Nuevos documentos desvelan que el fiscal Moix evitó en tres ocasiones que se investigase el 'caso González'

Manuel Moix, que fue fiscal superior de Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015, impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II. infoLibre desveló la semana pasada que el ahora fiscal jefe de Anticorrupción había tapado el caso en 2009, al no investigar una denuncia de la asociación Parque Sí en Chamberí. Moix decretó el archivo sin realizar una sencilla diligencia solicitada por los denunciantes y que habría servido para destapar la trama corrupta. Nuevos documentos a los que ha tenido acceso este periódico desvelan que en realidad Manuel Moix no impidió en una, sino en tres ocasiones, la investigación de la adjudicación del campo de golf.

En 2007, Manuel Moix archivó de plano una primera denuncia de los vecinos del barrio de Chamberí donde se construyó el campo de golf. El entonces fiscal jefe de Madrid decretó el archivo en tres días hábiles, sin practicar ni una diligencia y en un escrito de 11 líneas que se apoyaba en un argumento que no era cierto.

Después vino el archivo de la denuncia de Parque Sí en Chamberí en 2009, realizada a través de un decreto en el que se afirmaba que no existía ni “indicio”, ni “rastro” ni “la más leve sospecha” de irregularidad por parte de Ignacio González.

Y un año después, en 2010, la Fiscalía de Madrid que dirigía Moix se opuso a la admisión a trámite de una querella, presentada también por la asociación Parque Sí en Chamberí, en la que se acusaba al entonces vicepresidente madrileño de cuatro delitos, entre ellos prevaricación y fraude.

El campo de golf del Canal fue inaugurado por Esperanza Aguirre e Ignacio González el 28 de marzo de 2007. Por tanto, las dos denuncias y la querella se presentaron después de que la obra estuviese concluida. En la fase de construcción de las instalaciones deportivas, Dragados había abonado 3,2 millones de euros a una empresa sin apenas actividad, llamada Tecnoconcret, para que instalase el césped del campo de golf. Esa sociedad estaba controlada por la familia González. La Fiscalía podría haber obtenido esos datos simplemente con pedir a la Agencia Tributaria las ventas declaradas de Tecnoconcret. No lo hizo en ninguna de las tres ocasiones en que tuvo que pronunciarse sobre el asunto, a pesar de que en la denuncia de 2009 y en la querella de 2010 se lo pidieron expresamente los denunciantes.

La operación del campo de golf del Canal sí ha sido investigada ahora por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y es una de las que se describe con detalle en el auto por el que el juez Velasco envió a prisión a Ignacio González y a su hermano Pablo. El cuñado de ambos, José Juan Caballero, logró eludir la cárcel tras pagar una fianza de 100.000 euros.

infoLibre detalla a continuación las tres ocasiones en que la Fiscalía dirigida por Manuel Moix impidió que se investigase la trama de la familia González en el campo de golf del Canal.

  Junio de 2007: Moix archiva la primera denuncia vecinal

El 27 de abril de 2007, la revista Tiempo publicó una información en la que desvelaba que Ignacio González había favorecido directamente a una empresa relacionada con su familia. Los hechos eran los siguientes. En diciembre de 2006, el Canal de Isabel II –la principal empresa pública de Madrid– adjudicó la explotación del campo de golf a un consorcio que estaba integrado por tres sociedades: Iridium, del grupo ACS; Soto Once, que ya gestionaba otros campos de golf, y Tecnoconcret, una compañía que apenas tenía actividad y que era la clave en la presunta operación corrupta. El consorcio se denominó Green Canal Golf.

Tecnoconcret tenía como administrador único a José Antonio Clemente Martín, que había fundado la empresa junto a su esposa en mayo de 2003. Con un capital de 3.010 euros y la sede social en el domicilio particular del matrimonio, en sus primeros años de vida apenas tuvo actividad y declaraba contar con uno o dos trabajadores en plantilla, dependiendo del año. Pero todo cambio a partir del 21 de junio de 2006, cuando Clemente fundó otra sociedad denominada Tamanaco 07 Consulting junto a otros dos socios: Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del entonces número dos de Aguirre. Cada uno de ellos se quedó con el 33,3% de la firma, dedicada precisamente a “la promoción y explotación de instalaciones deportivas”.

