La máquina de bulos de Ayuso: tras manipular la cifra de muertes culpa a Illa de abandonar a los ancianos

Fue el Ministerio de Sanidad el que ordenó "segregar a los mayores" que vivían en las residencias en lo peor de la pandemia. Así lo ha defendido este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que apoyó su afirmación en una información publicada por El Debate. Illa exigió en dos documentos del Ministerio de Sanidad "agrupar a los mayores en las residencias y prohibir que salgan", asegura el medio ultracatólico, que cita y publica dos documentos del organismo a los que dice haber tenido acceso. Sin embargo, desde el departamento que ahora está en manos de Mónica García se muestran tajantes: ni esas instrucciones son "privadas" o estaban "ocultas", ni eran obligatorias, ni mucho menos aludían a ninguna prohibición de hospitalizar a los residentes.

Hace una semana que el Gobierno madrileño plasmó por escrito lo que llevan cinco años repitiendo: que todas las críticas por su gestión de los centros de mayores durante la crisis sanitaria responden a una "campaña de la izquierda y la ultraizquierda". Desde que infoLibre publicó su Protocolo de la Vergüenza —que impedía derivar a los ancianos con mayor deterioro físico o cognitivo, tuvieran o no covid— el equipo de Ayuso ha querido defenderse tratando de instalar varias ideas. La primera, que la orden fue, en realidad, un mero "borrador" que, obviamente, no era de obligado cumplimiento. La segunda, que lo ocurrido en los geriátricos de la región no fue una cosa excepcional de Madrid, sino que ocurrió en todas partes. "Murió gente en toda España, en residencias de todo el país", defendió la propia presidenta hace unas semanas durante un acto en Ribadeo (Lugo).

El mensaje publicado este miércoles en X va en la misma línea: no pasó sólo en la región que preside y si la hecatombe de las residencias tuvo unas dimensiones tan grandes —7291 ancianos murieron sin poder ser tratados en un hospital— no fue por culpa de su Gobierno. "Fueron Cataluña y el Ministerio de Sanidad quienes ordenaron segregar a los mayores. No hay derecho a que culpen a la Comunidad de Madrid, que no lo hizo. Ni que una vida valga más que otra según el interés político", escribió la líder conservadora. Cuando lo hizo, tan sólo habían pasado 48 horas desde que se había hecho público que la Fiscalía Provincial había pedido a los juzgados que llamasen a declarar como investigados a los "autores intelectuales" de ese Protocolo de la Vergüenza y a quienes lo firmaron, una noticia a la que el propio Ejecutivo reaccionó al ataque, señalando que el Ministerio Público era el organismo "de [Pedro] Sánchez".

No obstante, la Fiscalía se apoyó en varios argumentos para pedir la declaración como imputados de los que fueran directores de Coordinación Sociosanitaria durante la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. Y entre ellos, precisamente, el de que lo que pasó en Madrid fue excepcional. Textualmente, según recogieron las organizaciones Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia, la Fiscalía aseguró que "fueron muy pocas las Comunidades Autónomas de nuestro país que dictaron este tipo de protocolos, significando especialmente a la Comunidad de Madrid".

Un documento de "recomendaciones generales"

La presidenta conservadora ha vuelto a defenderse poniendo el foco en otras administraciones y, principalmente, en el Ministerio de Sanidad. Según señala la información compartida por Ayuso, fue el departamento entonces en manos del ahora president Salvador Illa el que dictó órdenes que exigían "agrupar" a los residentes dentro del propio geriátrico, prohibiendo "que fueran trasladados a hospitales". Pero el Ministerio niega este extremo.

En primer lugar, desde Sanidad aclaran que el documento tomado como referencia por la líder madrileña está publicado en la web desde el 5 de marzo, por lo que nunca ha estado "oculto" ni ha sido una instrucción "privada". Además, en esa fecha ni siquiera había sido declarado el estado de alarma, por lo que sólo se emitieron unas "recomendaciones comunes y generales que luego las comunidades autónomas tenían que aplicar en su contexto específico, ya que son las competentes de la gestión tanto de los centros residenciales de mayores como de la gestión sanitaria". "Mediante este documento se daban instrucciones generales de qué hacer ante los casos positivos de covid-19 para el control de la enfermedad", añaden.

