Quién es quién en la ofensiva para socavar la legitimidad del TC que denuncia Conde-Pumpido

"Quien cuestiona al Tribunal Constitucional cuestiona a la Constitución y a la democracia". Lo ha dicho este lunes el presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, durante un desayuno organizado por el Ateneo de Madrid en colaboración con un grupo de once periodistas de medios de muy diferente línea editorial. El presidente ha denunciado, además, que sus miembros se encuentran sometidos a "fuerzas o corrientes de opinión muy poderosas, que representan a un poder político, mediático, económico o de otra índole", ha dicho. Pero, ¿en quién piensa Conde-Pumpido al denunciar esas presiones? Hace meses que la campaña contra el Constitucional se ha intensificado y los ataques, o "presiones" que denuncia el magistrado, van más allá de la lucha partidista y se adentran en el Poder Judicial. Estos son algunos de sus actores y varios tienen vínculos entre ellos.

Alberto Núñez Feijoo

"Tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional, no se lo oculto", dijo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una entrevista en Onda Cero el pasado junio. El principal partido de la oposición y su líder es quien lidera la campaña de desprestigio contra el tribunal de garantías, una ofensiva que, hasta finales de 2022, cuando el órgano contaba con mayoría conservadora, al partido no se le ocurrió desplegar. La fuerza política que ahora preside Feijoo participó activamente en la última renovación del órgano (en realidad en todas) y, cada vez que ha tenido la ocasión de proponer magistrados, ha optado por perfiles muy próximos como Enrique Arnaldo, excontratista de administraciones gobernadas por el partido, y Concepción Espejel, apartada del caso Gürtel por su supuesta amistad con la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. El último en entrar, impuesto en la designación del nuevo Consejo General del Poder Judicial, ha sido José María Macías, antiguo halcón del PP en el gobierno de los jueces y que ahora conseguido trasladar su animadversión al Gobierno al Constitucional.

De Feijóo para abajo, en el PP, las declaraciones para socavar la legitimidad del Constitucional caen como una cascada. Tras la sentencia del órgano de garantías que rebajó las condenas de los ERE, la número dos del PP, Cuca Gamarra, dijo: "Hoy hemos conocido una nueva sentencia del Tribunal Constitucional que materializa el borrado de otro cargo socialista de los ERE". Pero el dirigente que con más dureza se lanzó al desprestigio de la institución que hasta hace apenas dos años controlaba la formación de derechas fue el vicesecretario de Asuntos Institucionales y eurodiputado Esteban González Pons, que llegó a calificarla de "cáncer del Estado de derecho". Luego tuvo que rectificar. El PP, que ejerce como acusación popular en la causa de los ERE de Andalucía, ha sido quien ha pedido a la Audiencia de Sevilla que cuestione ante el Tribunal de Justicia de la UE las resoluciones del Constitucional sobre la trama corrupta colocándolo en una situación inédita en sus 45 años de historia y abriendo la puerta a que cualquier juez o tribunal suspenda durante años sus sentencias si no las comparte.

Enrique Arnaldo

El magistrado conservador del Constitucional, excontratista de administraciones del PP con su despacho de abogados y excolaborador de la fundación FAES, próxima a ese partido, fue, junto con sus compañeros del sector conservador Concepción Espejel y César Tolosa los que inspiraron, desde dentro del propio Constitucional, la última maniobra del partido de Feijóo para socavar la legitimidad del tribunal del que forman parte. Esos tres magistrados fueron los que, en sus votos particulares discrepantes sobre las sentencias de los ERE, invocaron la sentencia del TJUE recogida después por la acusación popular del PP y por la sección primera de la Audiencia de Sevilla para proponer una cuestión prejudicial contra la decisión del órgano de garantías español. Ninguna de las sentencias del caso de corrupción andaluz -ni la del tribunal provincial sevillano ni la que la que del Supremo que la confirmó- había recogido hasta ese momento ninguna presunta vulneración del derecho de la Unión.

La sentencia invocada se basa en un caso de corrupción ocurrido en Rumanía, país que está sometido a monitorización constante de su sistema judicial y de lucha contra la corrupción por la UE desde su incorporación en 2007, en contraste con España, cuyas reglas del Estado de derecho jamás han sido puestas en cuestión por Bruselas. La resolución del tribunal de Luxemburgo –la del caso Euro Box Promotion– establece una serie de criterios para el control del fraude y la corrupción respecto de los fondos públicos procedentes de la UE, pero sobre todo, su fallo recoge una posibilidad que viene como anillo al dedo a la estrategia de deslegitimación del Constitucional en la que está embarcado el PP. La sentencia del tribunal europeo permite a los jueces ordinarios desobedecer sentencias del Tribunal Constitucional si el derecho interno del Estado miembro no garantiza su independencia e imparcialidad.

