¿Sobreproteger o educar? Por qué subir a 16 la edad para tener redes genera más dudas que certezas

Las familias manifestaron una "preocupación" y, ahora, el Gobierno recoge ese guante. El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a la nueva ley de protección de menores en entornos digitales, una norma que, como explicó el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, responde a la inquietud de aquellos padres y madres que ven en las redes sociales y en el acceso a internet un "riesgo" para los más pequeños. La respuesta es múltiple: recoge por un lado una serie de derechos para los usuarios y, por el otro, una suerte de obligaciones para las tecnológicas. Pero también introduce cambios sustanciales en el día a día de los menores: con esta nueva normativa, tendrán que tener 16 años para abrir una cuenta en redes sociales.

"Un internet donde impera la desregulación y la ley de la selva es un problema para el conjunto de la sociedad, y en particular la infancia y la adolescencia: perjudica el desarrollo libre y sano de sus derechos, sus libertades, sus vidas, proyectos, etc.", argumentan fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia. El departamento dirigido por Sira Rego defiende por ello una "amplia regulación del sector" para la que este martes se ha dado, dicen, "un importante paso adelante".

El texto no sólo aborda las redes sociales. La norma, "pionera en Europa", señalan desde el Gobierno, introduce también modificaciones del Código Penal para castigar los deepfakes, los montajes hiperrealistas que han llegado a utilizarse para crear montajes pornográficos de los que fueron víctimas, por ejemplo, varias niñas en Almendralejo (Badajoz). A la vez, se regula el denominado grooming, es decir, la creación de una identidad falsa para engañar a un menor que a partir de ahora será un agravante para ciertos delitos sexuales. Y también se crean las órdenes de alejamiento digitales.

Al mismo tiempo, la nueva ley incluye también la obligación de que los nuevos dispositivos digitales que se fabriquen incluyan un control parental por defecto, que será activado en el momento de la configuración del aparato con el fin de limitar el acceso de menores a contenidos, servicios o aplicaciones inadecuadas. En este sentido se introducen las novedades relativas a las redes. En concreto, el Ejecutivo propone modificar la Ley de Protección de Datos Personales, que actualmente señala en su artículo 7 que "el tratamiento de los datos personales de un menor únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 14 años". ¿Qué implica entonces subir esa cifra hasta los 16? Que por debajo de esa edad será el padre, la madre o el tutor el que tenga que autorizarlo. Y el que por tanto permita o no la creación de un perfil en redes sociales.

Una medida ya adoptada en otros países

El Gobierno ya anunció el pasado mes de junio la medida a la que este martes ha dado luz verde, pero aun así no es el primer país en poner en marcha algo así: el pasado mes de noviembre el Gobierno de Australia ya prohibió la entrada a redes como Instagram o TikTok a los menores de 16 años. Y lo hizo, además, con una premisa muy clara: salvaguardar la salud mental de los niños y adolescentes. "Las redes sociales están dañando a nuestros niños y voy a ponerle punto final", dijo el primer ministro, Anthony Albanese.

Tampoco fue entonces una medida original. Meses antes, Puerto Rico decretó los 18 años como la edad mínima para que una persona pueda activar una cuenta en cualquier red social, una medida que es similar a la de Texas (Estados Unidos) y que el estado de Florida rebajó hasta los 14 años. En la misma línea, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y otros ocho estados de EEUU también cuentan ya con normas para blindar los móviles de los más pequeños para evitar acceder a contenidos pornográficos que van desde las multas británicas, pasando por la aplicación gubernamental francesa o la imposición de un control parental en todas las tarjetas SIM a nombre de un menor.

La premisa siempre es la misma. Y el ministro Bolaños la contextualizó en la rueda de prensa de este martes, donde señaló algunos datos. El primero, que la edad media en España para que los menores tengan móvil se sitúa en los 11 años. El segundo, que el 99% de todos ellos tienen perfiles en redes sociales. El tercero, que a esa misma edad ya acceden a contenidos pornográficos. Y el cuarto, que la mitad de ellos lo hacen accidentalmente, "navegando en redes sociales", por ejemplo. Ahora bien, ¿eso significa que prohobirlas o limitarlas es la solución?

