Del juez Serrano a Le Pen: la afición de la extrema derecha a las "paguitas" que usa para malversar

La condena a la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, ha generado un terremoto político en su país y un aluvión de reacciones internacionales, especialmente por parte de sus aliados. La líder de Reagrupamiento Nacional ha sido condenada por un delito de malversación de 2,9 millones de euros de fondos públicos junto con ocho eurodiputados de su partido. La sentencia considera probado que durante once años la formación ultra desvió las subvenciones del Parlamento Europeo destinadas a la contratación de asistentes en Bruselas o Estrasburgo para pagar a sus empleados en Francia. Le Pen deberá cumplir una pena de inhabilitación de cinco años con ejecución inmediata —que no afecta a su escaño de diputada—, cuatro años de prisión y una multa de 100.000 euros. Así, queda eliminada de la carrera presidencial de 2027.

Desde su formación han llamado a la movilización en las calles contra una condena que consideran desproporcionada e injusta, al tiempo que diversos dirigentes ultras han mostrado su solidaridad con Le Pen: desde el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, pasando por el Kremlin, que calificó la sentencia como "una violación de las normas democráticas" hasta el líder de Vox, Santiago Abascal, que atribuyó lo ocurrido a una campaña para "acallar la voz del pueblo francés". Otros líderes de la ultraderecha europea como la primera ministra Giorgia Meloni y su vicepresidente Matteo Salvini también han manifestado su apoyo a la francesa, al igual que el holandés Geert Wilders y el rumano George Simion.

Tampoco se quedó atrás la mano derecha del presidente estadounidense Donald Trump, Elon Musk, que se sumó a los reproches contra el veredicto del Tribunal de París. "Cuando la izquierda radical no puede ganar mediante el voto democrático, abusa del sistema legal para encarcelar a sus oponentes", escribió el  hombre más rico del mundo, ahora encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental del Gobierno de EEUU en X, la red social de la que es propietario. "Este es su libro de jugadas estándar en todo el mundo", añadió.

El caso ha generado división de opiniones en Francia, pero las principales asociaciones judiciales han cerrado filas tras la decisión. El tribunal sostiene que Le Pen, los otros ocho eurodiputados y los 12 asistentes firmaron "contratos ficticios": "Ha quedado probado que todas esas personas trabajaban en realidad para el partido y que su eurodiputado no le había confiado ninguna tarea", señalan En 2018, el Parlamento Europeo estimó el importe total desviado en 6,8 millones de euros, correspondiente a un periodo entre 2004 y 2017.

Caso Serrano

El caso de Le Pen recuerda a otros episodios con la extrema derecha como protagonista en los que también se han utilizado recursos públicos para malversar como el 'caso Serrano', que implicó al que fuera juez estrella de Vox y su candidato en 2018 a las elecciones de Andalucía. Francisco Serrano se presentó como un candidato que iba a limpiar la política andaluza y a acabar con las "paguitas", pero al "hombre bueno" de Santiago Abascal le espera el banquillo de los acusados. Y precisamente por un posible fraude con una subvención pública. Ni siquiera eso que Vox llama una "paguita", sino una subvención millonaria.

El caso Serrano tuvo su origen en 2016. Tras sus pésimos resultados como candidato de Vox en 2015 e inhabilitado como juez por prevaricación, Serrano decidió convertirse en un hombre de negocios mientras iba cultivando su imagen de referente conservador en Sevilla. Y eligió el sector del biocombustible a base de madera, los pellets. La idea: fundar una empresa y conseguir una ayuda pública. Para ello el juez y Enrique Pelegrín constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Biowood Niebla. Y ahí mismo, en el origen, empezaron las trampas. Los fundadores de la sociedad le atribuyeron ante notario a esta sociedad una maquinaria que en realidad no tenían para engordar sus fondos propios. Fue esa falsedad la que les permitió obtener 2,4 millones de euros de ayuda pública que, sin esos supuestos fondos propios, no hubieran podido obtener.

A la espera de que se celebre el juicio, Juan Gutiérrez, el instructor del caso de posible estafa y fraude de subvenciones ha impuesto a Serrano y a sus dos socios más de 3,3 millones de euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias" derivadas del posible fraude. "De no prestarla [la fianza] se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma", señaló el auto. Serrano sufrió el embargo de bienes por parte de Hacienda a raíz de este caso, desvelado en 2019 por infoLibre, periódico al que denunció ante los tribunales –sin éxito– por revelación de secretos.

