El juez alarga el caso de la segunda estafa sanitaria a Almeida para investigar si se repartieron comisiones
La investigación judicial sobre la segunda estafa sufrida por el Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario durante la pandemia de coronavirus seguirá viva, como poco, hasta el próximo verano. El instructor del conocido como caso Sinclair, que gira alrededor de la compra por parte del consistorio de la capital de mascarillas defectuosas, ha prorrogado seis meses más las pesquisas a la espera de recibir nueva información bancaria e investigar si se pagaron comisiones alrededor de la operación. Es la quinta vez que el magistrado, Jorge Israel Bartolomé, alarga una investigación repleta de obstáculos, en la que ni siquiera se ha podido aún localizar y tomar declaración al principal investigado: el escurridizo empresario Philippe Solomon.
La existencia de este segundo engaño al equipo de José Luis Martínez-Almeida se conoció a través de la investigación del caso mascarillas, por el que ha sido condenado el empresario Alberto Luceño. Se centra en un contrato para la adquisición de medio millón de cubrebocas adjudicado a finales de marzo de 2020 a la consultora estadounidense Sinclair&Wilde LTD por 2,5 millones de euros, a un precio unitario de cinco euros. En la operación bajo la lupa, además, intermedió una empresa española –Aifos Servicios Legales y Consultoría–, que logró entrar en contacto con el consistorio a través del concejal del PP y presidente del Pleno de Madrid, Borja Fanjul Fernández-Pita.
La investigación judicial arrancó en marzo de 2021, a raíz de un atestado policial que ponía de manifiesto el carácter inservible de los cubrebocas entregados –no cumplían con los estándares normativos– y planteaba un posible delito de estafa agravado. Una causa que, sin embargo, se cerró provisionalmente ante la imposibilidad de localizar al principal investigado. Y así, guardada en un cajón, estuvo durante casi un año. Un informe policial en el que se aportaban nuevos datos sobre el supuesto estafador, un empresario franco-israelí que opera con varias identidades, permitió la reapertura del caso, que casi tres años después avanza lentamente.
El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción nº 30 de Madrid, mantiene vivo el caso apoyándose en distintas diligencias pendientes de practicar. Por un lado, tal y como consta en el auto de prórroga, al que ha tenido acceso infoLibre, aún está a la espera, entre otras cosas, de que le llegue información bancaria relevante para la investigación. En concreto, los movimientos de una cuenta española que recibió una transferencia de dinero procedente de Sinclair&Wilde a través de su cuenta en Bank of America.
El magistrado comenzó a tirar de este hilo después de analizar la información remitida por las autoridades estadounidenses sobre esta cuenta de Bank of America, en la que el consistorio hizo el abono por las mascarillas que nunca pudieron usarse y que fue cerrada, precisamente, cuando la investigación judicial española estaba ya en marcha. Entre las 79 entradas y salidas de fondos recogidas entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 –el periodo solicitado por el instructor– consta el envío de 30.000 euros a la cuenta bancaria española que ahora se sitúa bajo la lupa del magistrado. Una transacción en la que figura como beneficiario un tal Said A.
"Una cantidad concreta de 250.000 euros"
Este nombre fue puesto sobre la mesa por Christian G., propietario de una consultora a quien la dueña de Aifos Servicios Legales y Consultoría, puerta de entrada de Sinclair&Wilde en el consistorio, pidió ayuda para traer mascarillas en lo peor de la pandemia. Durante su comparecencia, a cuya transcripción ha tenido acceso este diario, aseguró que Said A., al que aún no se ha podido tomar declaración como testigo –se está a la espera de una nueva citación–, hacía de intermediario con el empresario franco-israelí investigado: "Yo nunca he tenido relación [con Solomon], siempre fue a través de la gente que le representaba, en este caso Said".
A lo largo de la declaración, también hizo referencia a comisiones acordadas de forma verbal. "¿Sabes cuál fue el porcentaje?", preguntó el magistrado. "Era una cifra, una cantidad concreta de 250.000 euros", lanzó. Un dinero que, según aseguró en su comparecencia, nunca vieron. Por lo menos él. "¿Fueron pagadas las comisiones?", cuestionó el instructor. "No, hasta donde yo sé no, ni para mí ni para el resto", contestó. Algo en lo que insistió durante el interrogatorio: "Yo no he recibido ningún pago. Y sobre el resto, creo que ellos tampoco". No obstante, reconoció que esto último no podía afirmarlo con rotundidad.
El juez de la segunda estafa a Almeida investiga el envío de 30.000 euros a una cuenta bancaria española
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Durante la declaración se pusieron sobre la mesa, además del de Said A., varios nombres más a los que el instructor también pretende escuchar. Uno de ellos es el de Morris S., un abogado de Los Ángeles al que quiere oír como testigo en junio. "Durante la declaración de Christian G. se mencionó a diversas personas que habrían intervenido en la operación comercial y con las que habría acordado un reparto de comisiones por la compra de las mascarillas investigadas", resalta el instructor en la solicitud de asistencia judicial remitida a Estados Unidos. "Este hombre desapareció de escena cuando las mascarillas que se suponía que iban a llegar a Madrid un viernes no llegaron", explicó sobre Morris S. el testigo.
En su último auto de prórroga de la instrucción, el magistrado reconoce las "muchas dificultades" para localizar y tomar declaración al principal investigado, Philippe Solomon, un escurridizo empresario que habitualmente utiliza la identidad de Philippe Víctor Chaim Hababou y que dispone de tres pasaportes –francés, israelí y de Guinea Bissau–. "Han resultado negativas todas las gestiones practicadas para su localización tanto por las autoridades de EEUU como las llevadas a efecto por OCN Interpol Madrid respecto de su paradero en Turquía", expone en su resolución.
Esta mención al país que preside Recep Tayyip Erdoğan tiene su explicación en un correo electrónico recibido el pasado mes de enero: "Contra el investigado se giró orden de aprehensión por defraudación agravada y el 20 de diciembre de 2023 fue aprehendido y puesto bajo custodia. Tras el interrogatorio ante la Fiscalía Pública de Estambul, el individuo fue remitido a los tribunales y actualmente se encuentra sujeto a medidas de control judicial que restringen su movimiento".
