El investigado en Andalucía por el pelotazo fallido de los test ya logró otro contrato de la mano de un cargo del PP

Un dato hasta ahora desconocido ha dado una nueva vuelta de tuerca al ya conocido como caso de los maletines de test covid en Andalucía, el intento fallido de que el Gobierno andaluz comprase en 2020 unas pruebas diagnósticas por cinco millones más de lo que el propio vendedor pretendía. Y esa vuelta de tuerca se resume así: Manuel García Gallardo, el empresario investigado por aquella operación de los maletines coreanos –finalmente abortada una vez que de manera insólita alertó de la estafa quien aspiraba a vender el producto, Félix Guerrero–, ya había obtenido antes un contrato de emergencia en Andalucía: justamente para la venta de test covid por 230.000 euros. ¿Cómo? Yendo de la mano de una empresa –Far Andalus SL– cuyo copropietario es el número 3 del PP de Granada, Antonio Díaz.

Las versiones facilitadas sobre aquel episodio a infoLibre por la defensa de García Gallardo y directamente por Antonio Díaz se contradicen radicalmente: cada uno de ellos señala al otro como quien contactó y negoció la venta con el Gobierno que preside Juan Manuel Moreno. Este periódico transmitió a la Junta de Andalucía, a través de uno de sus portavoces, la información de que disponía sobre la actuación conjunta de García Gallardo y la empresa Far Andalus SL para obtener una respuesta. Nunca se produjo.

El nombre de Far Andalus ya lo había sacado a la luz el asesor de la Junta de Andalucía supuestamente involucrado en el pelotazo fallido de los maletines covid y también imputado en el caso, Guillermo González. En un breve “escrito aclaratorio” que la Policía reproduce dividido en seis puntos, González dedicó uno de ellos a enunciar lo siguiente: que la “única ocasión” en que contactó con el director general de gestión económica del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Antonio Miranda, fue para “comentarle” que conocía “un laboratorio en Granada (Far Andalus SL)” que disponía “de un pequeño stock”.

Y lo que el director general José Antonio Miranda le dijo meses más tarde a la Policía –septiembre de 2021, y así consta en el sumario– fue esto: que el asesor Guillermo González “manifestó que tenía unos amigos en Granada [Far Andalus SL] que tenían test”. Tras los análisis pertinentes, terminó comprándolos el SAS.

El dueño de Far Andalus, Antonio Díaz, niega conocer al antiguo asesor. Nunca –“en absoluto”– contactó con la Junta, fueron sus palabras en conversación con este periódico. "Ni sé la cara que tiene", remarcó. Destituido y denunciado ante la Fiscalía en diciembre de 2020 por el Ejecutivo regional tras avisar el empresario Félix Guerrero de que habían tratado de hacerle partícipe de una estafa –vender por 24,4 millones lo que ofrecía por 19,4–, Guillermo González fue renovado a los seis meses en el cargo de secretario general del PP en el municipio cordobés de Cabra.

Su reelección se produjo durante un congreso al que asistieron el número 3 del PP andaluz, Toni Martín, y el consejero de Hacienda, Juan Bravo. A final de año –asegura el mismo González– se desligó del partido. El antiguo asesor de la Consejería de Salud ha declinado ahora hablar sobre Far Andalus y el nexo tejido entre esa empresa y Manuel García Gallardo.

El misterio de quién negoció con la Junta

Respecto a la venta de test a través de Far Andalus SL, el abogado de García Gallardo sostiene que la decisión de poner en manos del SAS aquellos test a nombre de Far Andalus SL no fue de su cliente, “quien no interviene en esa gestión y a quien resulta indiferente si se vende al SAS o a cualquier entidad, pública o privada”. Así consta en el texto remitido a este medio por el letrado Manuel Hortas. "Nuestra intervención se limitó a ofertar a Far-Andalus la adquisición de una partida de test que nos habían ofrecido a través de nuestra red comercial en China. Nosotros no hemos comercializado directamente ningún producto médico en España porque carecíamos de las licencias oportunas. Es Far Andalus quien contrató con los compradores destinatarios de los productos". Esa fue su respuesta completa.

