Mercedes Alaya cerca al juez Serrano de Vox con un auto que ataca su coartada

La jueza Mercedes Alaya, que fue el azote del PSOE por su instrucción del caso ERE, complica ahora la defensa en los tribunales del juez Francisco Serrano, el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, que llegó a la política prometiendo limpiar de la historia la corrupción socialista.

Así de retorcidos son a veces los giros de la política.

En un auto de 13 de junio de la sección séptima de la Audiencia Provincia de Sevilla, dentro del caso de posible fraude de subvenciones en el que Serrano está siendo investigado, Alaya incluye una afirmación que constituye un ataque en toda regla a su coartada, según la cual fue víctima de un engaño de sus exsocios y no tardó en marcharse tras descubrirlo.

La resolución de la que Alaya es ponente recoge que "existen indicios relevantes" de que "a finales de 2016", es decir, más de nueve meses antes de abandonar la empresa subvencionada, Serrano ya sabía que el préstamo de 2,4 millones concedido por el Ministerio de Industria "no se iba a destinar al fin previsto", una fábrica de biomasa en Niebla (Huelva), y "no se iba a poder devolver".

infoLibre solicitó a Serrano su versión de los hechos, sin respuesta.

Historia de un posible fraude

Serrano y un socio constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Bio Wood Niebla, atribuyéndole ante notario una maquinaria que en realidad no tenían. Esta falsedad les permitió engañar a Hacienda y obtener 2,4 millones de euros de ayuda pública para la fábrica, que no llegó a culminarse ni a funcionar. El dinero, que fue ingresado a la empresa en diciembre de 2016, tampoco ha sido devuelto a Industria.

Este periódico desveló los hechos en octubre de 2019, lo que llevó a la apertura de una investigación en la que Serrano terminó imputado penalmente, por lo que dimitió como parlamentario en septiembre de 2020. También ha visto sus bienes embargados. Ahora el juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, investiga tanto el modo en que Serrano, su exsocio y otro colaborador consiguieron el dinero como el destino final del mismo. Todos los investigados defienden su inocencia [ver aquí el dosier del caso].

"Indicios relevantes"

La sección séptima de la Audiencia Provincial es la encargada de resolver los recursos del caso, por lo que cayó en sus manos uno presentado por Rubén Sánchez, secretario general de la asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación popular. Entre otras diligencias, Sánchez solicitaba la declaración en calidad de investigado del notario ante el que Serrano y su socio constituyeron la empresa, cosa que la Audiencia aceptó, y la imputación del exparlamentario de Vox por insolvencia punible. La Audiencia, en un auto con Alaya como ponente, rechaza esta solicitud de la acusación popular, pero en su explicación introduce una afirmación que ataca la base de la coartada de Serrano.

El auto de la Audiencia señala que "existen indicios relevantes de que fue a finales de 2016 cuando Francisco Serrano tomaría conciencia de que el préstamo concedido por el Ministerio de Industria no se iba a destinar al fin previsto y no se iba a poder devolver". ¿Por qué? Porque el 30 de diciembre de 2016 la sociedad adoptó el acuerdo de reducir el capital de la sociedad en la suma de 1.238.000 euros "con la finalidad de restituir aportaciones a los socios dejando fijado el capital en 7.000 euros", transmitiéndose a Serrano el secadero y a su socio las tres granuladoras. "Maquinarias –añade el auto– que nunca llegaron a adquirir y que fueron reflejadas en la escritura de constitución como aportaciones no dinerarias, documentándose en dicha escritura una de ellas con lo que se decía que era una factura, que tampoco lo era, y que sirvió para justificar el umbral de viabilidad económica y financiera para la solicitud y posterior concesión de la ayuda".

Es decir, Alaya señala cómo Serrano participó el 30 de diciembre de 2016 en una operación incompatible con el desconocimiento de las irregularidades.

Una ayuda obtenida gracias a una maquinaria inexistente

Para entender la importancia de las referencias de Alaya a la maquinaria hay que ir nueve meses atrás, al 30 de marzo de 2016, cuando nace Bio Wood Niebla. La pretensión de los fundadores de la empresa era obtener una ayuda del Ministerio de Industria. Lo lograron. Fueron 2,48 millones, concedidos en noviembre de 2016 e ingresados en diciembre. Dicha ayuda fue sólo posible porque Bio Wood Niebla declaraba tener un capital social de 1.245.000 euros. De otro modo, hubiera sido imposible, dado que la orden de los préstamos de Industria impedía que las empresas nuevas recibiesen más del triple de sus fondos propios. Es decir, con 1,24 millones era posible recibir 2,48, como así ocurrió. Pero no hubiera sido posible si la empresa hubiera tenido, digamos, sólo 7.000 euros.

