Los partidos agotan la campaña sin aclarar sus alianzas y con el fantasma de nuevas elecciones en el horizonte

Oriol Junqueras (ERC), Carles Puigdemont (JuntsxCat), Inés Arrimadas (Ciutadans), Miquel Iceta (PSC), Xavier Domènech (CatEnC-Podem), Carles Riera (CUP) y Xabier García Albiol (PP).

Los partidos soberanistas, Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP, a pesar de sus diferencias a la hora de idear la ruta más viable hacia la independencia y, sobre todo, acerca de quién debe presidir la Generalitat —el huido Carles Puigdemont o el encarcelado Oriol Junqueras— echaron este martes el resto para movilizar hasta el último voto independentista con un único objetivo: revalidar la mayoría absoluta parlamentaria que conquistaron en las elecciones de 2015 y que el pasado mes de septiembre les permitió poner en marcha la ruptura unilateral con España.

Al otro lado del espejo, Ciudadanos, PSC y PP, hicieron los propio para motivar a los ciudadanos contrarios a la independencia y llevarlos este jueves a las urnas con el objetivo de romper la hegemonía política soberanista en el Parlament en una jornada electoral en la que se prevé una participación histórica, por encima del 80% del censo.

En medio de ambos bloques, Catalunya en Comú-Podem, ahogada por las encuestas, agotó su voz hasta el último minuto en defensa de un acuerdo transversal y de izquierdas en compañía de Esquerra y el PSC.

La excepcionalidad de la situación, con la autonomía suspendida, con los promotores de la república catalana huidos a Bélgica, encarcelados o en libertad provisional —todos acusados de graves delitos que implican largas condenas de cárcel— y con la opinión pública internacional pendiente de que el resultado de las urnas valide o desautorice las aspiraciones soberanistas en Cataluña, todo el mundo contiene la respiración.

Lo que ocurra a partir del 21D dependerá, en primer lugar, de que el independentismo renueve o pierda el control del Parlament. Si suman al menos 68 escaños —la mitad más uno de los 135 que componen la Cámara autonómica catalana—, el debate pasará a ser otro. Y hay que tener en cuenta las ausencias: varios candidatos en puestos con escaño garantizado están huidos o en prisión y no está claro que las autoridades judiciales les vayan a permitir votar el día en que se constituya la Cámara (y se elija la Mesa que debe gobernarla) o incluso en el debate de investidura.

En primer lugar, y suponiendo que sumen 68 votos en este escenario, los independentistas deberán decidir quién debe ser presidente ser presidente, porque Esquerra propondrá a Junqueras (las encuestas predicen que será la formación soberanista más votada) y JuntsxCat insistirá en restaurar a Puigdemont en la Presidencia y cerrar así el ciclo del 155.

Y, en segundo lugar, tendrán que ponerse de acuerdo sobre qué hará el Govern a partir de ese momento, porque las hojas de ruta de los tres partidos no son ni mucho menos coincidentes. JuntsxCat y ERC hablan de abrir una negociación con el Gobierno central (los primeros sobre la base del reconocimiento de la independencia) que fuerce la mediación internacional que no consiguieron tras la celebración del referéndum del 1 de octubre. Pero la posición de la CUP, será, como ya ocurrió en 2015, decisiva. Los anticapitalistas sólo están dispuesta a dar apoyo a una mayoría de gobierno si es para poner en marcha la república catalana ignorando la oposición del Estado. Sin negociaciones.

La inexcusable contribución de la CUP a la mayoría anticipa que, en caso de acuerdo entre los tres grupos independentistas, el Govern resultante tratará de hacer realidad la república proclamada a finales de octubre. En ese caso, como ya ha señalado el Gobierno, es más que probable que Rajoy invoque de nuevo la aplicación del artículo 155 abriendo un escenario lleno de incertidumbre.

¿Y que pasa si la moneda no cae del lado independentista? En ese supuesto se abre un escenario aún más imprevisible. Ninguna encuesta garantiza a los partidos constitucionalistas (Ciudadanos, PSC y PP) mayoría absoluta para formar gobierno. Y los vetos cruzados entre partidos hacen prácticamente inviable cualquier combinación para formar mayorías.

Las cuentas de los constitucionalistas

Ciudadanos, a quien los estudios de intención de voto sitúan a la cabeza de las preferencia de los votantes no independentistas (varias encuestas prevén incluso la posibilidad de que sus candidaturas sean las más votadas de cuantas se presentan a ls elecciones), quiere que PSC, PP y Catalunya en Comú faciliten que su candidata Inés Arrimadas se convierta en la primera presidenta de Cataluña. En contra tiene a los comunes y a los socialistas que, con diferencias de énfasis (más claramente los primeros) ya han dicho que no le darán su apoyo. E incluso al PP, cuyos dirigentes han dejado caer que prefieren una Presidencia del PSC.

Más complicada, aunque teóricamente posible, es la apuesta del PSC. Miquel Iceta, sabedor de que genera menos rechazo que Arrimadas, ya ha anticipado que quiere jugar esa carta y proponerse a sí mismo para la Presidencia. Para conseguirlo necesita que Ciudadanos, Catalunya en Comú y hasta el PP le den su apoyo.