En sentido opuesto, y durante una conversación telefónica mantenida el miércoles con infoLibre, el copropietario de Far Andalus SL, concejal de oposición en Atarfe y vicesecretario de organización del PP granadino, Antonio Díaz, dijo literalmente lo contrario: la venta de los test “la facturamos a la Consejería [de Salud] pero no nos encargamos de la venta ni de hacer las negociaciones ni hicimos nada, este señor se encargó de hacerlo todo”.  “Este señor" es Manuel García Gallardo. "Se encargó –continúa Díaz– de traerlos [los test], de venderlos, de cobrarlo y todo”, agregó en otro momento de la conversación.  “Lo único que hicimos –remató en referencia a su empresa de distribución farmacéutica– fue comprar un producto y lo vendimos con un margen de un 5%”. La Policía tomó declaración al socio de Antonio Díaz pero solo en calidad de testigo.

¿Por qué intervino entonces Far Andalus SL como una especie de parapeto, es decir, la empresa que aparecía como suministradora del producto sin que quedase rastro de adjudicación para Manuel García Gallardo? Porque en el suministro de pruebas diagnósticas –contesta Díaz– “el único que puede facturar es un almacén farmacéutico”. Far Andalus SL está en efecto habilitada para la importación de medicamentos y pruebas diagnósticas in vitro. Lo atestigua la base de datos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps). En la lista no figura Makanam Est. 1968 SL, la empresa de García Gallardo que recibió el grueso del dinero abonado por la Junta a cambio de aquellos 26.500 test covid.

Fue Far Andalus la que facturó 229.334,90 euros al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por aquellas pruebas diagnósticas. Pero el dinero era para Makanam Est. 1968. Y esto no es la versión de alguna de las partes sino lo que señala la carta con la que Far Andalus comunicó al SAS que mantenía un “acuerdo de cesión de cobros” con Makanam. Con carácter “irrevocable”, la distribuidora farmacéutica solicitaba que se destinase a esa mercantil el pago de los test.

De la oferta a Elías Bendodo al aviso de la conspiración para disparar el precio

Aquella orden de trasvase económico quedó datada en junio de 2020. Dos meses más tarde, el empresario Félix Guerrero le contó “a finales de agosto” al número 2 del Gobierno andaluz, el consejero de Presidencia Elías Bendodo, su intención de “introducir en la Junta un producto de fabricación coreana”: los maletines de test covid. Vecino de Bendodo en una urbanización veraniega de Málaga, el entrecomillado anterior pertenece a la denuncia que Guerrero terminó presentando ante la Policía.

En su relato, que no oculta que la oferta inicial de venta la hizo a través de su vecino y no del cauce oficial, Guerrero narra lo que pasó a renglón seguido: que poco después de su oferta a Bendodo, el equipo del empresario Manuel García Gallardo contactó con él el 8 de septiembre. Y a través de una videoconferencia posterior le dejaron “clara una cosa”: “Yo tengo que dar un precio, desde la Junta lo incrementan y ellos (los intermediarios) nos giran una factura y liquidan a ese hombre”. Liquidar, aquí, se usa en la acepción de saldar pagos. El hombre al que se refiere Guerrero es el asesor Guillermo González. Según su denuncia, García Gallardo le había hablado de González como el jefe de gabinete del consejero de Salud, cargo que nunca ocupó. Y le dijo dos cosas: que quería "un incentivo para ellos" y que actuaba "con autorización de alguien de arriba".

En referencia a los “intermediarios” –García Gallardo y los suyos–, la denuncia de Guerrero prosigue así: “Dicen que es una oportunidad, y añaden que tienen un par de personas en relaciones institucionales muy potentes, que cubren todo el espectro, de altísimo nivel, que uno fue ministro y el otro es ahora mismo un altísimo cargo de la Junta en estos momentos”. Guerrero dio copia a la Policía de lo que él mismo había grabado. Y lo había grabado todo.

