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Activismo LGTBI

Ni ley de igualdad ni dejar de considerar la transexualidad una patología: las leyes LGTBI encallan con el adelanto electoral

Un grupo de asistentes a la manifestación del Orgullo LGTB en Madrid.

Nada más ganar la moción de censura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso diferenciarse del Ejecutivo anterior del Partido Popular. Lo hizo con el anuncio de nuevas medidas, de reformas y, también, mediante gestos. Y el colectivo LGTBI fue uno de los colectivos con los que el líder del Ejecutivo quiso marcar el comienzo de una nueva etapa. Tan solo un mes después de llegar a la Moncloa, y con motivo de la celebración de las fiestas del Orgullo, Sánchez expresó su apoyo al colectivo y aseguró que seguiría "trabajando" por la igualdad. Pero esa intención ha quedado condenada con el adelanto electoral. Así lo denuncia la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), que critica que algunas de las leyes más esperadas por la organización quedarán ahora encalladas sin llegar a ver la luz. "Tendremos que empezar el proceso de nuevo", lamenta Uge Sangil, presidenta de la FELGTB, en conversación con infoLibre. 

El próximo 5 de marzo se disolverán las Cortes y se convocarán, de forma oficial, las elecciones generales. Por tanto, el último Pleno será el que se celebre del 26 al 28 de febrero. Todo lo que no llegue a la Cámara Baja para entonces, quedará pendiente. Incluidas las leyes LGTBI que se encontraban, actualmente, en proceso de tramitación. 

Unidos Podemos intentará que no sea así. Según informó Europa Press, la formación intentará que, antes de que termine la legislatura, el Gobierno apruebe por decreto ley los acuerdos alcanzados por la mayoría del Congreso. Lo harán para que los trabajos que se han llevado a cabo hasta ahora "no se pierdan" y tengan que comenzar, otra vez, desde cero. 

Se trata, entre otras, de la ley de igualdad LGTBI y de la reforma de la normativa 3/2007, que pretendía acabar con la patologización de las personas transexuales y que, según Unidos Podemos, se iba a votar en "cuestión de semanas"

No obstante, Sangil se muestra optimista. "En esta legislatura había un compromiso de todos los partidos del Congreso para sacar adelante la ley de igualdad", recuerda. Un compromiso que, por otra parte, el PP incumplió al presentar una enmienda a la totalidad. "Pero el resto de partidos estaban a favor", explica. Por eso entienden que en la siguiente legislatura contarán "con los mismos apoyos". "Sin vaticinar quiénes estarán en el Gobierno o no, entendemos que se volverá a presentar la ley y se trabajará en ella", asegura. "Aunque empecemos de cero, aprovecharemos lo adelantado y, a lo mejor, se harán algunos retoques, aunque la esencia será la misma. Hay mucho camino andado y seguiremos contando con todos los partidos que nos apoyaron", aclara. 

Ley de igualdad: un retraso "injustificable e indignante"

El Congreso de los Diputados aprobó su tramitación en septiembre de 2017 con el apoyo de la mayoría de la Cámara Baja y con la abstención del PP, que cinco meses más tarde presentó una enmienda a la totalidad. Pero el texto que ese día comenzó su andadura, no obstante, llevaba más de un año gestándose. 

Fue impulsado por la propia FELGTB, que en colaboración con "decenas de colectivos" dio forma y contenido a la propuesta que, más tarde, registró Unidos Podemos. "Con la ley de igualdad se pierde todo lo que tiene que ver con la prevención de la LGTBIfobia", critica Sangil. "Es una ley que abarca todos los espacios y que trabaja por la conquista de la igualdad real", concreta. Y es que el objetivo del texto era homogeneizar las reglas básicas del colectivo y contra la discriminación que todavía sufre, de manera que todos los puntos del territorio estatal se rijan por criterios comunes, puesto que a nivel autonómico ya existen leyes similares. Por ejemplo, en Baleares, Cataluña, Extremadura, Murcia, Navarra y Madrid. 

No obstante, a la alegría del colectivo por la luz verde parlamentaria le siguió la indignación. El pasado 30 de octubre, la FELGTB, junto a otras 49 entidades, se manifestó en distintas ciudades españolas para denunciar el "injustificable e indignante" retraso en la aprobación de la norma"injustificable e indignante". Lo que pidieron entonces fue que se pusiera en marcha en el mes de diciembre. Y una de las razones que entonces dio Sangil es que desconocían cuánto tiempo podría durar el Gobierno de Sánchez. Ahora que el final está próximo, dan por hecho que la ley morirá con la legislatura. 

"Pero vamos a seguir trabajando en ella", matiza Sangil. Y es que el problema, asegura, radica en que algunos diputados socialistas han puesto trabas a la normativa. Sobre todo, en el aspecto que tiene que ver con la transexualidad. "El Gobierno quería que la ley saliera adelante pero estaba bloqueada por algunos miembros del Grupo Parlamentario Socialista. El tema más escabroso era el trans", lamenta. De hecho, el pasado mes de enero la FELGTB denunció que la Comisión de Igualdad había eliminado casi todo el articulado relativo a los derechos de las personas trans de la normativa que el Congreso admitió a trámite. Y ya avanzaron que, de ese modo, su organización rechazaría la ley. 

Reformar la ley 3/2007 para dejar de considerar la transexualidad una patología

La transexualidad ha sido históricamente considerada una enfermedad mental. También desde la ciencia. Tanto es así, que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), si bien dejó de considerarla una patología, comenzó a definirla como una incongruencia. Y en España la situación no es mucho más positiva. Además, recientemente, una de las amenazas que ha surgido es el auge de la extrema derecha, que podría revertir los derechos que se han conseguido hasta ahora. Contra ello ha intentado luchar la activista granadina Kim Pérez, entrevistada por infoLibre, que comenzó una huelga de hambre para luchar contra lo que puede suponer la entrada de Vox en el parlamento andaluz. 

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La ley 3/2007 permite a los trans adultos registrar oficialmente una modificación de su sexo y de su nombre en su documentación oficial, por ejemplo el DNI. Pero establece como requisito un "diagnóstico" de "disforia de género" y, además, deja fuera a los menores de edad. 

En noviembre de 2017 y con los votos en contra del PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN), el Congreso aprobó el inicio de la tramitación de una proposición de ley del PSOE para subsanar estas carencias, reiteradamente denunciadas por los colectivos trans. "La efectividad del derecho al reconocimiento de la identidad sexual y/o expresión de género y, en su caso, la rectificación de la mención registral del sexo no se podrá condicionar, en ningún caso, a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo", señalaba la proposición de ley que, además, también establecía que se facilite el cambio de género y nombre en la tarjeta de residencia de los inmigrantes transexuales. 

"La reforma planteada es muy importante porque eliminaría la patologización de las personas transexuales, que no tendrían que pasar por un psicólogo para cambiar de nombre", explica Sangil. Pero al igual que la ley de igualdad, esta reforma se quedará en el camino. "Somos la ciudadanía la que volvemos a pagar las consecuencias de tener una clase política ineficaz capaz de solventar situaciones de bloqueo en Comisiones como la de igualdad que han impedido la proliferación de leyes fundamentalmente pedagógicas y preventivas. Volvemos, además, a ser víctimas de políticos que priorizan otro tipo de intereses distintos a los de la sociedad y el bien común a la hora de aprobar los Presupuestos", denunció Sangil, según recogió la FELGTB en una nota de prensa. 

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