El pacto antitransfuguismo languidece ante un PP resuelto a jalear la traición para lograr la investidura

El Partido Popular, como también el PSOE y otros partidos políticos, se comprometió en 1998 a “impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de Gobierno de las instituciones públicas” y a “desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter económico, reglamentario y protocolario”. Un compromiso que renovó en 2020, pero que no le impidió beneficiarse del tamayazo, el caso de transfuguismo más célebre hasta la fecha, gracias al cual el PP evitó en 2003 un gobierno de izquierdas en Madrid e inició dos décadas de hegemonía política en la comunidad que todavía continúan. 

El pacto nació precisamente para eso: dificultar que concejales o diputados traicionasen a los partidos que les incluyeron en las listas, favoreciendo gobiernos de signo diferente. Incómodo con esa limitación, el PP se la saltó en más de una ocasión. La última y más sonada, comprando la voluntad de cuatro diputados de Ciudadanos en Murcia para derrotar la moción de censura que este partido, de común acuerdo con el PSOE, había presentado para poner fin a 26 años de gobierno ininterrumpido del PP en la Región.

Esa actuación motivó una resolución de los expertos de la comisión antitransfuguismo que certificó la “condición de “tránsfugas” de los cuatro exdiputados de Ciudadanos que tumbaron la moción de censura en Murcia, así como del presidente de esta región, Fernando López Miras, al considerar que fue “inductor y beneficiario” de la conducta tránsfuga de estos parlamentarios.

Ampliación

El pacto contra los tránsfugas, firmado el 7 de julio de 1998 y ampliado en 2020 para extenderlo de las corporaciones locales a los ámbitos estatal y autonómico, también con el visto bueno del PP, nació para poner freno a las prácticas corruptas que tratan de pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas fichando representantes de partidos rivales para apuntalar mayorías o forzar cambios de gobierno.

No tiene rango de ley y de su incumplimiento no cabe otra consecuencia que un reproche moral. La culpa es de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en su momento estableció que, aunque los diputados y los concejales son elegidos en España en listas cerradas presentadas por los partidos políticos, no pueden ser removidos de sus escaños.

Las consecuencias de la “práctica reiterada” del transfuguismo, sostiene el acuerdo firmado en su día por el PP, “cuando sus efectos suponen la alteración de la representación política durante la misma legislatura, cambiando la orientación de la relación de fuerzas surgida de las urnas, no sólo son perjudiciales para la gobernabilidad, sino que deterioran los fundamentos del sistema político, propiciando disfunciones y comportamientos que pueden instalarse de forma endémica en nuestra vida pública”.

Impulsado por Rajoy

El acuerdo original lo impulsó en su momento Mariano Rajoy siendo ministro de Administraciones Públicas y lo firmaron los representantes del PP, PSOE, Izquierda Unida, Convergència, PNV, Coalición Canaria, BNG y ERC entre otras formaciones.

La renovación del documento en el año 2000 reconocía que, dos años después de su firma, se podía “constatar una significativa reducción del transfuguismo, debida esencialmente, sin duda, a la constancia de los esfuerzos realizados por los partidos políticos para ser consecuentes con el compromiso asumido, y a la creciente condena y estigmatización social de tales conductas”.

 “El transfuguismo supone, desde una perspectiva política y ética, una deslealtad tanto hacia las fuerzas políticas que depositaron su confianza en personas que, posteriormente, acreditan no ser merecedoras de ella, como hacia los electores, que emiten su voto desde la constatación evidente de tal inclusión”.

La definición de tránsfuga

El pacto se amplió en dos ocasiones. La primera en 2006, estableciendo por primera vez una definición de tránsfuga en el ámbito local que la adenda de 2020 hizo extensible a las instituciones autonómicas: “Se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”.

“Se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso”.

Si existen dudas, “será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso” para el puesto “quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas”.

La segunda adenda del pacto, aprobada hace 14 años, establecía además que las medidas de castigo contra los tránsfugas deben extenderse “a aquellos que se beneficien de su conducta”.

Oídos sordos

Pedir al PP que volviese al pacto fue precisamente una de las primeras demandas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó a Alberto Núñez Feijóo en la primera entrevista que mantuvieron en la Moncloa en abril de 2022, una vez que el expresidente de la Xunta relevó a Pablo Casado. Pero no obtuvo respuesta.

Feijóo no solamente no ha manifestado nunca el menor interés por someterse de nuevo al pacto, del que en la actualidad están fuera el PP y Vox, que nunca lo suscribió, sino que su partido y él mismo llevan semanas alentando una traición en las filas del PSOE apelando a “la conciencia” de los diputados socialistas para que impidan la aprobación de una amnistía, bien haciéndole a él presidente, bien impidiendo la reelección de Sánchez.

Su número dos, Cuca Gamarra, insistió en ello este lunes, a menos de 24 horas del inicio de la sesión de investidura, en una rueda de prensa celebrada en la sede del partido en la que acusó a Sánchez de ser él mismo un tránsfuga pro defender ahora lo que rechazaba antes de las elecciones y en la que evitó expresamente rechazar la posibilidad de que Feijóo sea elegido gracias a una traición como las previstas en el pacto antitransfuguismo.

La teoría de Gamarra

Según Gamarra, “no hay más transfuguismo” que el de Sánchez. “Yo creo que el mayor ejercicio de transfuguismo que se está produciendo en nuestro país en estos momentos lo está protagonizando Pedro Sánchez. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay mayor transfuguismo que el ideológico que está detrás de haberte presentado con un programa electoral que no recoge la amnistía y estar dispuesto a pactar un Gobierno asumiendo una amnistía”, señaló. Las urnas, aseguró negando la legitimidad del Congreso, “no habilitaron a nadie” a articular una amnistía ni para llevar a cabo el préstamo de diputados a Junts que permitió a esta formación contar con grupo parlamentario propio.

El último ejemplo de transfuguismo notorio a escala nacional lo protagonizó también el PP de Casado, pero sus consecuencias llegaron hasta Feijóo. Fue su dirección la que consumó el premio a los dos tránsfugas de UPN que a punto estuvieron de dar al traste con la reforma laboral al darles cobijo en sus listas.

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Ficharlos supuso una flagrante violación del pacto antitransfuguismo, que prohíbe expresamente a los partidos “admitir” a concejales o diputados elegidos en una lista diferente “mientras mantengan el cargo conseguido en su partido original”. Es decir: admitir a Sergio Sayas y a Carlos García Adanero en el PP incumplió el pacto contra el transfuguismo porque previamente no renunciaron a sus escaños en el Congreso.

Ambos fueron expulsados de UPN después de incumplir el acuerdo que su partido había suscrito con el Gobierno para apoyar en el Congreso la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Los dos diputados, conscientes de que sus votos eran decisivos, engañaron deliberadamente al Ejecutivo diciéndoles que votarían a favor de la iniciativa con la intención de causarle una inesperada derrota.

Sin embargo, el azar hizo que la votación saliese adelante sin su apoyo gracias al error cometido por un diputado del PP, Alberto Casero. Su voto favorable a la reforma laboral arruinó la estrategia de los dos tránsfugas así como la del Partido Popular y de Vox, que confiaban en ellos para causar una seria derrota al Gobierno.