El PP de Feijóo sigue la estela de Casado y rechaza la reforma de la ley del aborto

Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo, en la Junta Directiva Nacional del PP que convocó el congreso extraordinario del partido.

Alberto Núñez Feijóo quiere "reconstruir" el Partido Popular. Al gallego la historia le ha ofrecido ahora la rara oportunidad de volver a subirse al tren de la política nacional, el mismo que dejó pasar en 2018 por temor a una derrota. Tras anunciar su intención de liderar el PP, el presidente de la Xunta ha marcado ya sus líneas rojas para distanciarse de Vox y la defensa del estado de las autonomías, de la Unión Europea y la lucha contra la violencia de género son algunas de ellas. 

La comparación con Alberto Ruiz Gallardón, que durante mucho tiempo fue considerado un moderado para revelarse después como uno de los ministros más reaccionarios de Rajoy, viene rápidamente a la cabeza. Y aunque el dirigente gallego presume de tener un discurso claramente diferenciado en materia de género con la ultraderecha, una de sus primeras decisiones cuando llegó al gobierno de la Xunta fue apoyar una iniciativa para financiar asociaciones antiabortistas.

“La ley del aborto es la que se lleva por delante en el año 2014 a Gallardón”, recuerda un cargo de la dirección del PP a infoLibre. "Es un tema que siempre ha sido un drama para nosotros", admite. "Cada vez que ha pasado cerca ha habido problemas en el seno del partido", prosigue. Y todo apunta a que será igual en el PP de Feijóo, ya que según fuentes cercanas al presidente de la Xunta, él también se opone a la reforma del aborto que están ultimando desde el ministerio de Igualdad.

El departamento dirigido por Irene Montero quiere derogar la reforma aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy, que establece que las mujeres menores de 16 y 17 años que quieran abortar tienen que contar con el consentimiento de sus representantes legales. Pero no solo eso, Montero, junto con la cartera de Sanidad, también apuesta por reformas de calado para reformar la ley orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva y facilitar ese derecho en todas las comunidades autónomas.

"Las familias conservadoras lo son también en la 'libertad' de sus hijos y creemos que no es razonable que en nuestra legislación se pida una autorización paterna para permitir a una menor hacerse un tatuaje pero no se haga lo mismo si esa misma menor quiere abortar", valoran desde el PP. "Fuimos nosotros lo que introdujimos ese punto y nos vamos a oponer seguro", señalan.

Esa modificación fue aprobada en el año 2015 con Rafael Catalá como ministro de Justicia. El PP trataba así de contentar a la parte más conservadora de su electorado tras renunciar a derogar el vigente sistema de plazos para regresar al de supuestos de 1985. "Solo se modificó este punto pero aún así hubo un cisma en el Grupo Parlamentario Popular y cinco diputados votaron que no a la reforma por ser demasiado floja. Se los laminaron a todos en las listas siguientes", añade la citada fuente. Una de esas diputadas díscolas, Lourdes Méndez Monasterio, ocupa ahora un escaño en la bancada de Vox.

El hasta ahora líder del PP, Pablo Casado, se mostró partidario de volver a la ley de supuestos. Lo dijo en la campaña interna que le llevó a la presidencia del PP en 2018 y también en los meses posteriores. A sus ojos se trataba de una ley que generaba "consenso social" y que "no había ninguna necesidad de cambiar". Unas palabras que recuerdan a las pronunciadas por Núñez Feijóo en el año 2019. "Ese consenso se quebró, ese asunto está en el Tribunal Constitucional y esperemos lo que diga", señaló el presidente gallego.

Más de una década sin respuesta del Constitucional

Más de una década después de su entrada en el Tribunal Constitucional (TC), el recurso presentado por el PP contra la ley de plazos impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sigue sin respuesta. De hecho, ya figura como el que más tiempo lleva guardado en un cajón. La sentencia podría llegar esta primavera, doce años después de su aprobación. El plazo medio de resolución de los asuntos que llegan al alto tribunal es de 133 días, mientras que el recurso sobre el aborto cumple más de 4.000 días sin que se haya dictado una resolución.

Enrique Arnaldo se encargará de la sentencia del TC sobre la ley del aborto, que calificó de "ocurrencia"

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El ponente del asunto será el magistrado Enrique Arnaldo, avalado por una mayoría del Congreso el pasado mes de noviembre con polémica de por medio por su vinculación evidente con el PP y tras compaginar durante años, pese a la ley de incompatibilidades, su puesto de funcionario como letrado del Congreso con el cargo más alto en una empresa con contratos públicos y con la docencia en dos universidades, algo también prohibido por la normativa legal.

Arnaldo se pronunció públicamente y por escrito contra la ley de plazos, a la que llegó a comparar con los decretos autoritarios de los zares rusos y a definirla como "la ocurrencia del momento". Actualmente la balanza dentro del TC se inclina del lado de los conservadores por seis votos a cinco y no es hasta junio cuando el alto tribunal contará con mayoría progresista.

"Arnaldo es nuestro, pero no sabemos cuál será la decisión del Constitucional, porque después de tantos años es mucho más difícil revertir una situación que en los inicios. Aunque creemos que es difícil de justificar jurídicamente el derecho al aborto, también sabemos que el sentir de la sociedad cambia", destacan otras fuentes populares, que inciden en que su partido tampoco derogó la ley cuando gobernó Rajoy. 

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