Sólo cinco meses después de que Clemente se convirtiese en socio de la familia González, Tecnoconcret recibió la adjudicación para explotar el campo de golf del Canal, junto a Iridium y Soto Once. La decisión se tomó en una reunión del consejo de administración de la empresa pública madrileña, presidida por el propio Ignacio Gonzalez, quien no se abstuvo en la votación y ocultó al resto de consejeros que el dueño de Tecnoconcret era socio de su hermano y de su cuñado.

El mismo día que se publicó la información de la revista Tiempo, Ignacio González compareció ante los medios de comunicación para ofrecer su versión. González no negó ninguno de los datos de la investigación periodística y se escudó en el siguiente argumento: “El Canal de Isabel II no ha hecho ninguna adjudicación a ninguna empresa donde haya ningún familiar mío, y eso es lo único que hay”. El vicepresidente madrileño rehusó hasta en tres ocasiones contestar a la pregunta de si sabía que el socio de sus familiares era el dueño de la empresa adjudicataria.

Archivo en tres días hábiles

El 8 de mayo de 2007, cerca de 400 vecinos del barrio de Chamberí presentaron un escrito en la Fiscalía en el que solicitaban la apertura de una investigación para aclarar si Ignacio González había cometido alguna ilegalidad al no abstenerse en la reunión del consejo de administración del Canal que decidió la adjudicación en favor de Tecnoconcret.

El martes 29 de mayo, entró la denuncia vecinal en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid. Y el lunes 4 de junio, el fiscal Manuel Moix dictó un decreto de archivo de 11 líneas, en el que se afirmaba lo siguiente: “Dado que las denuncias no se sustentan en documentación de ningún tipo que acredite la no abstención y sin perjuicio del valor que tal conducta pudiera merecer, de haberse producido, esto es, simple ilícito administrativo o infracción penal, se acuerda el archivo de las citadas denuncias al no estar acreditado ni siquiera indiciariamente el dato que se denuncia ni su relevancia penal”.

Es decir, el fiscal superior de Madrid archivó la denuncia contra González en tres días hábiles y sin realizar ni una sola diligencia. Y con el agravante de que el único argumento utilizado para justiciar el archivo –que no estaba acreditada “la no abstención” de González en la reunión del Canal donde se acordó la adjudicación– no era cierto. En la comparecencia ante los medios del 27 de abril, el propio González confirmó que la decisión se había adoptado “por unanimidad” y en ningún momento alegó que él se hubiera abstenido. Además, otros consejeros habían confirmado a la prensa que el vicepresidente madrileño había participado en la votación y no les había advertido de los vínculos societarios entre Tecnoconcret y la familia González.

Todo ello sin tener en cuenta que, mediante un simple oficio enviado al Canal de Isabel II, el fiscal Moix podría haber confirmado si González había participado o no en la votación.

  Octubre de 2009: Moix archiva la segunda denuncia vecinal

En febrero de 2009, el periódico Público desveló dos hechos nuevos en relación con la trama societaria del campo de golf. Por una parte, el hermano y el cuñado de Ignacio González habían entrado directamente en el accionariado de Tecnoconcret, a través de una ampliación de capital de la sociedad, presentada en el Registro Mercantil de Madrid en noviembre de 2008. De esta forma, Pablo González y José Juan Caballero (este último a través de una compañía interpuesta llamada Proyectos Ecosistemas) pasaban a controlar cada uno de ellos el 31,6% del capital de Tecnoconcret. En aquel momento, la portavoz oficial de González señaló que, desde enero de 2008, Tecnoconcret ya no era accionista de Green Canal Golf.

