Del liderazgo de Cataluña a la indefinición de Asturias: qué hacen las comunidades del PSOE con la ley de vivienda

“Del caserío no me fío”, “Dame una idea, lista”, “El techo es un derecho”... el centro de Madrid se desbordó este domingo con miles de personas clamando por una vivienda digna en mitad del disparatado mercado inmobiliario con precios en máximos históricos. Las medidas, para muchos ciudadanos, son insuficientes en estos momentos y se reclaman más actuaciones políticas.

En el centro del debate está la ley de vivienda, la primera aprobada en democracia y que fue pactada por el PSOE y Unidas Podemos durante la pasada legislatura. Una de las medidas que se incluyó fue el índice de precios de alquiler y la posibilidad para declarar zonas tensionadas, un aspecto que recae en las competencias de las comunidades autónomas. Las del Partido Popular se han mostrado en contra de este aspecto, pero se pone el foco también en qué está haciendo el PSOE allí donde gobierna.

El PSOE tiene Cataluña como la comunidad más grande bajo su control. Esta fue la autonomía pionera en aplicar la ley de vivienda y las zonas tensionadas, bajo el mandato de Pere Aragonès (Esquerra Republicana). El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la semana pasada una nueva resolución para declarar otros 131 municipios catalanes tensionados por solicitud del Govern. Y asciende a 271 si se suman aquellos solicitados durante la época de los republicanos en el Ejecutivo catalán. Su aplicación supone, por tanto, abarcar las zonas donde vive el 90% de los catalanes.

Con esa declaración, se aplica el índice de precios y se promueven fórmulas de colaboración entre administraciones y el sector privado para estimular vivienda asequible en ese entorno. Además, se permite adoptar medidas de financiación para favorecer la contención o reducción de los precios de alquiler y venta y se establecen ayudas públicas específicas adicionales dentro del plan estatal de vivienda.

Según informó la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Silvia Paneque, el alquiler ha caído entre un 3 y un 5% en la zonas declaradas como tensionadas desde que se aprobó la primera tanda. Pero la Generalitat cree que hay que actuar por varios frentes y por eso Salvador Illa se ha comprometido a la construcción de 50.000 viviendas públicas en Cataluña hasta 2030 con una inversión anual de 1.100 millones de euros. Además, se impulsarán medidas como establecer una licencia básica que permita reducir un 50% el tiempo de entrega de llaves.

Euskadi está abriendo paso también en estos momentos, con la Consejería de Vivienda y Agenda Urbana controlada por el socialista Denis Itxaso. Errenteria (Gipuzkoa) ha sido el primer municipio (gobernado por EH Bildu y Podemos) que se ha declarado tensionado de la mano del Ejecutivo autonómico. Se calcula que se publique la resolución en el BOE antes del mes de enero. Después de este municipio, lo han solicitado Lasarte-Oria, Zumaia y Galdakao. Se prevé que sigan este camino también en breve San Sebastián, Irún, Bilbao y Vitoria.

Ahora mismo se está trabajando por parte de las diputaciones forales, el Gobierno vasco y el Ministerio de Vivienda en el índice de referencia. El consejero Itxaso defendió que no sólo se trata de una medida para rebajar los precios a corto plazo, sino que se va a poner mucho énfasis en los planes trianuales que conllevan esta declaración y con los que buscan revertir el tensionamiento. Según los cálculos que tienen en el Ejecutivo autonómico, hay 43 localidades en Euskadi que cumplen las condiciones para ser declaradas tensionadas. Por eso, se está animando a que lo soliciten.

Euskadi también está en contacto con Navarra para la implementación de estas medidas. El Gobierno de María Chivite, del PSN, tiene previsto hacer una primera resolución antes de que acabe este año, según señalan a infoLibre fuentes de ese Ejecutivo. La idea que manejan es que se trate de un paquete con varios municipios –que no tienen que solicitarlo por obligación–. Esto no significa que no se aprueben posteriormente otras declaraciones, como ha sucedido en Cataluña. De hecho, miran mucho a la Generalitat para seguir el camino y para aprender también de errores (como la definición de los planes).

En el Gobierno navarro, señalan las fuentes consultadas, se ha tardado un poco más porque ha habido problemas para la recopilación de todos los datos. Además, en estos momentos están trabajando codo con codo los equipos de Begoña Alfaro (consejera de Vivienda, Juventud y Política Migratorias) e Isabel Rodríguez para determinar ese índice. Asimismo, este mismo lunes en el Parlamento de Navarra se registró, por vía de urgencia, una modificación de la ley autonómica de vivienda por parte del PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para rebajar los requisitos para la declaración de zona tensionada y homologarla al texto aprobado por las Cortes Generales el año pasado.

Castilla-La Mancha es la única autonomía presidida con mayoría absoluta por parte del PSOE. Allí no se ha aprobado resolución de zona tensionada pero porque no se considera que por el momento se adecue a alguna área, pero están totalmente abiertos a hacerlo. Fuentes del Gobierno de Emiliano García-Page destacan: “Si algún ayuntamiento toma la iniciativa y lo pide, lo aprobaremos”.

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El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha salió en rueda de prensa este lunes tras la manifestación para defender una fórmula que pase por combinar la construcción de más casas y la limitación de precios del alquiler como solución al problema de la vivienda en España. En el mismo sentido abogó por mayores ayudas económicas para esos hogares y facilitar la tramitación de los mismos.

En Asturias, cuyo Gobierno encabeza el socialista Adrián Barbón, no se está aplicando en estos momentos la ley de vivienda, aunque fuentes del Ejecutivo autonómico subrayan que están totalmente de acuerdo con la norma. Por el momento sólo el Ayuntamiento de Gijón ha pedido que se declaren zonas tensionadas dos barrios: Cimadevilla y La Arena.

El consejero competente de Vivienda, Ovidio Zapico (Izquierda Unida), ha pedido un estudio interno sobre la ley y lo que conllevaría la aprobación de las zonas tensionadas respecto a los programas adicionales y la financiación específica. Fuentes del departamento indican que están a la espera de ese estudio y señalan que no saben cuándo se resolverá la solicitud que ha hecho el consistorio gijonés.