El nuevo pacto antitransfuguismo endurece sus reglas antes de la decisión clave sobre Adelante Andalucía

Por el ruido y la furia con la que se desarrolla, por los giros y sobresaltos que ofrece, la crisis en Adelante Andalucía tiene el aspecto de ser otro lío de familia –más– en el convulso espacio político a la izquierda del PSOE. ¿Cuántos van ya? Pero no es sólo eso. Hay más en juego. Y lo que hay en juego afecta a la delimitación del concepto de “transfuguismo”, y por lo tanto al corazón del derecho de representar y a los límites a la libertad de discrepar, así como a la capacidad de los partidos de retener durante un ciclo político lo que obtuvieron en las urnas. Asuntos que entran en juego precisamente en un contexto de atomización política, volatilidad y proliferación de coaliciones, cuando la clarificación de estas materias se antoja más necesaria que nunca.

De momento, y antes de saber si Teresa Rodríguez y sus afines son expulsados de Adelante Andalucía, el Pacto Antitransfuguismo ha aprobado una adenda que endurece las reglas y pasa a considerar “tránsfugas” a los que, “traicionando al sujeto político”, “hayan abandonado” al mismo, “hayan sido expulsados” o “se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”. Ese "sujeto político" puede ser un partido o una coalición. Como el caso de Adelante Andalucía.

Adelante Andalucía

La partida se juega ahora mismo en dos tableros: el Parlamento de Andalucía, en Sevilla; y el Pacto Antitransfuguismo, en Madrid. Y afecta de lleno a Adelante Andalucía.

Pero, ¿qué es Adelante Andalucía? La respuesta no es tan sencilla, porque no es sólo una cosa. En primer lugar, Adelante Andalucía es una coalición entre partidos registrada el 16 de octubre de 2018 para presentarse a las elecciones al Parlamento de diciembre de aquel año. Su constitución lleva la firma de Pablo Echenique, secretario general de Podemos; Antonio Maíllo, coordinador general de IU en Andalucía; José Javier Peizoto, coordinador nacional de Primavera Andaluza; y Pilar Távora, portavoz nacional de Izquierda Andalucista. Estos cuatro eran los nombres de partidos que iban en la papeleta.

A las listas de Adelante Andalucía se llegaba a través de los partidos. En el caso de Podemos, su reglamento de primarias establecía que para presentar candidatura era necesario llevar tres meses inscrito. Esto es algo que ahora esgrimen en Podemos e IU para justificar que, si Rodríguez no está en Podemos, no puede estar en Adelante Andalucía.

En las elecciones de 2018 fueron elegidos 17 parlamentarios de Adelante. 11 habían ido en las listas situados por Podemos y 6 por Izquierda Unida. Los 17 constituyeron un grupo parlamentario llamado Adelante Andalucía, al que le corresponde por representación una asignación económica anual de 1,6 millones de euros.

El grupo echa a andar tras las elecciones. Es decir, no fue sólo un artefacto electoral. Se suponía que era un proyecto a largo plazo. IU cambia de líder. Sale Antonio Maíllo y entra Toni Valero, pero la entente continúa. Entonces ocurre algo decisivo. Tras dos elecciones generales, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se abrazan en noviembre de 2019. Y empiezan a gobernar juntos en coalición. Rodríguez, cuya fe en Podemos venía desgastada por la negativa de la dirección estatal a permitirle constituir un sujeto político autónomo tipo En Comú Podem, acelera su alejamiento. Las bases andaluzas de Podemos apoyan el pacto Sánchez-Iglesias con un inapelable 96,4%. Rodríguez, líder de Podemos Andalucía, no comparte la decisión de sus bases. Ahí se produce una ruptura política profunda entre la líder y sus propias bases. La relación con el PSOE está en la base de la quiebra.