Por otra parte, el periódico reveló que empresas relacionadas con la familia de González también se habían quedado con subcontratas del proyecto del campo de golf. La principal era Only Golf Planning and Design, que se había encargado de instalar el césped.

Vecinos del barrio, que luchaban para que en los antiguos depósitos del Canal de Isabel II se instalase un parque público y no un campo de golf de nueve hoyos, habían constituido la asociación Parque Sí en Chamberí. Y fue esta quien, a la vista de las informaciones de Público, presentó una segunda denuncia contra González ante la Fiscalía de Madrid.

Como desveló infoLibre la semana pasada, la denuncia constaba de nueve páginas, iba acompañada de toda la documentación oficial del Registro Mercantil que respaldaba los datos desvelados en las informaciones periodísticas y acusaba a González de la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias.

En la denuncia se solicitaba a la Fiscalía la práctica de varias diligencias de averiguación, entre ellas enviar un oficio a la Agencia Tributaria para obtener la relación del modelo 347 presentado por las compañías Tecnoconcret y Only Golf en los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Y también que se solicitase a la Seguridad Social la relación de trabajadores de Tecnoconcret en ese mismo periodo.

El modelo 347 es una declaración anual que las empresas deben presentar ante Hacienda de forma obligatoria con los datos de las operaciones realizadas con terceros por importe superior a 3.005 euros. En dicha declaración deben figurar tanto los pagos como los ingresos realizados por la compañía.

Los investigadores de casos de corrupción –Guardia Civil, Policía, Fiscalía– piden de forma sistemática el modelo 347 de las empresas sospechosas, ya que les permite hacerse un mapa de las relaciones que confiesan las propias sociedades investigadas. Es además una de las diligencias de investigación más sencillas de practicar, ya que sólo tienen que enviar un oficio a la Agencia Tributaria reclamando la información.

Los datos conocidos ahora en la operación Lezo, según consta en el auto de Eloy Velasco, desvelan que “Tecnoconcret declaró entre los años 2006 y 2007 ventas a la sociedad Dragados, del grupo ACS, por importe de 3,26 millones de euros”. ¿Y en concepto de qué ingresó ese dinero la empresa controlada por la familia González? En teoría para realizar la instalación del césped del campo de golf. Pero en realidad Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal, ni conocimientos técnicos para instalar dicho césped, así que subcontrató por 2,68 millones el trabajo con la otra sociedad por la que se interesaban los denunciantes de Parque Sí en Chamberí: Only Golf Planning and Design. La diferencia entre ambas cantidades son aproximadamente 578.000 euros, que el juez Velasco considera una comisión con la que se quedó Tecnoconcret por el simple hecho de actuar como intermediaria en la operación.

Pero Tecnoconcret no sólo se lucró con el campo de golf en la fase de construcción (en 2006 y el primer trimestre de 2007), sino que también lo hizo en la fase de gestión y explotación de las instalaciones deportivas (desde abril de 2007), siempre según la investigación de la UCO. Así, entre los años 2007 y 2012, la compañía declaró ventas al consorcio Green Canal Golf –el encargado de la explotación del campo de golf– por importe de unos 623.000 euros. Así lo destaca el magistrado Velasco en su auto: “Esta sociedad [Tecnoconcret] a pesar de estar desvinculada formalmente del citado consorcio [Green Canal Golf] aún siguió facturando”. Desde noviembre de 2008, el hermano y el cuñado de González eran directamente accionistas de Tecnoconcret.

Cuando en mayo de 2009 los denunciantes de Parque Sí en Chamberí solicitaron al fiscal Manuel Moix que pidiese los modelos 347 de Tecnoconcret y de Only Golf, estas dos compañías ya habían declarado por tanto todas las operaciones relacionadas con la instalación del césped –3,26 millones de euros procedentes de Dragados– y parte de las vinculadas a la explotación de las instalaciones deportivas. Por tanto, si la Fiscalía hubiese practicado esa sencilla diligencia, habría descubierto la operativa de la trama de la familia González.