Las deficiencias en el control

Ahora mismo, la mayoría de las plataformas tienen políticas que prohíben a las personas con menos de 13 años crear cuentas. La última en modificar esta cifra ha sido WhatsApp, que en 2018 la elevó en la UE de los 13 a los 16, aunque ha vuelto a cambiar de idea. De este modo, las compañías cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que deja en manos de los Estados de la UE establecer esa edad mínima entre los 13 y los 16 años, una horquilla a la que apeló el Ejecutivo al empezar a idear el proyecto que este martes aprobó el Consejo de Ministros.

En cualquier caso, en la mayoría de los casos esos límites de edad no están asociados a ningún tipo de filtro ni control, y eso hace que, en la práctica, las medidas no funcionen. Es el peligro del que alerta ahora Clara Burriel, experta en prevención de la violencia hacia la infancia de Save the Children, una de las organizaciones que formaron parte del comité de expertos creado por el Ministerio de Juventud e Infancia con el objetivo de definir y trabajar por entornos digitales seguros. "Esta medida supone un reto a nivel tecnológico. Se puede variar la edad, pero si no se tienen mecanismos efectivos de verificación no servirá para nada", advierte.

Preguntado por ello, el departamento de Presidencia y Justicia explica que la medida tan sólo modifica la edad para el consentimiento de los datos personales, sin especificar cuál será el sistema que comprobará que quien se está creando un perfil en una red social no tiene menos de 16 años. Es decir, resume Borja Adsuara, experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital, "si antes los menores afirmaban en las webs que sí habían cumplido los 14 aunque no lo hubieran hecho, ahora harán lo mismo pero con 16". "Sólo hemos cambiado la edad en la que mentir", lamenta. Y pide que se cumplan por ello las leyes que ya existen y contemplaban aspectos ahora insistidos en la nueva norma. Porque tanto los deepfakes como el grooming ya estaban tipificados.

Por otro lado, y más allá de los nuevos perfiles, "¿cómo se va a evaluar esta novedad en las cuentas que ya existen?", introduce también Burriel, que pide "aclarar" qué ocurrirá con todos aquellos jóvenes que ahora tienen 14 y 15 años y que ya tienen un perfil en redes como Instagram. "¿Qué hacemos con todos esos adolescentes a los que ya se les permitió el acceso?", coincide Sylvia Pérez, psicopedagoga y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya.

Responsabilidad familiar y educación

Según datos de Qustodio, España es el país donde antes se empieza a tener Instagram: el 65% de los adolescentes entre 13 y 15 años ya acceden a esta red social. Además, casi uno de cada cuatro niños de entre 7 y 9 años tiene TikTok, donde pasan casi una hora y media al día; y uno de cada cinco accede a X. No es algo banal. Según han corroborado psiquiatras, psicólogos y pediatras, los más pequeños han experimentado un importante incremento de los trastornos de ansiedad y detrás de ellos, en muchos casos, están este tipo de plataformas. Pero aun así las expertas consultadas creen que la solución no es prohibirlas.

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Se basan en distintos argumentos. Por un lado, Burriel cree que hacerlo limita por un lado la autonomía de los menores de entre 14 y 16 años, cercenando también a esos jóvenes una fuente fundamental de socialización a su edad. Por otro, Pérez añade que medidas como esta tan sólo retrasan algo que, en cualquier caso, va a terminar ocurriendo. Y para lo que es mejor educar y preparar. "Un joven no va a estar más preparado para usar las redes sociales a los 16 años que a los 14 si no se le prepara", señala la psicopedagoga. "La propuesta sólo sirve para aplazar un problema. También lo podemos trasladar a los 18, pero entonces habremos delegado la función de educar", critica.

Ahí es donde también Burriel pone el acento. Desde Save the Children, explica, se aboga por garantizar la protección de los menores en internet, pero siempre preparándoles para el futuro. Es decir, promoviendo "que se conviertan en usuarios responsables". "Estamos a favor de regular y de reconocer los derechos que pone encima de la mesa la ley del Gobierno, pero hay que tener en cuenta que debe existir un balance también con la necesidad de garantizar la autonomía y el desarrollo de los niños y niñas y adolescentes", señala la experta.

Y eso es terreno de las familias, señala Pérez. "Creo que se está lanzando el mensaje de que educar ahora es muy difícil, pero es que lo ha sido siempre. Legislarlo todo desde la prohibición es muy complicado porque no soluciona los problemas. Hay que acompañar y para eso están las familias", sentencia. En resumen: no es el hecho de tener o no redes sociales o cuándo, sino aprender a usarlas.