Los comunes de Xavier Domènech, a los que las encuestas anticipan un resultado muy modesto, quieren hacer valer su posición intermedia entre el bloque soberanista y el constitucionalista y negociar una salida de izquierdas con la participación de ERC y el PSC. En contra tiene a los socialistas, que han dicho que no pactarán con los republicanos. Y a Esquerra, que sitúa al PSC en la órbita de los defensores del 155. Sin contar con que será muy difícil que las tres fuerzas políticas sumen votos suficientes para ganar una investidura.

En un escenario sin mayoría absoluta, la única manera de evitar la repetición de las elecciones es que alguien ceda. O bien el PSC y Catalunya en Comú, facilitando un gobierno de Ciudadanos, o bien Ciudadanos y los comunes haciendo presidente a Iceta. O, si dan las cuentas, PSC y ERC poniéndose de acuerdo para formar una mayoría de izquierdas con Catalunya en Comú.

La necesidad de todos los partidos de marcar distancias y esconder las coincidencias durante la campaña electoral ha alimentado el pesimismo. el pesimismo.La creencia de que será poco menos que imposible formar una mayoría para una investidura se ha asentado y algunos dirigentes ya consideran muy probable que se agoten los plazos sin pactos y haya que repetir las elecciones. Sin embargo, las mismas formaciones cuyos vetos cruzados dificultan los acuerdos no quieren ni oír hablar de volver a votar. Entre otras razones porque nada garantiza que los ciudadanos vayan a cambiar de preferencias.

La legislatura que acaba de terminar con la abrupta destitución del Gobierno y la intervención de la autonomía catalana ya empezó así. El veto de la CUP a votar la investidura de Artur Mas, el candidato de Junts pel Sí (una coalición integrada por Esquerra, las facciones independentistas de la antigua CiU y representantes de organizaciones sociales soberanistas, como ANC) a punto estuvo de provocar la repetición de las elecciones. Sólo la decisión de Mas, en el último minuto, de abandonar su ambición de ocupar la Presidencia y proponer para ese puesto a un entonces poco conocido Carles Puigdemont, permitió a la CUP sumar sus votos a los de JuntsxSí y dar inicio a la legislatura. Justo cuando el acuerdo parecía más difícil, la cesión de una de las partes lo hizo posible.

En cualquier caso, la evolución del voto en Cataluña en elecciones autonómicas pone de manifiesto la hegemonía que el nacionalismo catalán ha tenido en este tipo de comicios, ya que en tres de las once elecciones autonómicas celebradas desde el año 1980 ha superado el 50% de los votos y en la mayoría de las demás convocatorias han estado próximos a ese porcentaje. La única excepción es precisamente la más antigua: las primeras elecciones de 1980, en la que la suma de ERC y CiU consiguió apenas el 36,73% de los votos.

Las encuestas

Aunque ahora todo el mundo está pendiente de las encuestas prohibidas, que no se pueden publicar en España por imperativo legal pero que se pueden consultar libremente en periódicos de Andorra y Escocia, el desacierto de la mayoría de los estudios de predicción de voto se ha hecho evidente en los últimos años y ahora, en un contexto tan excepcional como el catalán, no faltan voces avisando de que hay más motivos que nunca para que se equivoquen.

En 2012 nadie previó el hundimiento de CiU, pero en 2015 la mayoría de los estudios de intención de voto anticiparon a grandes rasgos el resultado. Muchos creen que aquel acierto se puede repetir, pero el sociólogo Joaquín Arango no es uno de ellos. El también catedrático de la Complutense citó esta semana hasta siete motivos para perder la fe en las encuestas del 21D.

En primer lugar, la dificultad a la hora de prever la participación y la imprevisibilidad de la movilización de los abstencionistas, que los expertos en opinión pública consideran mayoritariamente constitucionalistas en una proporción de 2 a 3, justo lo contrario de lo que ocurre con los nuevos votantes, entre los que se presume una mayoría de independentistas.

El tercer motivo para dudar del acierto de las encuestas del 21D, siempre según Arango, es el elevado porcentaje de indecisos (por encima del 25%), que él además considera en realidad “opacos”: personas que ya saben a quién van a votar pero que dicen lo contrario.

La excepcionalidad de las elecciones (las citas “históricas” son más propensas a la sorpresa), la diversidad de opciones y lo escasa horquilla que las separa tampoco ayudan a las empresas de sondeos. Como tampoco las dos últimas razones citadas por Arango: la dificultad de prever el impacto de una lista tan peculiar como la encabezada por Carles Puigdemont (el cabeza de lista está en otro país y sus integrantes han sido cuidadosamente elegidos para movilizar el voto en las áreas más afines al independentismo) y el hecho de que la votación vaya a tener lugar en un contexto insólito (un día laborable).

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El calendario

Para conocer el resultado de la votación ya sólo hay que esperar a la noche del jueves. El día del escrutinio general –que tendrá que ser antes del miércoles 27 de diciembre– se contabilizará el voto procedente del extranjero, que ha subido de forma notable aunque hasta ahora en Cataluña nunca ha sido decisivo en la distribución de escaños. El resto de fechas depende de la presentación de reclamaciones (el plazo límite es el 28). En cualquier caso, la proclamación definitiva de electos tendrá que realizarse como muy tarde el 5 de enero.

La excepcionalidad derivada de la aplicación del artículo 155 no terminará el 21D sino cuando haya nuevo Govern. Por esa razón, a falta de un president en funciones, tendrán que ser Mariano Rajoy y su Gobierno quienes decidan la fecha de constitución del nuevo Parlament, aunque tendrán que hacerlo antes del 23 de enero, tal y como establece la Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Govern.