Pisos vacíos en manos de los ricos y un ascensor social averiado: los ultras agitan el cóctel del racismo en Salt
Las protestas de esta semana en el municipio de Salt (Girona) han acaparado el foco mediático en Cataluña. El desalojo del imán Kalilou Diawara y de toda su familia de un piso de un gran tenedor abrió la chispa de la indignación en las calles, pese a que tanto el propio líder religioso como el ayuntamiento se apresuraron a desvincular las protestas del desalojo y a hacer un llamado a la calma.
Partidos de extrema derecha han usado las protestas para atizar la islamofobia, mientras que entidades sociales y el ayuntamiento ubican los hechos en un problema de vivienda que es transversal a muchas ciudades pequeñas y grandes de Cataluña. Por este motivo, este sábado una plataforma de una veintena de entidades sociales liderada por el Sindicato de Vivienda de Salt ha llevado a cabo una manifestación en el municipio. Anna Mas, portavoz del Sindicato, ha puntualizado que “el problema de la vivienda afecta más a las personas que menos recursos tienen”, y ha criticado que “no hay oferta de alquiler en la ciudad”. En la lectura del manifiesto de este sábado, han pedido “frenar la violencia policial en forma de desahucios”.
Según Mossos d'Esquadra y el Ayuntamiento de Salt, los altercados se circunscribieron a la noche del lunes y del martes. Un centenar de encapuchados lanzaron objetos a la policía y generaron disturbios en la plaza del ayuntamiento. El viernes 7 de marzo se produjo el desalojo de la familia y fuentes del ayuntamiento afirman que les garantizaron “un par de días” en un hostal. Una vez finalizados, la familia del imán, ocho hijos y su mujer, se encontraron en la calle sin poder acceder a alternativa habitacional porque, según fuentes municipales, contaba con ingresos. El imán intentó entrar en la casa de la que le habían desalojado con las mismas llaves, pero para entonces la propiedad había instalado una alarma, que se activó y avisó a los Mossos d’Esquadra.
La hija mayor del imán, Henda, afirma que los agentes policiales le “empujaron y le hicieron daño”, pero que en ningún caso su padre promovió las protestas que sucedieron esa misma noche. Según Mossos d’Esquadra, el imán “sufrió un ataque de ansiedad” y “fue llevado en ambulancia”. El cuerpo policial añade que como el religioso “es una persona conocida en la comunidad”, eso pudo incitar la protesta.
El mismo Kalilou Diawara, el imán de Salt, difundió un comunicado por Whatsapp a la comunidad islámica en la que afirmaba que “el caso nos ha removido a todos”, pero que “hay que llevar las cosas con paciencia e inteligencia”, y apelaba a “los jóvenes” a “concentrarse de manera pacífica y sin altercados”. El mensaje “alivió” la situación, cree Mohamed El Amrani, presidente de la asociación municipal Azahara, impulsada por “hijos de la inmigración”. Pero El Amrani añade que el foco mediático de los altercados del primer día pusieron a Salt como “un plató de televisión” que “retroalimentó” la protesta. “Hubo una parte de inercia y otra de indignación”, explica.
Fuentes de la policía catalana afirman que las protestas se saldaron con siete detenidos de entre 16 y 33 años. La hija mayor del imán, Henda, añadía este miércoles que “su padre pidió que pararan y no lo hicieron”, y que “ni ella, ni su familia, ni sus hermanos tienen nada que ver” con los hechos.
Problemas de vivienda y desigualdad
En un municipio de 30.000 habitantes, el último plan local de vivienda de Salt registró 1.800 pisos vacíos en manos de grandes tenedores. Anna Mas, portavoz del Sindicato de Vivienda de Salt, puntualiza que estos datos son de 2019, y “teme que la cifra podría haber aumentado”. Esta situación ha motivado que este sábado 300 personas se hayan manifestado en la ciudad bajo el lema Basta de desahucios y más alquileres asequibles, según cálculos municipales.
