La Iglesia cede 16 millones en privilegios fiscales pero se libra de pagar el IBI incluso en sus negocios

Los partidarios de reducir el trato de favor del Estado a la Iglesia pueden hoy ver la botella medio llena o medio vacía. Medio llena, porque la Conferencia Episcopal Española (CEE), poco acostumbrada a ceder posiciones ventajosas, pierde dos exenciones fiscales, admitiendo que constituyen un "privilegio". También puede verse medio vacía, en primer lugar porque dichas exenciones suponen –según el Gobierno– 16 millones al año, una cantidad poco relevante de los beneficios tributarios de los que disfruta la Iglesia; también porque el fin de las exenciones, aunque presentado como una "renuncia", tiene como causa al menos parcial la presión de la UE; y porque la institución salva el resto de sus exenciones, entre ellas la más polémica, la que afecta al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) incluso cuando afecta a locales de los que saca provecho económico, por ejemplo a través del alquiler para vivienda o uso comercial, como ha acreditado infoLibre [ver aquí, aquí y aquí].

El acuerdo anunciado este miércoles entre el Ministerio de Presidencia, dirigido por Félix Bolaños (PSOE), y la CEE, liderada por el Juan José Omella, culmina cerca de tres años de unas negociaciones y supone un logro parcial del Gobierno y una cesión parcial de los obispos, que han tenido que aceptar que tenían "privilegios" pero mantienen a salvo toda su exención del IBI.

¿En qué consiste el acuerdo? En el fin de la exención por el gravamen de Contribuciones Especiales y por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Presidencia estima en 16 millones de euros al año lo que recaudarán los ayuntamientos. El acuerdo exige la derogación de una orden de 2001 que incluye el ICIO los Acuerdos de 1976-1979 con el Vaticano.

Presión de la justicia europea

Las negociaciones han estado lideradas por Bolaños y Omella, con la ratificación del nuncio del Vaticano, el filipino Bernardito Auza, según fuentes conocedoras del proceso. El pacto toma la forma de un "canje de notas" entre el Gobierno y la Nunciatura, figura ya utilizada en 2006 con el acuerdo entre el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y la jerarquía episcopal, entonces liderada por Ricardo Blázquez. Entonces ambas partes sellaron que la asignación a la Iglesia por cada casilla de la Iglesia en el IRPF marcada pasaba del 0,5239% al 0,7%, un acuerdo que ha permitido a la Iglesia disparar sus ingresos públicos a más de 300 millones al año a pesar de la sangría de fieles y vocaciones. A cambio la Iglesia dejaba de estar exenta del IVA.

Ambas partes presentaron entonces el fin de la exención del IVA como una "renuncia" de la Iglesia. En realidad, la UE forzaba a España a eliminarla, porque era contraria a los principios económicos del club comunitario, como fueron dejando claro las instituciones europeas con creciente contundencia entre 1989 y 2005. Ahora el acuerdo también habla de "renuncia". Pero lo cierto es la exención del ICIO estaba en entredicho por un caso que había llegado hasta el Tribunal de Justicia de la UE. El Ayuntamiento de Getafe le había cobrado 24.000 euros del ICIO a los Escolapios por una obra de ampliación de un colegio. La organización religiosa reclamó la devolución. El juzgado en el que acabó el caso lo elevó al Tribunal de Luxemburgo, que en 2017 estableció que esta exención "puede estar comprendida" en el ámbito de las ayudas ilegales de Estado. Las exenciones son ilegales si las actividades protegidas "son de carácter económico". En esta ocasión lo era y el ayuntamiento ganó el caso

Una institución con miles de terminales

Como avanzó infoLibre en febrero de 2022, la negociación entre el Gobierno y la CEE se centraba en el ICIO por haber sido puesto en el punto de mira de la UE. Por las mismas fechas, hace poco más de un año, el Gobierno ya veía "muy difícil" que la Iglesia renunciase a la exención del IBI. El motivo es que, aunque dicha exención tiene como origen los Acuerdos entre España y la Santa Sede, ha obtenido luego un desarrollo en la Ley de Mecenazgo, que extiende a todas las ONG múltiples beneficios fiscales de la Iglesia y sus entidades, entre ellos la exención del IBI. Por eso la jerarquía episcopal suele defender que dicha exención no es un "privilegio fiscal", ya que también lo disfruta cualquier ONG. Eso es cierto, como también lo es que la Iglesia, a diferencia de cualquier ONG, es una de las mayores propietarias inmobiliarias de España. Es decir, ninguna ONG obtiene tantos beneficios de las exenciones como la Iglesia, que no son sólo sus 70 diócesis, sino una galaxia de entidades. Giménez Barriocanal, el hombre de los números en el alto clero, explica en La financiación de la Iglesia católica en España (2007) que la Iglesia suma 40.000 entidades.

Europa Laica calcula que toda esta miríada de grupos se benefician de exenciones por un montante total de 2.500 millones de euros. Según cálculos conservadores recabados por infoLibre, sólo el IBI supone 700 millones. Otras estimaciones apuntan más alto. Los investigadores citados por Ángel Luis López Villaverde en El poder de la Iglesia en la España contemporánea calculan entre 2.500 y 3.000 los millones que la Iglesia pagaría al Estado sólo con no estar exenta del IBI.

