Marchena renuncia a presidir el Poder Judicial tras el mensaje de Cosidó presumiendo de su "control"

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y el candidato pactado por el Gobierno y el PP para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Manuel Marchena, ha anunciado este martes que renuncia a presidir el órgano de gobierno de los jueces. Marchena defiende su independencia y se desliga del acuerdo político entre PSOE Y PP.

"Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal", recalca el magistrado en una carta hecha pública este martes [consulta aquí el comunicado].

Marchena se desmarca del pacto político para la renovación del Consejo y defiende que su "independencia" ha caracterizado su carrera judicial. Asegura que sus desempeño como magistrado del Tribunal Supremo es "la mejor muestra" de que "jamás" ha aplicado el derecho siguiendo opciones políticas.

"Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional", ha resumido.

La renuncia de Marchena, formalizada cuando faltan apenas 15 días para que expire el mandato de Carlos Lesmes al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abre un escenario diabólico que agrava la crisis a que los vaivenes sobre el impuesto de las hipotecas sumió hace un mes al Tribunal Supremo.

Minutos después de conocerse la decisión del presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, el PP confirmó que da por rotas las negociaciones para la renovación del Poder Judicial, se lanzó a exigir un nuevo sistema para cubrir los 20 puestos del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expira el próximo 4 de diciembre y culpó al Gobierno de lo sucedido sin una sola mención al whatsapp de Ignacio Cosidó que ha desencadenado la nueva crisis de la justicia española.

La decisión del magistrado entraña una segunda consecuencia de gran calado: si su ascenso implicaba un cambio en la composición y el talante ideológico del tribunal que juzgará a los líderes independentistas por su actuación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, su permanencia al frente de la Sala de lo Penal del Supremo significa que será Marchena quien presida la vista.

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En ese whatsapp, el portavoz del PP en el Senado afirmaba que el acuerdo con el PSOE para renovar el CGPJ ofrecía a su partido una ventaja sustancial: que no solo  Marchena se convertiría en la primera autoridad judicual del país a propuesta de los conservadores, sino que eso ocurriría “además, controlando la Sala Segunda desde detrás y presidiendo la sala 61”. La Sala Segunda es la encargada de decidir siempre sobre las causas penales que afectan a aforados estatales.

“Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea –añadía Cosidó–. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España”.