El abogado de García Gallardo niega que su cliente haya hecho algo distinto a embarcarse en negocios legales. La compra de los test que Far Andalus facturó a la Junta de Andalucía –escribe en su respuesta a infoLibre– fue una operación “con la finalidad de obtener un beneficio, como corresponde a toda actividad empresarial”. Y “cualquier otra versión de los hechos (…)  forma parte del proceso de enfrentamientos políticos entre partidos”.

En ese enfrentamiento –prosigue– “la imagen de mi cliente está siendo utilizado por unos y otros sin pudor ni vergüenza alguna, causándole perjuicios indudables para cuyo resarcimiento ejerceremos las acciones oportunas”. El atestado policial que conforma el eje del sumario “ha sido distribuido de forma interesada por quienes puedan haber tenido acceso a su contenido”. “Contiene –persiste Hortas– afirmaciones temerarias e infundadas, que ya han sido contradichas en sede judicial por los testigos que han declarado”.

El lunes, el diario Abc publicó que empresas de García Gallardo recibieron siete millones en subvenciones del Gobierno central durante la etapa de Rodríguez Zapatero. El rotativo añadió que su esposa, Silvia López Gallardo, pertenece al PSOE y fue delegada de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz. Publicó asimismo que el propio García Gallardo fue “un joven dirigente de Nuevas Generaciones” en la localidad gaditana de San Fernando: su presidente, reveló el diario El País en 2013.

Los anteriores trazos biográficos sobre el jerezano García Gallardo y su esposa, peculiares por la escasez de parejas mixtas desde el punto de vista político, son ciertos.  Respecto a la militancia socialista de la esposa de García Gallardo, el letrado Hortas recalca que “Silvia no ejerce actividad política desde hace ya tiempo”. Según su criterio, y aunque asegura carecer de datos sobre las subvenciones recibidas del Gobierno central bajo mandato socialista, el jurista que defiende a García Gallardo considera que ese sería en cualquier caso un dato favorable. Porque “demostraría que no tiene ningún tipo de afinidad política con ningún partido y que se limita a ejercer su actividad empresarial de la mejor forma posible en todos los ámbitos a las Cortes lo que tiene alcance".

Coincidencia política con el viceconsejero de Presidencia pero nunca "amistad"

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Fuentes del PSOE aseguran que en Nuevas Generaciones se afianzó una amistad entre el empresario y el ahora viceconsejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, presidente del PP de Cádiz durante años. “Hasta donde yo sé –rebate el abogado del empresario– no eran muy amigos, aunque se conocían y tenían trato, pero no eran afines ni personal ni políticamente”.

En el extremo opuesto de la versión socialista se sitúa la que ofrece un portavoz de Sanz: "El viceconsejero de Presidencia ni ha tenido ni tiene una relación de amistad con Manuel García Gallardo". "El PP de Cádiz, siendo Antonio Sanz presidente del partido en esta provincia, se personó como acusación popular contra García Gallardo por el caso Quality Food", añade la fuente. Y, a la vez que recuerda que Sanz habla de "mafia" y "golfos" en relación a ese empresario, el portavoz cierra sus declaraciones así: "El PP de Cádiz ha vuelto a personarse recientemente tras reabrirse el caso". El caso Quality Food, cuyo juicio ha ordenado el Supremo repetir, gira en torno a la estafa que supuestamente infligió esa empresa a la Zona Franca de Cádiz mediante un trasvase de fondos públicos bajo el mandato del PP.

Como desveló Diario de Sevilla, a lo largo de los cuatro días siguientes a la llamada de alerta a Elías Bendodo que en septiembre de 2020 hizo Félix Guerrero, el empresario que quería vender a la Junta los maletines coreanos de test covid, Antonio Sanz mantuvo 16 contactos telefónicos con el asesor bajo sospecha de formar parte de la trama: el finalmente destituido y denunciado aunque luego reelegido cargo del PP en Cabra (Córdoba) Guillermo González. Sanz habló con él antes que con el empresario denunciante en lo que uno de los informes policiales incorporados al sumario califica de secuencia "incomprensible". Fuentes de la Consejería de Presidencia andaluza ya subrayaron semanas atrás que "el tráfico de llamadas se limitaba a esclarecer los hechos tal y como denunciaba el empresario [Félix Guerrero] inicialmente".