Un 13% de problemas de rodilla pero sólo un 8% de infartos: la privada se lucra con las patologías más leves

La patronal de los hospitales privados (Alianza Española de la Sanidad Privada, ASPE) celebraba este miércoles los resultados del último informe de la Cátedra Extraordinaria de Salud Sostenible y Responsable de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), impulsada por ella misma. “Un informe de la Complutense concluye que los hospitales de gestión privada en modelo concesional presentan los mejores resultados en mortalidad evitable”, publicaron en su página web. Según sus datos, sus centros ganan tanto en índice de satisfacción global, como en recomendación global y en reclamaciones, “por lo tanto [...], presentan mejores resultados”. Pero tras los números hay otra realidad. Son los públicos los que absorben las patologías más graves.

Así lo cuentan los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados el pasado mes de marzo. Unas cifras, además, que vienen a confirmar una dualidad que ya existía, pero que ahora se ha agravado. Y es que el auge del negocio sanitario privado es evidente. Y sobre todo después de la pandemia. Tanto el número de asegurados como el de ganancias de las compañías que los ofertan no ha hecho más que crecer.

Lo celebran desde el propio sector, que se vende con cada nueva estadística como la solución a los males de la sanidad pública. Lo hizo también ASPE este miércoles. Según aseguró, su investigación “cobra especial sentido en relación con las afirmaciones políticas de la ministra Mónica García, que señaló en sede parlamentaria la existencia de artículos en reconocidas publicaciones científicas que relacionaban la colaboración público-privada sanitaria con el supuesto aumento de la mortalidad evitable en sistemas sanitarios como los de Reino Unido o Italia”. “Para ASPE”, continuaron, “tales afirmaciones han tratado de menoscabar el modelo colaborativo que la privada brinda en auxilio de la sanidad pública”.

Lo hace también la Fundación IDIS, que precisamente el pasado mes de abril presentó su Observatorio del sector sanitario privado 2024, un amplio documento en el que se refleja esa cada vez mayor presencia del sector privado en la sanidad de nuestro país. El número de asegurados, por ejemplo, ha pasado de ser 10, 2 millones de personas en 2018 a 12,4 en 2023, un 3,9% más. Las ganancias del negocio, en el mismo periodo, han aumentado desde los 8.213 millones hasta los 10.751, un 5,5% más. Fue ese su mejor año.

Y lo fue gracias al deterioro de la sanidad pública. Así lo revelan, por ejemplo, las series históricas del Barómetro Sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que recogen que el porcentaje de ciudadanos que responden que la sanidad pública, “en general, funciona bastante bien”, ha pasado de un 21,2 en 2018 a un 12,5% en 2023. En los mismos años, quienes consideran que el sistema “está tan mal que necesitaría rehacerse” han pasado de suponer un 4,7% a un 14,3%.

Apuntalan estos números otros publicados este jueves, precisamente, por la Fundación IDIS. Se trata de su Estudio de percepción de la sanidad privada 2024, una encuesta que detalla que quienes han contratado un seguro de salud privado lo han hecho, en su mayoría, por “la rapidez con la que atienden”. Un 46,4% esgrimió esa razón. Y únicamente un 21% aludió a “la calidad de los servicios sanitarios que ofrecen”.

Porque la sanidad privada bebe de las patologías menos graves y que más listas de espera acumulan en los servicios públicos. Un caso es el de las consultas a especialistas. Según el mismo informe de IDIS, el 58,7% de los encuestados elegiría para ello la opción privada, mientras que un 15,4% eligiría la pública. Actualmente, los pacientes esperan una media de 101 días para ser atendidos en esta última.

La cosa cambia, sin embargo, cuando hay una amenaza de ingreso hospitalario. En ese caso, el 38,5% prefiere uno público, frente a un 35,4% que apostaría por uno privado. Son estos los que, además, aglutinan los tratamientos más leves y menos costosos. “Los centros privados se especializan en las actividades rentables. Es decir, en patologías que no son muy graves y que sufren, además, personas jóvenes. Lógicamente, claro que la mortalidad es menor así”, critica el portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle.

Enfermedades óseas frente a circulatorias

Buceando en la encuesta de morbilidad hospitalaria del INE se pueden ver varios ejemplos. En términos generales, y si nos fijamos en las altas, los hospitales públicos dieron 3.438.729, mientras que los privados 1.313.100. Partiendo de esa base, y observando en concreto las producidas tras una dolencia del sistema circulatorio —entre las que se encuentran por ejemplo las anginas de pecho, la insuficiencia cardiaca o los infartos agudos de miocardio—, se observa que estas suponen el 13,7% de altas en los centros públicos, mientras que tan solo son el 8,6% en los privados.

Ocurre lo mismo con las enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio —que incluyen por ejemplo la neumonía y la bronquitis y bronquiolitis—. Si las altas relacionadas con ellas supusieron el 11% del total de las producidas en los hospitales públicos, fueron tan solo el 8,2% de todas las de los privados. Y también pasa con los tumores, que supusieron un 10,2% de las altas en la pública y únicamente un 7,5% en la privada.

La cosa cambia, sin embargo, si hablamos de altas tras dolencias del sistema osteomuscular —entre las que hay, por ejemplo, trastorno interno de rodilla, dorsalgias o trastornos del disco intervertebral. En este caso, los números se invierten: las altas en la sanidad privada fueron del 13,2%, mientras que en la pública supusieron el 4,7% del total de las del año. Lo mismo sucede con las enfermedades de la piel, aunque no con tanta diferencia: si la pública dio el 1% de sus altas tras una dolencia de este tipo, la privada dio el 1,3%.

Hay estudios que vienen a confirmar esta cuestión. Uno fue publicado el pasado mes de enero en The European Journal of Health Economics (Revista Europea de Economía de la Salud) por dos investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Jaime Pinilla y Beatriz González López-Valcárcel, y por Enrique Bernal-Delgado, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.

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Tras analizar los ingresos de funcionarios por casos de cáncer en hospitales públicos de la Comunitat Valenciana entre 2010 y 2015, los científicos concluyeron que la probabilidad de que apareciera en registro un carcinoma metastásico era “un 31% mayor” entre los trabajadores públicos que entre el resto de la población. Pero se trata de una enfermedad que no distingue entre profesiones, así que la investigación dedujo, a partir de esos números, que las mutualidades de funcionarios “seleccionan riesgos” para evitar a los pacientes que suponen un alto coste.

Es lo que se conoce también como preexistencias. Las reflejó la misma Cátedra Extraordinaria Salud sostenible y responsable, que en un informe afirmó que los ciudadanos pueden encontrarse con dificultades, incluso con la negativa, para acceder al sistema privado de salud en el caso de contar con una enfermedad preexistente o haberla sufrido en el pasado. Hay patologías como la diabetes, el cáncer, cardiopatías o enfermedades cerebrovasculares que las aseguradoras consideran que tienen un riesgo “muy alto” por los costes que previsiblemente tendrían que asumir.

Como señala Juan Simó, especializado en análisis económico del sistema sanitario y autor del blog Salud, dinero y atención primaria, un trabajo de Laura Pellisé cifró, ya en 1996, que “es suficiente con quitarse de en encima el 5% más costoso para que tu gasto total se reduzca un 50%”. “Si tienes buen ojo sobre cuál va a ser ese 5% de los pacientes más costosos, el ahorro es brutal. Así que, como cantidad, tampoco hace falta quitarse mucha gente de encima. No es cuestión de cantidad, sino de calidad”, concluye Simó.