De los litigios eternos a las vigilancias aéreas: un siglo de pelea ecologista contra las minas andaluzas más allá de Aznalcóllar

El año 1888 es conocido como "el año de los tiros" en Huelva. Diversas manifestaciones, protestas y huelgas intentaron poner coto a la contaminación que se generaba por la explotación de las minas de Riotinto. Se les conocía como los antihumistas, frente a los humistas que pensaban que la polución era sinónimo de progreso. La tensión se gestionó a golpe de represión, bala y bayoneta, pero años después se dejó de calcinar el cobre al aire libre gracias a la considerada como la primera movilización ecologista de la historia de España. 

Un siglo después, los conflictos en torno al extractivismo se mantienen en Andalucía. Con otros métodos, pero con el mismo fondo y la misma dicotomía, en demasiadas ocasiones falsa, progreso-medioambiente. El frente más conocido es el de Aznalcóllar, donde los tribunales intentan dirimir quién debe explotar una zona donde aún se perciben las cicatrices del desastre de 1998. Pero no es el único. Los ecologistas llevan décadas al pie del cañón.

La pasada semana, El País publicó que la Junta de Andalucía lleva años negociando con Boliden, la empresa que gestionaba la mina de Aznalcóllar cuando las balsas cedieron y contaminaron Doñana, para que pague lo que costó restaurar la zona. A pesar de que una sentencia le obliga a ello, la compañía ni ha abonado lo que debe ni piensa hacerlo. 23 años después del desastre ecológico, el conflicto sigue. "Las consecuencias se siguen monitorizando por parte de algunos investigadores", explica Juanjo Carmona, responsable de la zona para WWF. "La zona ha tenido una recuperación importante", pero varios de los proyectos que impulsó el Gobierno central para revitalizar el ecosistema, como la recuperación del agua que regaba la marisma procedente del Guadiamar o el conjunto de medidas denominado Doñana 2005 no se han ejecutado al 100%. 

"Se advirtió que no iban a asumir su responsabilidad. Era algo que se sabía", lamenta el activista. El modus operandi suele ser similar por parte de las multinacionales: iniciar la actividad bajo la titularidad de una filial y, cuando pasa lo peor, declararse en bancarrota y marcharse del país, dejando el entorno sin recuperar y a la gente sin trabajo. En sus cuentas, Boliden asegura a sus accionistas que no tiene previsto desembolsar ni un euro más por el desastre. Pasa también en otras latitudes: hasta el momento, los intentos de las autoridades españolas para la armadora del Prestige abone casi 1.500 millones de euros de indemnización han sido en vano. 

Mientras la negociación sobre los sucesos de 1998 sigue en marcha, la justicia dirime quién debe explotar las minas en 2021: si el conglomerado que ganó el concurso o su competencia, que lo ha denunciado por supuestos amaños. Andalucía Mining acusa tanto a la empresa como a los responsables de la Junta de conceder los derechos sobre Aznalcóllar a Minorbis y Grupo México sabiendo previamente que la oferta, aparte de ser más cara, no cumplía con los requisitos del pliego. Además, si finalmente el asunto llega a juicio oral, la magistrada dirimirá si se han producido sobornos, unas sospechas que también mantiene un tribunal de México. 

Ecologistas en Acción también litiga. No han dejado de hacerlo, desde el siglo pasado: en nuestros tiempos, muchas de las luchas se mantienen en los tribunales. La organización quiere que se incluya en la causa el delito de prevaricación ambiental, porque consideran que Minorbis-Grupo México pretendía, a sabiendas, contaminar el Guadalmar; y que la Junta lo aceptó pese a la irregularidad. Así lo explica el activista Isidoro Albarreal, con décadas de pelea a sus espaldas. "Es un conglomerado clarísimamente diseñado para el fraude", sentencia. Pretendían, en un primer momento, verter 14 millones de metros anuales de agua cargada de metales pesados al cauce. "El mismo río que recibió el vertido", puntualiza. Con un matiz: estas aguas recibirían, en teoría, una depuración "que no nos creemos".

La propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir les dijo que eso no podía ser. Y "sugirieron", en palabras de Albarreal, instalar una tubería para expulsar el agua con metales pesados en el río Guadalquivir, con otra protección administrativa y, en teoría, más capaz de asumir esa carga. A los ecologistas tampoco les convence. "El estuario del Guadalquivir está ya muy machacado. Estamos hablando que esos metales son bioacumulativos, generan contaminación en piscifactorías, cultivos de arroz, desde aguas arriba de Sevilla capital hasta la desembocadura". El arsénico, el cadmio, el plomo o el zinc se quedan en el fondo del cauce. Durante décadas. Y tienen impacto en el ecosistema.