De ahí pasamos a un segundo abrazo, el que se dan Rodríguez e Iglesias en febrero para formalizar un supuesto divorcio civilizado que ha acabado en pleito por la custodia. Ella decide no presentarse a la reelección como cabeza del partido. Se aparta. La dos veces candidata a la presidencia de la Junta y al menos siete parlamentarios dejan, o eso parecía, de ser de Podemos. Si salen o no formalmente del partido es una cuestión que se está dirimiendo ahora y que será clave en la resolución del conflicto. A efectos políticos, ya no estaban en Podemos. El proyecto de Rodríguez y los suyos había pasado a llamarse únicamente “Adelante Andalucía”. Rodríguez deja de hablar por Podemos y Podemos de darle cobertura. Ya van por separado. El grupo parlamentario queda dividido, pero no se rompe. Siguen todos dentro. Juntos, pero no revueltos.

Ahora bien, ¿qué “Adelante Andalucía” es el proyecto de Rodríguez? ¿La coalición que se presentó a las elecciones? No. Porque aquella era una coalición de partidos. Y Rodríguez ya no está –al menos políticamente– en ninguno de esos partidos. 

Adelante Andalucía es, además de una coalición, un proyecto al que puede sumarse quien quiera. Su propio manifiesto fundacional aneja un apartado que dice: “Súmate a Adelante Andalucía”. Obviamente, esta dimensión no tiene el anclaje jurídico de una coalición, pero Rodríguez, tras apartarse de la dirección, reivindicó ese espíritu abierto para defender su continuidad en Adelante Andalucía. No sólo la continuidad, sino también el liderazgo.

Porque Rodríguez seguía siendo presidenta del grupo y su principal referente. Podemos e IU reciben con escepticismo los nuevos movimientos de Rodríguez, que apoyada en la plataforma de Adelante continúa siendo el principal rostro de todo ese espacio político. Mientras, Podemos se ve sin un escaño, con la que fue su candidata tan bien situada como antes. IU observa además cómo son Rodríguez y sus afines quienes controlan las cuentas de las redes sociales. El escepticismo es ya desconfianza y enfrentamiento. Se considera que los anticapis están apropiándose del espacio y la imagen de Adelante Andalucía, dejando a IU y Podemos fuera de juego.

Hay un motivo que exacerba la desconfianza. Adelante Andalucía es –además de una coalición, un grupo parlamentario y un proyecto abierto– una cosa más. Es un partido político registrado el 20 de diciembre de 2019 y bajo control del sector anticapitalista. Podemos e IU consideran que Rodríguez se ha reservado con este partido una especie de bala de plata para, llegado el momento, poder utilizar la marca por su cuenta para enfrentarse a Unidas Podemos en las urnas.

Martina Velarde, afín a Pablo Iglesias, fue elegida en junio nueva coordinadora de Podemos en Andalucía en la asamblea a la que Rodríguez decidió no presentarse. ¿Qué se encuentra? Se encuentra con un partido que en diciembre de 2018 era la fuerza dominante de una coalición que logró 17 diputados pero que ahora no tiene representación en el Parlamento. En las conversaciones con líderes de Podemos e IU empieza a aparecer la palabra “transfuguismo”, pero sin llegar públicamente a la acusación. El mensaje es todavía que hay que buscar una solución de convivencia, que pasa por que Rodríguez suelte el partido Adelante Andalucía. Ese acuerdo no llega. La tensión va creciendo.

El 22 de junio se registra un nuevo partido, Anticapitalistas Andalucía, que tiene como miembro de la comisión gestora a Pablo Pérez Ganfornina, que ha sido portavoz de Podemos Andalucía con Rodríguez y es uno de sus más próximos. En una reunión de agosto del grupo motor de la coalición de Adelante para las elecciones locales aflora con nitidez una triple preocupación en IU y Podemos: 1) La existencia del partido Adelante Andalucía, que en teoría era un registro meramente instrumental para evitar su apropiación por oportunistas pero que Rodríguez y los suyos mantienen; 2) La creación de Anticapitalistas Andalucía, que en la práctica ven como un autoinvitado a Adelante; y 3) La conformación de asambleas de Adelante Andalucía en ciudades como San Fernando y Sanlúcar de Barrameda sin sujeción a Podemos ni a IU.