Pero eso era, 7.000 euros, lo que en rigor tenía la empresa. Veamos por qué, poniendo la lupa en la información del Registro Mercantil. Los fundadores de la sociedad fueron: 1) Serrano Abogados de Familia, Sociedad Limitada Profesional, representada en el acto de otorgamiento de escritura pública por el propio Serrano, su administrador único; y 2) Enrique Pelegrín, socio de Serrano. El capital social inicial era de 1.245.000 euros, dividido en igual número de participaciones, repartidas en una proporción de 60%-40%, correspondiéndole a Serrano la parte mayor a través de su despacho.

Pelegrín se quedó con 498.000 participaciones (40%), a las que accedió mediante la aportación de tres granuladoras para la fabricación de pellets valoradas en 495.200 euros y otros 2.800 euros en efectivo. La aportación del despacho de Serrano combinó 4.200 euros en efectivo y un "secadero rotativo [...] con caldera de biomasa" valorado en 742.800 euros. En total, 747.000 participaciones (60%). El propio Serrano como representante de su bufete manifestó en escritura pública que había adquirido dicha maquina "por justo y legítimo título, no adeudando nada por su adquisición".

Pero no era cierto, a tenor de la información en el Registro Mercantil.

La maquinaria, que era todo lo que tenía la empresa salvo 7.000 euros, en realidad no existía. De modo que el proyecto echó a andar con una falsedad de origen que afectaba al capital de la empresa. Tras la falsedad, llegó el dinero. El 24 de noviembre de 2016 el Ministerio de Industria concedió a la empresa 2,48 millones para la construcción de la fábrica de pellets en Niebla (Huelva), tras dar por bueno que la sociedad tenía una maquinaria que en realidad no tenía. El 22 de diciembre de 2016 Industria ingresó el dinero a la empresa en una cuenta de Targo Bank.

La reducción de capital que analiza Alaya

Y llegamos al 30 de diciembre de 2016, la fecha en la que pone la lupa Alaya. Una vez cobrado el dinero, la empresa Bio Wood Niebla adopta ese día el acuerdo de realizar una reducción de capital. Con dicha reducción, el despacho de Serrano recuperó el secadero y Pelegrín recuperó las tres granuladoras. En realidad, la recuperación no era tal, porque no había ni secadero ni granuladoras que recuperar. Los bienes aparentemente devueltos a los socios fundadores sumaban el 99,43% del valor de la empresa. Tras quedarse en el 0,57% de lo que era al nacer, Bio Wood Niebla cerró el año al día siguiente, 31 de diciembre, con un patrimonio neto de 6.994,9 euros. Son números propios de una micropyme. Una micropyme, eso sí, que había ingresado casi 2,5 millones de una ayuda pública que no podría haber ingresado sin haberse atribuido un valor muy superior al real.

El 'caso Serrano' destapa el posible desvío de dinero de una subvención a un periódico del juez de Vox

Ver más

Ahí es donde cobra relevancia la afirmación del auto de la Audiencia, que explicita que el 30 de diciembre de 2016 la sociedad adoptó el acuerdo de reducir el capital mediante la devolución de una maquinaria que nunca llegó a adquirir, que documentó mediante una factura que tampoco lo era, que permitió fingir una viabilidad inexistente y así lograr una ayuda a la que con los números rectos la empresa no hubiera podido optar. Y que apunta claramente a una conclusión: Serrano tenía que estar al tanto y saber, a finales de 2016, que el dinero no iba a ir a la fábrica ni tampoco iba a volver a las arcas del Estado.

Choque de versiones

Esta apreciación, realizada por la sección responsable de resolver los recursos del caso, choca con la línea de defensa de Serrano, que sostiene que fue víctima de un engaño y salió al descubrir las irregularidades. Sus diferentes manifestaciones, tanto públicas como en sede judicial, sobre la fecha en que supo que el proyecto estaba basado en un engaño ofrecen diferentes interpretaciones. Su versión más concreta fue expresada el 2 de junio de 2020 en la Fiscalía de Sevilla, donde aseguró que "en marzo de 2017, y después de mucho insistir", logró que su socio le reconociera que no tenía la famosa maquinaria que el propio Serrano había asegurado ante notario tener "por justo y legítimo título".

La apreciación del auto de la Audiencia sigue la misma línea que distintas averiguaciones policiales, que han concluido no sólo que Serrano participó en el engaño a Industria, sino también que siguió implicado en la gestión del proyecto al menos hasta finales de julio de 2017, cuando a todas luces era ya consciente de irregularidades. El 28 de julio de aquel año Serrano firmó una carta dirigida a un ingeniero con detalles del proyecto que demostraba su implicación en la gestión. No salió de Bio Wood Niebla hasta octubre de 2017. Poco más de un año después, en diciembre de 2018, lideraba la candidatura de Vox que irrumpió con 12 escaños en el Parlamento prometiendo limpiar Andalucía.