Y en cuanto a la hospitalización, aclaran: "Esto no significa que ante un caso positivo que tuviese gravedad no se llamara a los servicios asistenciales. En ningún momento el protocolo común recomendaba no llamar a los servicios sanitarios, o impedía de alguna forma el ingreso. Este documento habla de los pasos a seguir para controlar un posible brote dentro de la residencia. Y para ello se requiere que las personas positivas tengan el mínimo contacto con el resto". Según ha podido comprobar infoLibre, en el documento en ningún momento se niega la posibilidad de las derivaciones hospitalarias.

Se menciona, eso sí, la recomendación de que los ancianos con síntomas fuesen aislados en sus habitaciones, una directriz que se dictó para toda la población. "En el caso de que no hubiese habitaciones individuales suficientes se hacía un aislamiento de cohortes, que es juntar a las personas positivas en la misma habitación. Asimismo, se restringían las visitas y las salidas mientras durase el periodo de aislamiento", explican ahora fuentes de Sanidad.

Desde la Comunidad de Madrid, el equipo de Ayuso prefiere no responder a estas palabras. Se remiten, nada más, al mensaje publicado por ella en las redes sociales.

El caso de Cataluña y los otros protocolos

Además de al Ministerio de Sanidad, la presidenta madrileña también apuntó a Cataluña. El secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, lo hizo también hace apenas una semana, durante su participación en el programa especial de TVE en el que se emitió el documental 7291. Según señaló el líder conservador, en su partido están "orgullosos" de la gestión de la presidenta Ayuso. Sobre todo porque, insistió, se había puesto el "foco" en ella "como si no hubieran fallecido personas en residencias en otros lugares de España" que también aprobaron otros protocolos como, señaló específicamente, Cataluña y Aragón.

En el primero de los casos, el Gobierno de Quim Torra (JuntsxCat) recomendó por escrito no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con covid, pero nunca limitó en un protocolo tan brutal como el de Madrid la hospitalización de aquellos residentes que tuvieran un cierto grado de discapacidad física o de demencia senil, aunque de facto sí ocurrió. Los datos obtenidos por infoLibre a través del Portal de Transparencia mostraron que el porcentaje de personas fallecidas en el propio centro entre marzo y abril de 2020 fue del 71,8%, mientras que en Madrid fue del 77%. En Cataluña, de los 3.896 residentes que murieron en aquellos dos meses con covid o síntomas compatibles con el virus, 2.797 no recibieron atención hospitalaria.

En Aragón ocurrió algo parecido, como desveló en este caso El Español. La región gobernada por Javier Lambán (PSOE) instó en un protocolo a valorar la permanencia en los domicilios y en las residencias de los pacientes de 80 o más años con enfermedades terminales, demencia o una expectativa de vida limitada. En este caso, el Gobierno dijo no disponer de los datos de fallecidos en el propio geriátrico cuando infoLibre preguntó por esa información.

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Más allá de esas dos comunidades, la Junta de Castilla y León gobernada entonces por Alfonso Fernández Mañueco (PP) también restringió, según una información publicada por elDiario.es, el traslado a los hospitales de los residentes contagiados con covid-19. En este caso, la orden llegó a finales de marzo y se modificó a mediados de abril, cuando el peor pico de la pandemia ya había pasado. Sin embargo, y a diferencia de Madrid, el documento estableció la existencia de un "equipo multidisciplinar" que atendería a los ancianos en el propio geriátrico. Según una nota publicada por el Ejecutivo, a 30 de abril de 2020 habían perdido la vida 2.337 residentes con covid o síntomas compatibles, de los que 1.608 murieron en el propio centro. Es decir, un 68,8% del total.

Pasó algo parecido en Galicia, según publicó El País, que especificó que allí la Xunta creó recursos específicos para los residentes. En ellos murieron 17 de los 275 residentes que murieron entre marzo y abril de 2020. En cuanto a los 258 decesos restantes, 138 se produjeron en la residencia donde vivía la persona mayor y 120 en el hospital. Por tanto, si el cálculo se realiza sobre los 275 fallecimientos totales, el porcentaje de defunciones en el geriátrico se sitúa en el 50,2%.

En Valencia y Canarias, por su parte, también se limitaron los traslados, aunque en el primer caso no se ha tenido constancia de un protocolo similar. En el segundo, según también El País, se establecieron criterios similares a los madrileños, aunque las cifras fueron radicalmente diferentes: allí, el porcentaje de fallecidos en la residencia se situó en el 5,9%.