El conflicto económico acelera la ruptura total. Al grupo le corresponden 1,6 millones en 2020. Tanto Podemos como IU aseguran que Rodríguez ha incumplido los acuerdos de reparto alcanzados y que ha llegado a cambiar el número de cuenta donde se ingresan los fondos. El sector anticapitalista lo niega. Es más, fuentes del mismo señalan que se ha cometido la “tontería” de dejar en una cuenta ahora bloqueada un “remanente” que, temen, ahora podría quedar en manos de Izquierda Unida.

La crisis estalla el miércoles 28 de octubre, cuando la portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, de Izquierda Unida, da traslado a la mesa del Parlamento de Andalucía de un escrito en el que procede a “cursar baja “del grupo de Rodríguez y siete diputados más, todos de la rama anticapi. Nieto aporta una comunicación de Jesús de Manuel, secretario de Organización de Podemos Andalucía, en la que este asegura que estos ocho parlamentarios han “causado baja” en dicho partido, “separándose de la afiliación, los acuerdos de sus órganos, sus estatutos, reglamentos y código ético, sin que a su vez hayan procedido a dimitir”. Ello los sitúa en situación de “transfuguismo”.

La mesa del Parlamento

“Transfuguismo”. Palabra grande. Tránsfugas son los de tamayazo. Tránsfugas son los concejales comprados por el GIL. ¿Rodríguez, tránsfuga? ¿Rodríguez, que ha cambiado de siglas, sí, pero en lo sustancial es –especialmente– constante en sus ideas?

Desde sus ahora adversarios se la ve tránsfuga con todas las letras. ¿Por qué? Se presentó a las elecciones a través de un partido que ahora ha abandonado sin renunciar al acta. Que ese partido fuera parte de una coalición sería lo de menos. Desde su sector lo niegan tajantemente. Reivindican que han estado siempre en el mismo sitio, por un proyecto autónomo y andalucista, y que eso quería ser Adelante Andalucía. Hay pues una fidelidad al programa y al electorado. En cuanto a Rodríguez, aseguran que no es militante de Anticapitalistas y que su único proyecto es Adelante Andalucía. Es más, recalcan que ella no se llegó a dar de baja de Podemos, al entender que la existencia de una “vinculación orgánica” con el partido morado facilitaba posibles colaboraciones. Su expulsión sólo llegó –afirman– después de que la mesa aceptase el escrito de Inmaculada Nieto. Los anticapis señalan toda la maniobra supone un incumplimiento por parte de la dirección de Pablo Iglesias del acuerdo del abrazo de febrero, que no quedó por escrito. Debió firmarse, admiten. Rodríguez afirma que Iglesias la ha “traicionado”.

¿Quién decide si Rodríguez es tránsfuga o no? Aquí las cosas se complican. En primera instancia, la petición de Nieto ante la mesa del Parlamento fue aceptada casi automáticamente. Rodríguez y los otros siete, entre ellos los portavoces adjuntos Ángela Aguilera y José Ignacio García, fueron expulsados. Pero luego fueron readmitidos provisionalmente, atendiendo una petición de los afectados.

La mesa se abrió a reconsiderar la situación y le pidió a Nieto, la portavoz que había presentado el escrito, que demostrase que en efecto los diputados habían causado baja del grupo como consecuencia de haber causado baja en el partido. De algún modo, indican fuentes jurídicas extrañadas con el movimiento, la mesa se erigió en juez de la transfuguidad o no de Rodríguez, algo que ya no definiría Podemos sino un órgano parlamentario.

Según viene argumentando Nieto –al que le está tocando defender la posición de la confluencia en una crisis que es originalmente de Podemos–, el criterio sobre si Rodríguez es no tránsfuga lo debe adoptar dicha organización. En cuanto a la salida de un parlamentario de un grupo, no hay previsión en el reglamento de la Cámara sobre cómo se hace, por lo que la portavoz entiende que se debe seguir lo previsto para entrar. Es decir, se exige la aceptación de la portavoz. Nieto aportó a la mesa diversa documentación de Podemos supuestamente acreditativa de la baja de los diputados. La pelota queda en la mesa. Y de momento ahí sigue, botando.

