El juez del 'caso Lezo' descubre en Colombia el botín de Ignacio González: 4,6 millones de euros en metálico

La Audiencia Nacional ha descubierto y decomisado el botín que escondía en Colombia el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, según adelantaba este viernes  la Cadena Ser.

Gracias a la ayuda de las autoridades judiciales y policiales colombianas,  los investigadores de la operación Lezo se han incautado de 5,4 millones de dólares en metálico –4,6 millones de euros– que el ex número dos de los gobiernos de Esperanza Aguirre ocultaba en cuentas a nombre de sociedades tituladas por testaferros, además de varios bienes inmuebles que tenía en el país sudamericano.

Se trataría, según la Ser, de la fortuna que el expresidente habría amasado durante años a través de la trama del Canal Isabel II, investigada en el marco de la operación Lezo. En este sentido, la información apunta a que este descubrimiento habría facilitado la puesta en libertad, el pasado viernes, de Ignacio González, ya que disminuye el riesgo de destrucción o alteración de prueba y, sobre todo, el riesgo de fuga.

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La pasada semana viajaron a Colombia el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y el fiscal de Anticorrupción, Carlos Yáñez. Durante su visita tomaron declaración a un testigo clave, que es quien habría aportado las pruebas sobre la fortuna que el expresidente.

Este informador, que formaba parte del engranaje desplegado por González en Colombia, se derrumbó ante el juez y el fiscal y no solo aportó pruebas de que el expresidente madrileño estuvo siempre al mando de la compra de la empresa brasileña Emissao, que causó un agujero de 25 millones al erario público madrileño repartidos en comisiones, sino que ofreció detalles del entramado empresarial tras el que supuestamente se oculta González así como de las cuentas bancarias en las que guardaba los 5,4 millones de dólares.

Las cuentas han sido ahora bloqueadas y además se ha inmovilizado distinto patrimonio inmobiliario de González a nombre de testaferros. Mientras que el dinero será puesto a disposición de la Justicia española, Colombia considera que le corresponden parte de las propiedades porque las actividades delictivas también han perjudicado a ese país.