"Ni la más leve sospecha"

En el decreto de archivo de la denuncia, firmado por el propio Moix y que tiene fecha de 6 de octubre de 2009, se concluye que no existía “indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencias, insinuaciones, presiones o similar por parte del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, a fin de que las decisiones adoptadas lo fueran en un determinado sentido”.

El entonces fiscal superior de Madrid no apreció “ningún tipo de irregularidad” en el concurso de adjudicación y llegó al extremo de asegurar en su escrito: “Se ha podido constatar que ni el hermano ni el cuñado del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid han intervenido, en momento alguno, ni como accionistas, ni como administradores de las sociedades a las que se adjudicó el concurso, ni tampoco en la sociedad anónima que actualmente explota las instalaciones”.

En las cinco páginas de su decreto, Moix no hace mención alguna a las diligencias de averiguación que habían pedido los denunciantes, entre ellas la solicitud a la Agencia Tributaria del modelo 347 de Tecnoconcret y de Only Golf.

El pasado jueves, infoLibre envió ocho preguntas a Manuel Moix sobre su actuación en relación con la denuncia planteada en 2009 por Parque Sí en Chamberí. El fiscal jefe de Anticorrupción, pese a las promesas de transparencia informativa que realizó al acceder al cargo en febrero de 2017, se negó a responder a las preguntas de este periódico.

  Mayo de 2010: la Fiscalía de Madrid se opone a una querella contra González

Al mismo tiempo que batallaban sin éxito para que la Fiscalía investigase por la vía penal al vicepresidente de Madrid, Parque Sí en Chamberí mantenía un segundo frente contra el campo de golf por la vía contencioso-administrativa. La primera victoria la obtuvieron precisamente en enero de 2010 en la vía contenciosa, cuando el TSJ de Madrid anuló la “declaración de excepcional interés público” de las obras del campo de golf, realizada por el Gobierno de Esperanza Aguirre.

La historia, resumida, es la siguiente. En febrero de 2003, se había aprobado un convenio para regenerar la zona del tercer depósito del Canal, que contemplaba crear 80.000 metros cuadrados de parque de uso público. Pero con la llegada al Gobierno de Esperanza Aguirre, en octubre de aquel año, el proyecto se modifica por completo: la zona verde de uso público se reduce a 33.746 metros, mientras que las instalaciones deportivas pasan de 5.156 a 58.889 metros cuadrados, que incluyen un campo de golf de nueve hoyos. Y el Canal de Isabel II ordena realizar las obras de este nuevo proyecto sin contar con la preceptiva licencia municipal. De forma que el Ayuntamiento de Madrid, también gobernado entonces por el PP, inicia un expediente de denuncia por infracción urbanística contra el Canal por estar ejecutando obras no autorizadas.

Para saltarse la suspensión de las obras dictada por el Ayuntamiento, lo que deciden Aguirre y González es que el Gobierno autonómico declare el proyecto de “excepcional interés público”, lo que suple la necesidad de contar con la licencia municipal. Esa declaración se produjo el 18 de enero de 2007 y los vecinos de Parque Sí en Chamberí acudieron a los tribunales. En enero de 2010, el TSJ de Madrid les dio la razón y anuló la declaración de “excepcional interés público” alegada por el Gobierno de Aguirre.

Con esa sentencia a su favor, que dejaba en evidencia el atropello administrativo cometido por Aguirre y González para sacar adelante el campo de golf, Parque Sí en Chamberí intentó abrir de nuevo la vía penal contra el vicepresidente madrileño. Pero esta vez, en lugar de acudir a la Fiscalía como en las dos ocasiones anteriores, decidieron presentar directamente una querella criminal contra Ignacio González ante el TSJ de Madrid. La presentaron en marzo de 2010 y en ella acusaban al vicepresidente madrileño de cuatro delitos: prevaricación, contra la ordenación del territorio, malversación de bienes públicos y fraude.