Este miércoles pasaron tres cosas. Una es que un informe jurídico del Parlamento concluyó que “la baja de un partido no implica automáticamente baja del grupo”. El informe fue leído como una victoria por Rodríguez. Pero no tan deprisa. No se trata de un informe concluyente, ni tampoco vinculante. La decisión es política y corresponde a la mesa, si bien podría ser recurrida judicialmente por los afectados. El segundo acontecimiento del miércoles es que la mesa del Parlamento, que debía votar ya sobre la expulsión, pospuso su decisión para darse tiempo. Una semana más.

El tercer acontecimiento tuvo lugar en Madrid.

El pacto antitransfuguismo

El pacto antitransfuguismo, parado durante una década, reactivó en julio su comisión de seguimiento. Ha llovido en esta década. Entre otros hechos, el bipartidismo imperfecto ha sido sustituido por un pluripartidismo volátil. El panorama se ha atomizado, se ha vuelto mucho más inestable. Forman ahora parte del pacto 22 fuerzas políticas, tras la adhesión de 14 nuevas. La reactivación partió de Ciudadanos. Pero con el transcurso de las reuniones y contactos la comisión de seguimiento ha ido ganando interés para el caso andaluz.

Finalmente, el miércoles cristalizó un acuerdo en dicha comisión, con el apoyo de 11 de los 22 integrantes: PSOE, PP, Unidas Podemos, Cs, PSC, PNV, Izquierda Unida, BNG, Partido Aragonés Regionalista, Foro Asturias y Galicia en Común. El resto de las fuerzas disponen de diez días para formalizar su adhesión o no: ERC, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, Cataluña en Común, Agrupación Socialista de la Gomera, Partido Regionalista de Cantabria, Equo, Más País, Mes per Mallorca, Compromís y Geroa Bai.

La adenda aprobada, llamada Acuerdo por la Estabilidad Institucional, parte de una ponencia de PSOE, Cs e IU. Y puede leerse en clave andaluza. Ojo a la redacción. El pacto alcanzado por los diez partidos, que suman una clara mayoría en el Congreso de los Diputados, 252 de 350 diputados (un 72%), incluye en la definición de “tránsfugas” a los que, “traicionando al sujeto político”, “hayan abandonado” al mismo, “hayan sido expulsados” o “se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”. El sujeto político puede ser un partido o una coalición.

Más. “Se considerará tránsfuga a la persona electa por una candidatura promovida por una coalición si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido coaligado que propuso su incorporación en la candidatura”. Y añade: “Cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso quien aclarará por escrito quiénes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas”.

El acuerdo establece que “las personas no adscritas”, que es la categoría en la que Podemos e IU quieren que queden Rodríguez y los suyos, “no disfrutarán de los derechos económicos y administrativos que les corresponden a los grupos políticos, ni sus integrantes, limitándose sus derechos políticos al mínimo exigido constitucionalmente”. Es más, aplicando el texto, si el grupo Adelante Andalucía pasara de 17 a 6 parlamentarios, todo apunta a que la asignación seguiría siendo la misma [ver aquí acuerdo segundo d: “El grupo político perjudicado o disminuido en su composición no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y asignaciones económicas y administrativas que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad”].

Los partidos firmantes acuerdan además estudiar cambios legales para erradicar el “transfuguismo por usurpación de identidad” y aplicar todo lo acordado no sólo en el ámbito local, sino autonómico. El acuerdo fija que los partidos deben extender a los parlamentos autonómicos la regla de “cuando uno o varios concejales, incluso siendo la mayoría del grupo, abandona o es expulsado de la formación política que presentó la candidatura, los concejales que permanezcan en la formación política son los legítimos integrantes del grupo”. Agrega el acuerdo que mientras se producen esas reformas, se supere la “laguna” legal con interpretación en dicho sentido. Esto tiene una lectura en clave andaluza, ya que uno de los argumentos que vienen defendiendo Rodríguez y los suyos es que no tiene sentido que una minoría expulse del grupo a una mayoría.

