La justicia británica frena la extradición de Assange y le permite recurrir de nuevo

La High Court de Londres da un balón de oxígeno al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Tras varios meses de tensa espera, los magistrados Victoria Sharp y Adam Johnson han decidido este lunes frenar temporalmente la extradición a Estados Unidos del periodista y concederle una vez más la posibilidad de recurrir su entrega ante la justicia británica al entender que las garantías aportadas por la Administración de Joe Biden a mediados de abril en el caso no son suficientes como para dar luz verde definitiva al envío de Assange a suelo estadounidense.

Estados Unidos fue el único país que decidió iniciar una ofensiva legal por las filtraciones de WikiLeaks. Tras su detención en la Embajada de Ecuador en Londres, en la que estuvo refugiado durante siete largos años y en la que fue espiado, el Departamento de Justicia americano solicitó formalmente a Reino Unido la extradición de Assange, a quien se imputan delitos de espionaje o conspiración para infiltrarse en ordenadores gubernamentales que podrían implicar una condena de hasta 175 años de cárcel. Se abrió entonces una batalla judicial que se ha prolongado durante todo un lustro. Un enfrentamiento jurídico que el periodista australiano ha seguido desde la prisión de máxima seguridad de Belmarsh.

En primera instancia, los tribunales británicos rechazaron la extradición de Assange por razones humanitarias. La jueza Vanessa Baraitser consideró que se si autorizaba la entrega el riesgo de que el fundador de WikiLeaks se suicidara era "elevado". Pero Estados Unidos recurrió y presentó una serie de garantías para garantizar la seguridad del periodista si era extraditado –entre otras, que no sería encerrado en una prisión de máxima seguridad y que recibiría "tratamiento médico y psicológico apropiado"–. El tribunal de apelaciones revocó entonces la decisión de Baraitser. Y el Supremo, unos meses después, desestimó el recurso presentado por los abogados de Assange contra esta última decisión.

El Gobierno británico firmó entonces la orden para que el fundador de WikiLeaks fuera enviado a suelo americano. Pero la defensa del periodista volvió a maniobrar. Y solicitó, de nuevo, permiso para recurrir. Lo hizo poniendo sobre la mesa hasta nueve motivos diferentes de apelación –los llamados grounds of appeal–, en los que señalaban, entre otras cuestiones, que la entrega era contraria al tratado de extradición entre EEUU y Reino Unido o que chocaba contra varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos –entre otros, el relativo a la libertad de información–. Puntos de apelación sobre los que se discutió largo y tendido a finales de febrero en una audiencia de dos días celebrada en la High Court de Londres.

Los magistrados vieron entonces que la defensa de Assange tenía base jurídica sólida como para recurrir su entrega en tres de los puntos de apelación. En concreto, aquellos que versaban sobre la posibilidad de que pueda verse vulnerado el derecho a la libertad de información, de que el periodista pueda recibir un trato discriminatorio por su nacionalidad en un futuro proceso judicial en suelo estadounidense o de que se le pueda imponer una condena a muerte. Ahora bien, decidieron dejar dicha apelación en el aire a la espera de ver si Estados Unidos ofrecía garantías para cubrir todas esas lagunas.

En una nota diplomática remitida por la embajada estadounidense en Londres, las autoridades americanas se comprometieron a que Assange "no se verá perjudicado por razón de su nacionalidad con respecto a las defensas que pueda alegar en el juicio y en la sentencia". También señalaron que no se solicitaría ni se le impondría la pena de muerte. El hecho de haber puesto todas estas garantías sobre la mesa es lo que terminó derivando en la vista de este lunes, en la que los magistrados tenían que decidir si las mismas eran o no suficientes y si el fundador de WikiLeaks podía, o no, apelar nuevamente ante los tribunales británicos su extradición.

Al final, Sharp y Johnson han decidido dar una nueva oportunidad en Reino Unido al periodista. En concreto, han concedido el permiso para apelar sobre los dos primeros puntos, que giran alrededor de la posibilidad de acogerse a la Primera Enmienda –que garantiza la libertad de prensa–, pero no sobre el relativo a la pena de muerte. "La apelación de esos dos puntos se hace en relación a todos los cargos que se le imputan (a los 18), sin exclusión de ninguno, porque la High Court considera que todos ellos podrían estar afectados", explican fuentes jurídicas.

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Ahora, la justicia británica deberá analizar a fondo estos dos puntos de apelación, algo que retrasaría de nuevo una posible entrega del fundador de WikiLeaks. Primero, porque no podría producirse mientras se estudian en detalle todos estos puntos. Y segundo, porque una resolución sobre el fondo de los mismos –ya sea positiva o negativa– podría ser recurrida de nuevo ante el Tribunal Supremo. Por el momento, explican fuentes jurídicas, el próximo viernes se celebrará una nueva vista "para formalizar la organización de los tiempos de apelación sobre estos dos puntos".

Las filtraciones de WikiLeaks pusieron al desnudo las vergüenzas de medio mundo. Desde que echó a andar allá por 2006, se han destapado redes de corrupción en África, incidentes nucleares, vertidos tóxicos, tramas bancarias o detalles sobre la censura en Internet. Pero también graves violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos. Es el caso del asesinato indiscriminado de civiles en Irak desde un helicóptero Apache del Ejército estadounidense, un vídeo que circuló por todo el planeta y que hizo que WikiLeaks ganase relevancia pública. O la filtración relativa a las torturas cometidas contra presos de Guantánamo o Abu Ghraib, un centro de detención ubicado a pocos kilómetros de Bagdad.

Las revelaciones también tuvieron repercusiones en España. Sobre todo, a raíz de la publicación de los llamados papeles del Pentágono, más de 250.000 documentos con niveles de confidencialidad de todo tipo enviados por la Administración estadounidense a sus representaciones diplomáticas en todo el mundo. Si algo pusieron de manifiesto aquellos cables, publicados por el diario El País, fueron las maniobras de EEUU para intentar frenar algunas causas judiciales que le afectaban seriamente. Entre ellas, la de José Couso, el cámara español asesinado por las Fuerzas Armadas estadounidenses mientras se encontraba informando sobre la invasión de Irak desde el Hotel Palestina, cuartel general de los periodistas internacionales.