Exención del IBI incluso si hay negocio

En ningún momento ha estado sobre la mesa la posibilidad de eliminar todas las exenciones a la Iglesia, que sigue sin tener que pagar Sucesiones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Sociedades, entre otros impuestos. Lo que sí se había manejado como opción era retirar la exención del IBI por los inmuebles en los que la Iglesia realizara actividad mercantil.

Se trata de un beneficio con el que ni siquiera está de acuerdo el papa Francisco, que ha afirmado que la Iglesia debe pagar "por todo lo que no sea culto o bien común". Es decir, la mayoría puede entender que el cabildo de Sevilla no pague el IBI por la catedral, o que Cáritas no lo haga por un local en el que reparte comida o una diócesis por una casa en la que conforta a mujeres maltratadas. Lo problemático es que una entidad religiosa o una diócesis no paguen IBI por un local alquilado a un comerciante o por una vivienda alquilada a un inquilino, más aún cuando el Tribunal de Luxemburgo obligó en 2018 a Italia a cobrar el impuesto por inmuebles de la Iglesia con uso comercial.

El cardenal Omella: "Me alegra"

Desde Presidencia ponen el foco en que se trata de una cesión de la Iglesia "sin contraprestación" y en que en estos inmuebles en los que la Iglesia sí desarrolla actividad económica libre de IBI tendrá que pagar tanto el ICIO cuando hagan una obra como las contribuciones especiales, tributos cuyo hecho imponible es la obtención de "un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas", entre otros supuestos.

No obstante, el elemento central de la defensa del acuerdo por parte del Gobierno está en que con este acuerdo se pone "fin a los privilegios fiscales" de la Iglesia, en palabras del propio Bolaños, en referencia a que el resto de beneficios son compartidos con las entidades afectadas por la Ley de Mecenazgo. El propio cardenal Omella dio por bueno este discurso al afirmar que desde ahora a Iglesia "ya" no tenía "privilegios".

Rebaja de expectativas

La renuncia del Gobierno a acabar con la exención del IBI para inmuebles con uso lucrativo supone una rebaja de las expectativas iniciales de la propia etapa de Pedro Sánchez. En octubre de 2018, la entonces vicepresidenta Carmen Calvo comunicó al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que el Gobierno deseaba aplicar la fórmula italiana, de manera que la Iglesia tribute por "aquellos inmuebles o actividades en las que no se produce culto". Desde entonces, el listón ha ido bajando. El programa del PSOE de 2019 ya no lo recogía. Tampoco estaba en las resoluciones del 40º congreso. Sí lo mantenían los programas de Podemos e IU, pero no entró en el acuerdo de gobierno.

La Iglesia vive una década dorada de ingresos públicos en plena sangría de seguidores

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La legislatura de la coalición de izquierdas enfila su recta final y la Iglesia no lamenta lesiones graves a su posición. En cifras récord de recaudación por IRPF, ha consolidado casi todas sus inmatriculaciones –el Gobierno cuestiona un millar de casi 35.000– y su posición en la concertada sigue firme con la Lomloe, si bien ha habido una rebaja del estatus de la asignatura de Religión. La fiscalización del dinero público que recibe la Iglesia realizada por el Tribunal de Cuentas tampoco ha supuesto una reducción del margen de discrecionalidad con el que se maneja la CEE, que sigue acumulando superávit con la casilla de la Iglesia y enviando dinero de origen público a la empresa Trece TV. A la espera del cierre de la investigación sobre la pederastia por el Defensor del Pueblo, las noticias desagradables para la Iglesia han llegado de la aprobación de leyes de aborto, eutanasia, transexualidad...

PSOE, Unidas Podemos y Europa Laica

En una jornada marcada por los "vientres de alquiler", el asunto de los privilegios de la Iglesia, otras veces causa de torbellinos político-mediáticos sólo con anunciarse intenciones, pasó más bien sin pena ni gloria justo el día en que sí se adoptó un acuerdo. El PSOE valoró el pacto con un tuit del dirigente Santos Cerdán: "Trabajando siempre por hacer avanzar a la sociedad. En igualdad, sin discriminación ni privilegios. Con diálogo y acuerdos, siempre por el bien común. Ahí estamos y ahí nos encontrarán". Podemos, a preguntas de infoLibre, evitó criticar pero dejó ver que quiere más: "La Iglesia tiene que hacer frente a sus obligaciones tributarias de la misma forma que cualquier otra persona o institución. Al Estado –y especialmente a un Gobierno progresista– le corresponde defender el interés general y legislar para que la Iglesia pague el IBI". La vicepresidenta Yolanda Díaz abundó en la misma idea

Nadie debe tener privilegios fiscales, tampoco la iglesia catolica.
Se ha dado un paso, pero no nos conformamos: trabajamos para revisar las exenciones en el IBI de las que se beneficia la Iglesia Católica.https://t.co/Tu8pQVpAZo

— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) March 29, 2023

Europa Laica lanzó un comunicado cargado de reproches al Gobierno, al que acusó de firmar un "acuerdo de mesa camilla con tintes gatopardianos". La institución que preside Juanjo Picó afirmó que el acuerdo es una "cortina de humo" que tapa la cuestión central, que a su juicio es la pendiente "denuncia y derogación" de los Acuerdos de 1979".