Desde el sector de Rodríguez no tienen dudas de la adenda es un “traje a medida”. Un responsable de IU señala que los redactores no son culpables de que los anticapis hayan incurrido en un “transfuguismo de amplio espectro”, que hace que se den por aludidos en cada línea. También recalca que fue Cs, no IU ni Podemos, quien reactivó la comisión.

El diputado de Cs José María Espejo explica a este periódico que el impulso dado por su partido a la reactivación de la comisión responde a la “regeneración democrática” y lo desliga por completo del caso andaluz. “El pacto no se estaba cumpliendo. Ha seguido habiendo mociones de censura y operaciones urbanísticas aprovechándose del transfuguismo”, señala. Asegura que no hay articulado ad hoc y no entra a valorar el caso andaluz, aunque sí afirma con carácter general: “Las personas integradas en una coalición lo están porque forman parte de un partido. Nadie se afilia a una coalición”.

No todos los partidos del pacto están de acuerdo con la adenda. Hay un grupo de ellos que preparan objeciones, según ha podido saber infoLibre. Se trata de formaciones que comparten grupo confederal en el Senado con Pilar González, de Primavera Andaluza, partido integrado en Adelante y alineado con Rodríguez.

Koldo Martínez, de Geroa Bai, uno de estos partidos, explica que aunque supone “un paso adelante”, la adenda se ha elaborado con “demasiadas prisas” y ha creado una definición “estalinista” de tránsfuga, planteando una obediencia total al jefe. Martínez señala que en una reunión de la comisión de seguimiento, él mismo recordó que en la votación en la que el PSOE se abstuvo y permitió así la investidura de Mariano Rajoy en 2016, 15 diputados se saltaron la disciplina y votaron que no. Según la actual redacción de la adenda, Martínez entiende que podrían ser expulsados del partido o del grupo. Cree que debe quedar mejor recogida la “libertad de discrepar”. Desde el otro lado rechazan la comparación: los 15 díscolos no pretendían formar un nuevo proyecto político.

La decisión

La decisión sobre Rodríguez y sus siete compañeros la debe adoptar la mesa del Parlamento andaluz, que tiene dos miembros del PSOE, dos del PP, dos de Ciudadanos, uno de Vox y uno de Adelante Andalucía, aunque este último sin voto. ¿Qué decidirá? Si atiende al acuerdo del pacto, parece que podría inclinarse por considerar fuera del grupo a los ocho. Está por ver. Es posible que, sea cual sea la decisión, sea impugnada judicialmente. Rodríguez ya ha adelantado que no se conformará con una exclusión.

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Ángel Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional, ve imprescindible que el pacto antitransfuguismo se adapte a una realidad política nueva. “Ha habido dos transformaciones fundamentales en el sistema de partidos. La primera es la fragmentación, que es evidente. Pero otra ha pasado más desapercibida: los partidos son ahora mucho más líquidos”, explica. A su juicio, entre lo que son los derechos propios del diputado, en los que el legislador no puede entrar, y sus prerrogativa hay un terreno a explorar donde caben reformas legales. Pero deben ser cuidadosas, subraya, sin entrar en el caso concreto de Rodríguez, que dice no conocer en suficiente detalle.

Su colega Javier García Roca, también catedrático de Derecho Constitucional y letrado excedente del Tribunal Constitucional, autor del artículo Representación política y transfuguismo. La libertad de mandato, sienta la misma premisa: la doctrina constitucional es clara en cuanto que el electo es titular del escaño. Es decir, no se le puede quitar, según ha ido consolidando la jurisprudencia desde 1983.

Pero aquí no se trata de expulsar a Rodríguez de la Cámara, sino del grupo de Adelante Andalucía. La pregunta que se hace García Roca, la que cree que se tendrá que responder, es si Podemos ha tratado democráticamente a Rodríguez y sus compañeros. Para ilustrar la importancia de este punto se apoya en artículo 6 de la Constitución, que dice que la estructura y funcionamiento de los partidos deben ser democráticos. “Esto no es un brindis al sol. Los partidos deben actuar siempre democráticamente porque nadie puede dar lo que no tiene”, señala. A su juicio, los hechos conocidos de la conducta de Rodríguez parecen ser “graves”, pero en ningún caso justificarían una actuación no garantista.