El 'caso Serrano' no es una excepción dentro del historial de Vox, ya que la formación está siendo actualmente investigada por la Fiscalía Anticorrupción por presunta financiación irregular por utilizar métodos para captar fondos de manera opaca con unas "huchas", además de fondos extranjeros de modo ilegal al recibir dinero procedente de un banco cercano a Orbán. Además, Macarena Olona, exportavoz en el Congreso y candidata a la Junta de Andalucía, también denunció los desvíos de dinero del partido a través de la fundación Disenso.

Caso Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro tiene diversos frentes abiertos con la Justicia brasileña, con acusaciones que van desde falsificar su cartilla de vacunación hasta tramar un golpe de Estado para tratar de desbancar a Lula da Silva pasando por la apropiación de forma indebida de unas joyas que la familia real de Arabia Saudí entregó a una comitiva brasileña en una visita oficial a ese país en 2021. Se trataba de relojes Rolex, pendientes, un rosario árabe y un collar de oro y diamantes de Chopard. Según las estimaciones de los peritos policiales, len su conjunto tenían un valor de 5 millones de reales, lo que equivale a un millón de dolares.

Bolsonaro, pese a no participar en ese viaje, trató de lucrarse personalmente y venderlas en Estados Unidos. Cuando el escándalo estalló las devolvió, pero la Policía Federal consideró que había indicios suficientes para acusarle de al menos tres delitos: apropiación de bienes públicos, blanqueo de dinero y asociación criminal, ya que involucró a varias personas de su círculo de confianza, incluyendo a altos cargos del Gobierno. Según las investigaciones, Bolsonaro sí vendió algunas de esas joyas a través de intermediarios, pero sus colaboradores las acabaron recomprando una vez que el Estado exigió su devolución.

Esta misma semana transcendió que el expresidente brasileño será juzgado en los próximos meses después de que el Tribunal Supremo aceptara la denuncia de la Fiscalía contra él por liderar una conspiración para perpetrar un golpe de Estado. Cuando perdió el poder, Bolsonaro perdió también la inmunidad de la que había disfrutado durante más de treinta años y en 2023 los jueces lo inhabilitaron para concurrir a las elecciones hasta 2030, al igual que ha sucedido ahora con Le Pen, por abuso de poder para deslegitimar las elecciones.

Caso Ibiza

Le Pen, inhabilitada cinco años tras ser condenada por el desvío de fondos públicos del Parlamento Europeo

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En el año 2019 saltó el 'caso Ibiza' que acabó con la carrera del entonces líder de extrema derecha en Austria Heinz-Christian Strache, entonces vicecanciller, tras revelarse un vídeo en el que Strache ofreció contratos públicos a cambio de financiación para su partido a una mujer que se hizo pasar por la sobrina de un oligarca ruso. El escándalo provocó la ruptura de la coalición de gobierno y la convocatoria de elecciones.

El vídeo fue grabado con cámara oculta en julio de 2017 en una villa de Ibiza en el que el líder del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) planteaba vías de financiar ilegalmente a su partido, y se jactaba de recibir donaciones millonarias de grandes empresas. "No pagan al partido, sino a una asociación sin ánimo de lucro. Le tienes que explicar que eso no pasa por el Tribunal de Cuentas", explicaba a su interlocutora. En 2021 un tribunal de Viena le condenó a 15 meses de prisión  por haber favorecido a una clínica privada a cambio de 10.000 euros, un caso que se descubrió tras confiscar su teléfono a raíz del 'caso Ibiza'.

También se conoció que Strache había cargado durante años de manera indebida gastos personales a su partido y que este le pagaba parte del alquiler de su vivienda y sustanciosas dietas. Así, rápidamente se desbarató su imagen de político que denunciaba las prácticas corruptas, lo que culminó con un batacazo electoral del FPÖ. En las últimas elecciones celebradas en septiembre del 2024, fue la primera fuerza con Herbert Kickl a la cabeza, ministro de Interior cuando estalló el 'caso Ibiza', posteriormente destituido.