Moncloa fía al tope del gas la contención del IPC mientras sindicatos y UP exigen más medidas
La inflación vuelve a las andadas. El aumento principalmente del precio de los carburantes y los alimentos volvieron a ser la base de un repunte del IPC de mayo, que lo elevó hasta el 8,7%, cuatro décimas más que en abril. El dato no llega a la gravedad del mes de marzo, cuando se rozó el 10%, pero rompe la tendencia de bajada iniciada en abril y, sobre todo, da muestras de que el problema se encuentra lejos de estar bajo control.
En el Gobierno han vuelto a dispararse todas las alarmas. Saben en Moncloa que, de todos los problemas políticos que acechan al Ejecutivo de Pedro Sánchez, una inflación descontrolada es seguramente la mayor amenaza. El principal temor es que entre la ciudadanía empiece a calar la idea de que dan igual las medidas que pueda impulsar el Ejecutivo porque resultan inútiles para que la gasolina o la cesta de la compra dejen de estar por las nubes. Un caldo de cultivo perfecto además para el discurso económico de la oposición, que desde la llegada de Feijóo repite el mantra de la bajada masiva de impuestos como solución a todos los males de la economía derivados de la invasión rusa de Ucrania.
El tope al gas
En la Moncloa esperan impacientes a que la Comisión Europea dé por fin el visto bueno oficial a la propuesta conjunta de España y Portugal para limitar el precio del gas en la generación de electricidad. Un logro político muy celebrado en el Ejecutivo pero cuya implantación se está demorando en base a lo anunciado por el propio Gobierno. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ya planteó durante las últimas semanas la posibilidad real de que los consumidores ya notaran "en la factura de mayo" la bajada del recibo de la luz, disparada desde hace meses y aún más desde la guerra de Ucrania. Pero el recibo de la luz de mayo ha llegado y los consumidores siguen sin notar rebaja alguna. Espera el Gobierno que, por fin, "en los próximos días" se cierre la adaptación técnica del mecanismo propuesto para topar el gas, y ya se habla del recibo de junio como fecha para que los consumidores noten la diferencia.
Es al impacto de ese control de precios de la energía a lo que confía el Ejecutivo la vuelta de la inflación a unos parámetros normalizados, algo que considera estratégico para aplacar un descontento generalizado que empieza a tener traslación en todas las encuestas. Sí ponen en valor desde el Gobierno las bondades del plan anticrisis desplegado y que suponen 16.000 millones de euros entre ayudas directas y créditos ICO. Aun así, nadie ignora que en el caso concreto de la subvención al precio de la gasolina el resultado no está siendo el esperado. Se calcula que, de los 20 céntimos de bonificación por litro, la gasolina se ha "comido" ya 17, con un precio que roza los dos euros.
Prorrogar las medidas
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La idea, en cualquier caso, es la de prorrogar de manera generalizada el conjunto de medidas que están hoy en vigor y que decaen el 30 de junio, aunque desde el Gobierno reconocen que se están estudiando "pormenorizadamente" la implantación de todas ellas para "evaluar su eficacia" en el complejo objetivo de "doblegar la curva de precios". No se descarta que en las próximas semanas pueda concretarse algún anuncio con nuevas medidas, aunque la idea principal sigue siendo la de encomendarse a la bajada de la electricidad de la mano del tope al gas.
Desde Unidas Podemos sí que reclaman abiertamente la prórroga de todas las medidas, que van desde el descuento en los combustibles, a ayudas directas a transportistas o agricultores pasando por límites a las subidas del alquiler o incremento del 15% en el Ingreso Mínimo Vital. Pero piden más. Creen los morados que la situación es lo suficientemente delicada como para que el Gobierno vaya un paso más allá en la aplicación de políticas que protejan a la ciudadanía de los efectos económicos de la guerra, especialmente de los sectores más vulnerables.
Según ha podido saber infoLibre, desde el departamento económico de Unidas Podemos trasladarán en los próximos días a su socio de coalición propuestas concretas en ese sentido, alguna de las cuales iría dirigida a mejorar el acceso y ampliar el número de destinatarios del bono social eléctrico que en este momento ampara a 2 millones de familias en España. Algo que también reclaman desde los sindicatos. El director del gabinete económico de CCOO, Carlos Martín, pidió este lunes que el Gobierno intervenga "elevando las transferencias a los más vulnerables financiándolas con subidas de impuestos a las eléctricas y grandes empresas".
