El nuevo vicesecretario de Organización declarará como imputado en el ‘caso Caja España’

El nuevo vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, deberá declarar en calidad de imputado en la causa que sigue abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de León, en la que se investiga al antiguo consejo de administración de Caja España por la concesión irregular de créditos al entonces presidente de la entidad, Santos Llamas.

En una providencia, la magistrada Rocío González Boñar llamó a declarar para el pasado 29 de mayo a Fernández Maíllo, que es presidente de la Diputación de Zamora en funciones, y a otros antiguos miembros que participaron en la sesión del consejo de Administración del 8 de enero de 2009, que abordó la refinanciación de la deuda que tenía Santos Llamas.

Según explicaron a Europa Press fuentes jurídicas, las comparecencias, que fueron acordadas en aquella providencia con fecha del 6 de abril, se aplazaron porque las defensas solicitaron más tiempo para examinar la documentación que obra en la causa y se encuentran a la espera de tener nueva fecha de señalamiento.

La magistrada imputó entonces a los entonces consejeros Miguel Ángel Álvarez, Artemio Domínguez, Bernardo Fernández, Francisco Javier Fernández, Alfredo Fernández, Juan Elicio Fierro, Marcos García, Francisco Javier García-Prieto, Zenon Jiménez, Fernando Martínez Maíllo, Alejandro Menéndez, Maria Begoña Nuñez, María Olga Palacio y José Antonio Turrado.

Así, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León consultadas por Europa Press aseguran que la situación del nuevo vicesecretario de Organización del PP y de los otros 13 integrantes del consejo de administración de Caja España no ha cambiado, en el sentido de que volverán a ser citados a declarar, en calidad de imputados, en fecha aún por determinar.

Señalamiento de los "imputados"

Las mismas fuentes precisaron que la declaración como imputado supone una garantía procesal que se ofrece a los afectados para que comparezcan asistidos de letrado, así como que a posteriori será la instructora la que, en función de los declarado, dictará el correspondiente auto en el que resolverá si imputa formalmente y los posibles delitos atribuidos o bien sobreseerá las actuaciones.

El 2 de junio, la magistrada González Boñar dictó una nueva providencia, a la que tuvo acceso infoLibre, según la cual requirió a las partes que, en el plazo de cinco días, "manifiesten si interesan la práctica de alguna diligencia con carácter previo a la fijación de los señalamientos para las declaraciones de los imputados". Afirmación inequívoca. 

Créditos por valor de 70 millones

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León investiga este caso a raíz de una denuncia presentada por Izquierda Unida [consúltala aquí en PDF] sobre los créditos de "escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas" aprobados en cajas de Castilla y León.

En lo que respecta a Caja España, la denuncia pide investigar cinco préstamos a empresas vinculadas a Santos Llamas que ascienden a 17,6 millones de euros, un préstamo hipotecario a una empresa vinculada a él por importe de 15,2 millones, así como otras operaciones de "renovación de cuenta de crédito, líneas de avales y ampliación de préstamo a promotor a empresa vinculada por 5,1 millones".

"La cantidad total de créditos concedidos a Caja España a Santos Llamas no aparece detallada en los documentos entregados por la CNMV. La cifra total que han barajado medios y fuentes consultadas supera los 70 millones", añaden los denunciantes.

Según su escrito, Santos Llamas era presidente de Construcciones Carriegos, administrador único de Construcciones Llamas Gil y vocal del consejo de administración de Sotaban, tres sociedades dedicadas al negocio inmobiliario que recibieron créditos de Caja España y Caja Duero.

Por ello, los denunciantes solicitan investigar la posible comisión de delitos societarios por parte de quienes "prevaliéndose de su condición mayoritaria en órganos de administración, han logrado que las entidades públicas de ahorro hayan adoptado acuerdos con ánimo de lucro propio o en perjuicio de terceros".

Pidió la nulidad por defectos de forma

Maíllo asegró que actualmente no se encuentra imputado por el caso Caja España y recordó que el proceso está ahora mismo en suspensocaso Caja España. El dirigente zamorano ofreció una rueda de prensa poco después de conocerse su nombramiento como número tres del PP. En ella reiteró que en su momento recibió una citación para declarar por el caso Caja España aunque quedó "en suspenso precisamente por el cúmulo de circunstancias" que habían concurrido con anterioridad, punto en el que se ha referido a "irregularidades en el proceso".

Así, desde ese momento considera que no tiene "esa condición de imputado" aunque añadió "que cada uno puede interpretar lo que considere oportuno". Del mismo modo, explicó que este mismo jueves Caja España "ha quedado fuera del propio proceso" y que tanto él como el resto de exconsejeros han pedido la nulidad por defectos de forma, tras la citada providencia del 2 de junio pasado.

Martínez Maíllo enfatizó que en cualquier caso no se trataba de un tema de corrupción porque "nunca" tomó una decisión en beneficio propio y reiteró que el 9 de enero de 2009 acordaron refinanciar la deuda, decisión que "junto a muchas otras permitieron salvar Caja España".

Con todo, aseveró que el origen de la investigación fue una denuncia "política" de Izquierda Unida interpuesta "para hacer daño", pero se mostró convencido de que todo se va a archivar y a declarar nulo. Ante esta situación, el nuevo vicesecretario concluyó que mientras no reciba una nueva notificación donde diga que está imputado no se considerará como tal.