La actividad de Minorbis y Grupo México, en todo caso, no tiene la capacidad –opinan los ecologistas– de generar un desastre como el de 1998. En otras explotaciones de Andalucía, creen que sí. Para entenderlo hay que volver a la cuenca minera de Riotinto, espectadora de los sucesos de 1888. Tras décadas de extracción continua, la actividad se paró y volvió en 2015 de manos de Atalaya Mining. "El Proyecto Riotinto ha reactivado esta legendaria explotación, incorporando las últimas innovaciones tecnológicas en el sector minero y los conceptos de seguridad y sostenibilidad ambiental propios de la minería del siglo XXI", argumenta la empresa. Los activistas no están de acuerdo. 

Tal y como pasaba en Aznalcóllar, la mina necesita de enormes balsas para almacenar unos residuos en forma de lodo. Ecologistas en Acción cree que, tal y como están planteadas, las presas sufren un riesgo de colapso que aumenta exponencialmente a cada año que pasa. Se basan en un informe que encargaron al profesor Steven Emerman, de la Universidad de Utah (Estados Unidos), respaldado por la London Mining Network, una ONG dedicada a estas cuestiones. "La probabilidad se convierte en 95% en los próximos 19 años, por lo que la falla de las presas en los próximos 20 años es casi inevitable", asegura el especialista en el documento. Pero la justicia ha denegado hasta en cuatro ocasiones los recursos de la asociación contra la evaluación ambiental realizada por la Junta de Andalucía. La administración andaluza ha dado el visto bueno a la ampliación de las balsas, bajo la condición de una estricta vigilancia por parte de las autoridades. 

"El problema es que no han dado ninguna explicación" de por qué no les convence el informe, argumenta Albarreal. "La propia empresa lo ha desacreditado. Al autor, no al contenido. La Junta de Andalucía no ha dicho nada. La competencia en seguridad minera es de Minas, y ellos dicen que les exigen todas las garantías, pero nadie contesta explícitamente. No nos gustaría que se repitiera lo de Aznalcóllar". 

En este frente, la pelea es básicamente jurídica. En otras historias, aunque los tribunales hayan acabado dictando sentencia, se han utilizado otras herramientas. Albarreal cuenta la historia de cómo descubrieron una falla en otra mina... desde el aire. Los ecologistas cogieron un avión en 2006 para comprobar cómo se desempeñaba la extracción de cobre de la mina Las Cruces, en Sevilla. Descubrieron una concentración de metales pesados en el fondo de la corta que desembocó en una inyección directa de arsénico en el acuífero del que la provincia bebe agua potable. Tres directivos fueron condenados, diez años después, a un año de prisión. 

La Junta espera un acuerdo próximo con la empresa que lleva años evitando pagar por el desastre de Aznalcóllar

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"No podemos estar permanentemente vigilando", lamenta el activista, aunque reconoce que en aquella ocasión "la administración actuó bien" y se reparó el daño causado. En otras ocasiones, no han llegado. En 2019, se produjo un derrumbe en la corta que sigue por esclarecer. "Ahí tampoco se han detectado responsabilidad ninguna cuando tres meses antes se detectaron grietas en unas escombreras que no tenían evaluación ambiental". 

"El gran problema", resume Albarreal, "es que los planes de restauración no se cumplen nunca. La mayoría de las grandes minas no están controladas suficientemente por la administración pública. No tienen medios para controlar explotaciones de esa envergadura. Lo que pasa dentro de la mina es muy difícil de controlar: el cielo abierto tiene esa ventaja". Aunque haya que tirar de avión. Carmona, por su parte, cree que la legislación ha avanzado por su parte para evitar grandes desgracias como la del 98, pero no lo suficiente.  "La normativa, en cuanto a lo penal, no ha cambiado mucho", aunque ahora las evaluaciones ambientales son más estrictas y se tienen más criterios en cuenta. 

En todo caso, los ecologistas andaluces van a seguir haciendo lo que llevan décadas, si no siglos, haciendo: vigilar. Se resume en una expresión que utiliza Carmona al terminar la conversación: "Yo no me fío".