Pese a las políticas de vivienda del ayuntamiento, la situación en el municipio es delicada. Las plataformas que este sábado se manifestaban pedían “poner fin” a “un reglamento restrictivo” de acceso al parque público de vivienda, que tiene unas reservas para casos de vulnerabilidad del 15% y con un máximo del 20%. También piden “archivar las causas” de las personas detenidas esta semana “por defender el derecho a la vivienda”.
Fuentes locales aseguran que desde que Jordi Viñals (ERC) entró a gobernar la ciudad en 2015, el ayuntamiento ha comprado 205 pisos para ponerlos a alquiler social y ha frenado 160 desahucios gracias a la oficina local de vivienda. El porcentaje de vivienda pública en la ciudad es del 10%, uno de los más altos de Cataluña. Pero aún así 668 personas están a la espera de un piso de protección oficial y su alcalde ubica a los grandes tenedores que retienen pisos vacíos para especular como “un problema de país”. Fuentes del ayuntamiento aseguran que “se está negociando” con la Sareb y con grandes tenedores para poder recibir “la cesión” de estos pisos a través de la oficina local de vivienda “para hacerlos llegar a quien los necesita”.
El presidente de la asociación Azahara, Mohamed El Amrani, apunta que la chispa de la indignación podría haberse dado también porque los jóvenes hijos de migrantes en Salt “heredan las condiciones de desigualdad de sus padres” y añade que se les percibe “como que nunca dejan de ser migrantes”. El Amrani explica que Salt es un municipio con grandes desigualdades, que se deben en parte a la vivienda, pero también a la segregación escolar. El municipio es de las localidades con más segregación escolar de Cataluña.
El Amrani considera que situaciones como la de la vivienda afectan más a estos jóvenes hijos de migrantes, y que eso también afecta al “ascensor social” y a sus perspectivas de futuro. El presidente de la asociación recuerda que años atrás este ascensor social era visto “como un mecanismo de inclusión”, y cree que ahora no está funcionando en Cataluña.
Pese a ello, valora que el municipio goza de un tejido asociativo “muy fuerte”. Recuerda que cada año se celebra un iftar comunitario para romper el ayuno del ramadán que reúne a “400 personas de distintas religiones” y que se celebrará el próximo fin de semana. Cuando se le pregunta por su opinión sobre las declaraciones islamófobas de Vox y Aliança Catalana de la última semana, su respuesta es “que las ignora”, porque “le gusta defender la convivencia desde otro ángulo que no sea el cuerpo a cuerpo”.
La islamofobia como granja de votos
El tope al alquiler reduce un 6,4% el precio en Barcelona y un 3,7% en zonas tensionadas de Cataluña
Ver más
Este sábado se celebraba el Día internacional de contra la islamofobia. Algo que no ha sido ningún freno para que tanto Vox como Aliança Catalana usaran las protestas de Salt para alimentar el discurso xenófobo y islamófobo. Sílvia Orriols publicaba el miércoles un tuit con un vídeo de las protestas afirmando “si importas tercer mundo, tienes tercer mundo”. Ignacio Garriga, de Vox, se desplazó hasta el municipio gironés para afirmar que “las autoridades islámicas están intentando doblegar la ley española en Salt”.
Con un 37% de la población de origen extranjero, las administraciones políticas de Salt llevan años trabajando con las distintas comunidades para evitar situaciones de tensión. El mismo ayuntamiento afirma que esta semana se ha hecho también este trabajo “con colectivos concretos” para “mantener la tranquilidad”.
El Amrani afirma que en Salt conviven más de 90 nacionalidades y en el día a día del municipio se vive “calma social”. Critica que los dos partidos de extrema derecha se han “aprovechado de esta situación” para “generar odio y noticias falsas”. Considera que “hay un modelo sólido de convivencia”, pero lo que genera crispación “son las desigualdades”, como las apuntadas anteriormente en vivienda y segregación escolar.