Pilar Llorente

Junto con Encarnación Gómez, Pilar Llorente es la única magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla que firmó las sentencias de los ERE que todavía sigue en la sección primera del tribunal andaluz. También es la jueza a la que ha correspondido la ponencia –es decir, la redacción del borrador– de la nueva sentencia para los expresidentes Chaves y Griñán y otros exconsejeros y altos cargos socialistas de la pieza política del caso, acorde con el criterio del Constitucional. El órgano judicial sevillano, sin embargo se ha negado a aplicarlo. Al menos de momento.

La decisión insólita de este tribunal ordinario de dejar de aplicar las sentencias del órgano de garantías español y cuestionar la decisión de éste ante tribunal de Luxemburgo supone, de hecho, la suspensión de la solución final al caso por un plazo que se puede prorrogar entre 15 meses y dos años, el tiempo que el TJUE tarda en resolver las cuestiones prejudiciales. Durante todo ese tiempo la situación procesal de los condenados quedará en un limbo debido a que sus sentencias iniciales, luego ratificadas por el Supremo, han sido anuladas. Pero, además, la jugada supone abrir la puerta a que otros juzgados y tribunales puedan atacar las resoluciones de órganos superiores, lo que afecta a la propia estructura del sistema judicial.

La decisión de elevar la cuestión al tribunal europeo se hace a propuesta del PP, que actúa como acusación popular en el caso de los ERE. El escrito en el que solicitó a Llorente, Gómez y el resto de magistrados que lo hiciera el pasado 6 de febrero se basaba en gran parte en el criterio de Arnaldo, Espejel y Tolosa expresado en sus votos particulares.

Manuel Marchena

Estuvo a punto de convertirse en presidente del Tribunal Supremo gracias, en parte, al Gobierno de Pedro Sánchez en 2018, pero un mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que aseguraba que gracias a él, ese partido controlaría el alto tribunal "por detrás", lo obligó a abandonar esa carrera. Manuel Marchena presidió en noviembre y enero la sala de admisión de ese órgano que decidió no admitir dos querellas contra Conde-Pumpido y los otros seis magistrados progresistas del Constitucional por prevaricación al rebajar las sentencias de los ERE, dos de ellas firmadas por Vox y el grupo ultra Hazte Oír. Pese a rechazar ambos escritos, las resoluciones del Supremo fueron interpretadas en el Constitucional y en el PP como una advertencia o amenaza a esos magistrados, de los que dijo que no tenían "carta blanca" y que podrían ser investigados por sus resoluciones pese a que la ley orgánica del tribunal lo prohíbe expresamente. En el Constitucional creen que el inspirador de ese mensaje era Marchena, sobre todo tras un artículo de su amigo y catedrático de Derecho Procesal Nicolás González-Cuéllar publicado el pasado febrero en El Confidencial en el que así se sugería. Semanas después de esos dos autos y tras un enorme revuelo, el Supremo se ha corregido a sí mismo y ha rechazado la posibilidad de actuar.

Marchena ha presidido durante 10 años la Sala de lo Penal del alto tribunal. Esa institución fue la que confirmó la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó a penas de cárcel e inhabilitación a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán (PSOE), junto a varios exconsejeros y otros cargos por el caso de corrupción andaluz.

El pasado julio, el Constitucional anuló dichas condenas al considerar que tanto el Supremo como la Audiencia de Sevilla habían vulnerado el derecho fundamental a la legalidad penal de los acusados, es decir, que los habían condenado por conductas no recogidas en el Código Penal. Marchena fue también presidente del tribunal y ponente de la sentencia del procés, sentencia que la ley de amnistía le obligaba teóricamente a desmontar para anular los cargos y condenas de los dirigentes políticos de la tentativa secesionista. La Sala de Marchena se negó a aplicarla y elevó una cuestión de inconstitucionalidad al órgano que preside Conde-Pumpido, que en los próximos meses -previsiblemente antes del verano, según ha dicho este lunes el presidente- tendrá que decidir sobre su validez o no respecto de la norma fundamental.