El PP se escuda en el 'caso Koldo' para frenar el pacto migratorio en pleno órdago de Vox a sus autonomías

Dos meses después de que el Partido Popular rompiera las negociaciones con el Gobierno central sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha conseguido que los conservadores vuelvan a la mesa de negociación para tratar de acordar la derivación obligatoria de estos menores por todas las autonomías, un extremo al que siempre se ha negado el PP. Este jueves se celebrará una nueva reunión entre el Gobierno y el principal partido de la oposición pero desde la formación de Alberto Núñez Feijóo ya alejan cualquier opción de alcanzar un acuerdo, según apuntan fuentes parlamentarias, que se escudan las acusaciones del empresario Víctor de Aldama, presunto cabecilla del caso Koldo, sobre el ministro Ángel Víctor Torres, encargado de liderar las negociaciones sobre el reparto. Es más, estas mismas fuentes apuntan que el portavoz del PP, Miguel Tellado, evitará la fotografía con Torres.

Otra de las razones que el PP utiliza para oponerse al pacto es que su postura "ya está acordada con Canarias" en un documento que Feijóo ratificó con su presidente, Fernando Clavijo, el pasado mes de septiembre. Clavijo dio el visto bueno a algunas de las demandas del PP, como la declaración de emergencia migratoria nacional, la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes o la de obligar al Estado a asumir todos los gastos derivados de la acogida cuando cualquier comunidad superen el 100% de sus capacidades. Tras rubricar ese acuerdo Feijóo el PP viajó a Atenas para reunirse con el primer ministro, Kyriákos Mitsotákis, y a Roma para hacer lo propio con la italiana Giorgia Meloni, para tratar de emular la agenda anti migratoria de ambos países.

El dirigente de Coalición Canaria está apremiando a ambas formaciones a ponerse de acuerdo y recientemente se mostró "optimista" para cerrar una propuesta que defender ante la Conferencia de Presidentes del 13 de diciembre. Sin embargo, el PP mantiene que no va a ceder. "El Gobierno haría bien en no esperar de nosotros que cambiemos de opinión", afirman a infoLibre fuentes del entorno de Feijóo. "No la vamos a modificar por las presiones de ningún partido político. Ni del PSOE ni de Vox", añaden, en referencia al órdago que ha lanzado la formación de Santiago Abascal este miércoles al anunciar que suspende "las negociaciones" sobre los presupuestos autonómicos por el "acercamiento" del PP al PSOE sobre "política migratoria", en palabras del número dos de Vox.

Lo cierto es que los conservadores no están cerca de llegar a un acuerdo con el Gobierno ya que descartan por completo reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería —ya lo tumbaron el pasado mes de julio junto con Vox y Junts—, que señala lo siguiente: "Las comunidades autónomas podrán llegar a acuerdos con las comunidades autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración. El objetivo del Gobierno es cambiar el primer verbo. Es decir, que el Estado tenga la potestad de intervenir cuando haya territorios que no se ofrezcan a ayudar en la acogida a otros que ya superen el 150% de la capacidad de sus plazas.

Vox amenaza con no aprobar los presupuestos de seis autonomías del PP

"Nosotros no vamos a participar en el reparto de inmigración ilegal y de inseguridad que pretenden Feijóo y Sánchez", señaló este miércoles Ignacio Garriga, ya que la hostilidad hacia los migrantes, bajo el falso mantra de la lucha contra la delincuencia y la preservación cultural, es una de las banderas de Vox. "Si el PP quiere seguir impulsando las políticas del PSOE, que negocie los presupuestos con ellos. A Vox no le va a temblar el pulso", añadió. Una amenaza que no es nueva, ya que tras la ruptura del pasado mes de julio después de que el PP se comprometiera al reparto ya acordado de los 400 menores — 347 a la Península, 40 en Canarias y 13 en Ceuta— para este 2024, también amagaron con tumbar las cuentas de las seis autonomías en las que el PP gobierna en minoría.

Desde que la migración volvió al centro del debate político Vox lo está aprovechando para marcar perfil frente al PP. La extrema derecha insiste una y otra vez en que menores que llegan a España son jóvenes peligrosos a los que el Estado trata mejor que "a los de aquí", que tienen más ayudas, más facilidades y más privilegios. Los mensajes en contra los de migrantes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, son a menudo emulados por el PP. Tras el anuncio de Garriga, Feijóo respondió en un acto desde el Congreso que el PP "va a seguir defendiendo sus principios y convicciones sin someterse a chantajes de ningún tipo": "Ni vamos a dejar de acudir a una reunión que es importante por la situación de Canarias, ni vamos a dejar de defender nuestra postura", aseguran desde Génova. "En cualquier caso —añaden— es bueno saber que Vox apoyará nuestros presupuestos autonómicos salvo que el PSOE ceda en su política migratoria y asuma la nuestra". Para la dirección del PP lo que buscan los de Abascal es "adquirir protagonismo" porque "aspiran a reemplazar a Feijóo".

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Cerrar las fronteras y expulsar a todos los migrantes, tengan o no arraigo y empleo , es uno de las obsesiones de Vox desde su creación y un objetivo que la extrema derecha trasladó a sus acuerdos de gobiernos con el PP en comunidades y ayuntamientos. Los de Abascal rompieron el pasado mes de julio los gobiernos con el PP argumentando que Feijóo pretendía "imponer unas políticas de fronteras abiertas" y que ellos querían que "España siga siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal" insistiendo en relacionar a los migrantes con la delincuencia en general y la violencia sexual en particular.

El Gobierno confía en acercar posturas con el PP

El único plan del Gobierno para sacar adelante el pacto pasa principalmente por el apoyo del PP, que es clave para que den los números pero sobre todo para que haya una eficiente aplicación pues tiene ahora mismo en sus manos la mayoría de administraciones autonómicas. Es la "prueba del algodón", como repiten en la formación socialista, para comprobar además si el PP se ha distanciado realmente de Vox. En ese plan cuentan con un aliado, el popular Juan Jesús Vivas, alcalde de Ceuta, que apremia a su formación a volver al diálogo. “Espero que el Partido Popular acuda a esa reunión", afirmó tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 22 de noviembre, ya que la ciudad autónoma es una de las más sobrepasadas por la migración.

Sin embargo, en estos meses las autonomías del PP han tratado de generar confusión sobre cómo funciona el sistema de acogida en España, donde, en situaciones de emergencia, se hace un uso provisional de habitaciones de hoteles y se recurre a traslados a otros territorios, ya que la responsabilidad es compartida con las autonomías. Se trata de un trámite administrativo que permite al Ejecutivo agilizar los procedimientos para realizar el traslado a la Península y que está contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público, el mismo mecanismo que se utilizó durante la llegada de desplazados ucranianos a España. El acuerdo que proponía el Gobierno señalaba que el traslado se realizaría en base a criterios como la renta, la dispersión de la población, el desempleo o el número de menores ya acogidos cada vez que Canarias, Ceuta o Melilla superen esa capacidad.