sí tienen claro en el equipo de Díaz es que se entregaría de manera "automática" para evitar "un largo proceso burocrático".

Álvarez admite que se trata de una medida muy trabajada a nivel académico pero con escasos precedente en cuanto a su aplicación concreta. "Hay más ejemplos de países con medidas como la renta garantizada, pero creo que nosotros, en España, podríamos ser pioneros", resume. Moruno, por su parte, recuerda que en Canadá se probó un experimento que consistía en darle 7.500 dólares a personas sin hogar sin ningún tipo de condicionamiento. "La mayoría se buscó una vivienda estable, ahorró dinero y aumentó el gasto en alimentos, ropa o transporte, mientras reducía el destinado al alcohol".

Aunque Brun considera que la propuesta es "interesante", también destaca las consecuencias imprevisibles que puede tener una medida de este calado al no haberse aplicado con anterioridad y asegura que esto no se podrá evaluar hasta que no se implemente y se tengan más datos."Supongo que no se sabrán del todo hasta que alguien pruebe de implementarlo, pero veo muchas maneras en las que podría reforzar la desigualdad", sostiene.

Para el diputado de Más Madrid, la "principal dificultad para este tipo de medidas es cultural". "Se considera que todo ingreso debe venir de un trabajo y que toda actividad, para ser reconocida, debe ser un trabajo por el que se paga". El principal reto, por tanto, es "desvincular la garantía de ingresos del trabajo remunerado dinamita esa relación tan asentada".