En el texto de la querella, además de explicar las actuaciones en la vía contencioso-administrativa que habían terminado con una sentencia a favor de los vecinos, se detallaba la trama empresarial del campo de golf, en los mismos términos que habían sido expuestos en la denuncia del año anterior ante la Fiscalía. “De lo relatado esta denunciante estima que hay más que indicios de que la declaración de ‘interés general’ tenía un ‘interés particular’, beneficiar a los familiares del presidente del Canal que también era vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid”, se indicaba en el escrito de la querella.

Los querellantes pedían al TSJ de Madrid que realizase una serie de diligencias de investigación, entre ellas la declaración como querellado de Ignacio González y la testifical de los tres accionistas de Tecnoconcret (el hermano y el cuñado del vicepresidente y José Antonio Clemente). Además, volvían a reclamar que se solicitase a la Agencia Tributaria la relación del modelo 347 presentado por las compañías Tecnoconcret y Only Golf en los años 2005, 2006, 2007 y 2008 y que se pidiese a la Seguridad Social la relación de trabajadores de Tecnoconcret en ese mismo periodo.

"Las diligencias esenciales"

El tribunal ante el que estaba aforado Ignacio González solicitó a la Fiscalía de Madrid, como es preceptivo, un informe sobre la procedencia de admitir o no a trámite la querella contra el vicepresidente madrileño. Y, por tercera vez, la Fiscalía que dirigía Manuel Moix se pronunció en contra de que se investigase la adjudicación del campo de golf. En esta ocasión lo hizo a través de un escrito de ocho páginas, fechado el 20 de mayo de 2010 y que firmaba el teniente fiscal, Carlos Ruiz de Alegría Madariaga.

“Por los mismos hechos se presentó denuncia ante esta Fiscalía por la actual entidad querellante, lo que determinó la incoación de las diligencias de investigación nº 2/09, las cuales concluyeron en archivo tras la práctica de las diligencias que se consideraron esenciales para clarificar los hechos denunciados”, sostiene el fiscal, en referencia al decreto de Moix de 2009.

¿Cuáles fueron esas “diligencias esenciales” que se practicaron en 2009? No hay forma de saberlo porque ni en el decreto de octubre de 2009 ni en el escrito de mayo de 2010 se indica cuáles son. Lo que en todo caso resulta evidente es que no se practicaron las que solicitaban los denunciantes, en concreto, pedir a la Agencia Tributaria el modelo 347 de las empresas de la trama. Si la Fiscalía lo hubiera hecho, Hacienda le habría informado del pago de 3,2 millones de euros de Dragados a Tecnoconcret y sería inconcebible que Moix hubiera decretado el archivo conociendo ese dato.

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Por lo demás, todo el escrito del teniente fiscal se apoyaba en el decreto de archivo que había firmado en 2009 su jefe: “Como ya se apuntaba en el decreto del Excmo. Fiscal Jefe emitido en fecha 6/10/2009, no se acreditaron en absoluto la comisión de ninguno de los delitos denunciados en su día”. Parte del escrito de 2010 es un simple corta y pega del decreto de Moix del año anterior. Así, por ejemplo, cuando se afirma que “se ha podido constatar que ni el hermano ni el cuñado del Vicepresidente de la Comunidad de Madrid en ningún momento han intervenido ni como accionistas, ni como administradores de las sociedades a las que se adjudicó el concurso ni tampoco en la sociedad anónima que actualmente explota las instalaciones”.

En realidad, como explica el juez Velasco en su auto, esa desvinculación de Tecnoconcret de la sociedad que explotaba las instalaciones del golf sólo había sido formal. Y la prueba es que en el periodo 2008 a 2012, la empresa de la familia González facturó 623.000 euros a la concesionaria de las instalaciones deportivas (Green Canal Golf).

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, siguiendo el criterio de la Fiscalía, decidió no admitir a trámite la querella contra Ignacio González. Así lo resolvió mediante un auto fechado el 15 de junio de 2010.