El magistrado que ordenó revisar la sentencia estuvo seis cursos contratado por el centro universitario de la banca

Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y cuya decisión de revisar el criterio que obliga a los bancos a asumir el impuesto de las hipotecas ha colocado al alto tribunal en una situación inédita, permaneció contratado como profesor entre 2011 y 2017 por Cunef. Siglas del Colegio Universitario de Estudios Financieros, Cunef es propiedad de la Asociación Española de Banca (AEB). Fuentes oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirmaron este lunes a infoLibre que a Díez-Picazo se le concedió la compatibilidad para ejercer la actividad docente en ese centro durante seis cursos, pero no precisaron a cuánto ascienden las retribuciones que el magistrado obtuvo por esa vía.

Por la mañana, este periódico había preguntado al Tribunal Supremo si Díez-Picazo entiende que su vinculación con Cunef entraña algún potencial conflicto de intereses.  Portavoces del magistrado se limitaron a confirmar que fue profesor del colegio universitario y a subrayar que en la actualidad "ya no tiene ninguna relación con Cunef". 

Adscrito a la Universidad Complutense, el nexo entre Cunef y la Asociación Española de Banca, que agrupa a la mayoría de los bancos que operan en España, es de dependencia directa. La web del centro lo expone así: "En su apuesta por la formación universitaria en áreas como la economía, las finanzas y el derecho, la Fundación AEB es titular del Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), creado hace más de 40 años. En esta misma línea, lleva a cabo diversas iniciativas para promover la educación financiera y familiarizar a los más jóvenes con conceptos útiles para que gestionen su dinero y finanzas personales". A su vez, el artículo 2 de los Estatutos de la Fundación AEB señala lo siguiente: "La fundación tiene personalidad jurídica y plena capacidad de obrar desde su constitución en virtud de la Carta Fundacional, formalizada en escrituras otorgadas por la Asociación Española de Banca (AEB)".

Tras conocer la sentencia difundida el jueves y que atribuye a los bancos y no a sus clientes la obligación de abonar el impuesto de actos jurídicos documentados, fue Díez-Picazo quien decidió que los 31 jueces que integran la Sala de lo Contencioso se reúnan con carácter urgente para evaluar si ese criterio debe ser rectificado o confirmado. La reunión se celebrará el 5 de noviembre.

Para encomendar esa tarea de revisión al conjunto de los magistrados que componen la sala –lo que en términos jurídicos se conoce como avocar la competencia–, Díez-Picazo adujo la "enorme repercusión económica y social" derivada de la resolución judicial conocida la semana pasada.

Un nombramiento rodeado de polémica

Aunque la ficha del magistrado continuaba apareciendo por la tarde en la web de Cunef como la de un miembro de su claustro de profesores, las fuentes oficiales consultadas reiteraron que dejó de impartir clases en junio de 2017. El CGPJ modificó su biografía después de que este periódico se interesara por su actividad docente en esa institución privada adscrita a la Universidad Complutense. El presente del texto original –"en la actualidad es, además, profesor en el Centro Universitario de Estudios Financieros (Cunef)– fue sustituido por el pretérito perfecto: "Hasta el año 2017 ha sido, además, profesor en el Centro Universitario de Estudios Financieros (Cunef)." "Se cambió cuando vimos que había ese error", explicó una fuente oficial.

Cuando en junio de 2017 cesó como docente de Cunef, Díez-Picazo estaba a punto de cumplir dos años como presidente de la Sala de lo Contencioso, la encargada de dirimir los litigios que afectan al Gobierno.

Materializado gracias a los 11 votos de los vocales del Poder Judicial afines al PP, su nombramiento estuvo rodeado de polémica. Por primera vez, el órgano de gobierno de los jueces había tumbado el intento de un presidente de Sala, en este caso José Manuel Sieira, por optar a un segundo mandato de cinco años. "El Consejo General del Poder Judicial no puede convertirse en un palacio de intrigas", llegó a advertir Sieira el día en que presentó su candidatura a la reelección.

El 22 de julio de 2015, Sieira vio definitivamente frustradas sus expectativas. El CGPJ dio ese día vía libre al que todos los observadores consideraban desde semanas atrás como el candidato de Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del CGPJ, para presidir la Sala que controla al Gobierno.

Díez-Picazo, que había llegado al alto tribunal en 2008 por la vía reservada a juristas de reconocido prestigio, tomó así el relevo de Sieira, cuyo enfrentamiento con Lesmes era ya ampliamente conocido. Distintos medios publicaron entonces que el presidente del Supremo nunca le había perdonado a Sieira que encomendase al pleno de la Sala Tercera decidir sobre el indulto concedido por el Gobierno de Mariano Rajoy a un conductor kamikaze condenado a 13 años por matar a un joven. El indulto fue anulado en noviembre de 2013. El abogado del kamikaze era hermano de un histórico dirigente del PP, Ignacio Astarloa. Y en el mismo bufete trabajaba un hijo del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

En septiembre de ese año, Sieira remitió a la Sala de Gobierno del Supremo un escrito donde sugería que su sucesor podía haber incurrido en una "desviación de poder" al impedirle dirigir al menos una de las siete secciones que conforman la Sala Tercera.