"No los olvidamos": víctimas de una residencia de Alcoi, obligadas a dejar su batalla judicial por falta de dinero
No les ha quedado alternativa. Los 46 familiares que llevaron a los tribunales a la residencia de DomusVi en Alcoi en la que fallecieron 74 mayores se han visto obligados a abandonar su batalla judicial. Aunque no su lucha. El pasado 23 de enero, una sentencia desestimó la demanda que interpusieron y que fue objeto del primer juicio por un caso como este. Según consideró el juez, nada consiguió demostrar que la empresa hubiera tenido una conducta negligente durante la primera ola del covid. La muerte de todos esos ancianos, concluyó, fue sobrevenida. No dependió ni de la falta de prevención ni de una mala atención, algo que sí siguen considerando los denunciantes que, sin embargo, no recurrirán. Cinco años de litigio les han dejado sin capacidad económica para ello.
Lo lamentaron en un comunicado enviado a los medios este jueves. La sentencia supuso "un revés más que importante" para sus expectativas, señalan. El fallo resultó "doloroso y decepcionante" porque perpetúa" su "situación de desconocimiento". "Casi cinco años después", continúan, siguen "sin saber qué ocurrió realmente en la residencia para que se produjera una tragedia de tal magnitud". El juez no les resolvió nada. Pero ellos, en cambio, lo tienen claro: "Que no se haya probado judicialmente la negligencia no significa que no existiera".
Por eso continuarán su lucha, aunque lejos ya de los tribunales. "Aunque no compartimos la sentencia, los familiares hemos decidido, de forma colectiva, no recurrirla. El esfuerzo económico que supondría continuar, tras casi cinco años de litigio, ya no es asumible", lamentan. "Sin embargo, no renunciamos a nuestra lucha. Seguiremos alzando la voz por nuestros seres queridos y por quienes hoy están en residencias", aseguran. Porque todavía queda mucho por hacer aunque ya nunca más puedan llevar ante un tribunal lo que pasó durante el covid. "A nuestros seres queridos, a los 74 que ya no están: no los olvidamos. Esta lucha es, y seguirá siendo, por ellos", sentencian.
El primer juicio por muertes en residencias
En cualquier caso, los familiares destacan el valor que ha tenido todo lo que hicieron. Fueron los primeros que consiguieron llevar ante los tribunales a una empresa gestora de un geriátrico, Quavitae Servicios Asistenciales S.A.U, y a la empresa aseguradora, Mapfre, a quienes hacían responsables civiles de las 74 muertes que se produjeron en el centro durante lo peor de la crisis sanitaria. Los familiares demandantes pedían una indemnización de dos millones de euros. Era la primera vez, también, que se abría la vía civil. Según les asesoraron sus abogados, esa era la fórmula más corta. Y que les iba a dar, además, una sentencia, que es lo que querían. Más allá de una condena, buscaban saber la verdad sobre todos esos fallecimientos.
La cifra continúa siendo escalofriante, pero es peor si se pone en contexto. La residencia DomusVi de Alcoi tiene 140 plazas residenciales —de las cuales una parte están concertadas con la Generalitat valenciana— y otras 19 de centro de día. Es decir, espacio para 159 personas, de las cuales fallecieron 74. Es un 46,5%. Y no fue una excepción. Sólo entre marzo y abril de 2020, los centros gestionados por DomusVi acumularon 1.096 muertes, más que ningún otro grupo.
"Desde el inicio sabíamos a quién nos enfrentábamos. Era evidente que la parte débil en este litigio éramos los familiares. Una sentencia desfavorable podía sentar un peligroso precedente para los intereses de DomusVi y otras mercantiles en la gestión de residencias geriátricas. Por mucho que se quiera maquillar, entendemos que no todos partimos en igualdad de condiciones cuando acudimos a la justicia", critican ahora los familiares.
Una sentencia sin "sensibilidad"
No fue sólo el enemigo, sino también la dificultad para acceder a la información. En julio de 2020, para empezar, la Fiscalía les impidió personarse, recuerdan en su comunicado de este jueves, como parte afectada en las diligencias preprocesales, lo que les negaba acceder a "información fundamental". DomusVi, además, actuó, dicen, "aportando información sesgada, sin registros documentales claros e incluso desobedeciendo en muchas ocasiones los requerimientos del juzgado".
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Las instituciones, por su parte, tampoco mostraron apoyo. "Sorprendentemente, también encontramos una falta de colaboración por parte de las Consellerias de Sanidad y Políticas Inclusivas", señalan. Tampoco se llegó a constituir nunca la comisión de investigación que anunciaron Les Corts el 18 de abril el año pasado, una herramienta que les habría servido, dicen, para acceder a documentación fundamental y "arrojar luz sobre lo ocurrido".
Según lamentan ahora, la sentencia no ha tenido ni "sensibilidad" ni demasiado "rigor". Para ellos, "resulta especialmente indignante que los peritos de la parte demandada utilicen la vulnerabilidad de los residentes para justificar el elevado número de muertes en un corto periodo". "Estas personas ya eran frágiles mucho antes de la pandemia, pero no fallecieron juntas en un mes por casualidad", señalan. Tuvo mucho que ver, dicen, "la reorganización de la residencia en febrero de 2020, que concentró a los residentes más dependientes en una misma planta" y que provocó que se generase "un entorno propicio para la propagación de cualquier agente infeccioso".
"Lo que vivimos en esos días fue un auténtico caos: personas agolpadas, gerocultoras desbordadas e impotentes, y una supervisión claramente insuficiente. Ese descontrol fue la antesala del silencio que vino después", recuerdan. Para el juez, en cambio, fue el propio virus el que "superó los límites".
