El PP tumba la dación en pago y permite a los jueces parar algunos desahucios

Los conservadores ya lo habían avisado, pero esa advertencia se ha plasmado de forma definitiva este martes en una de las enmiendas presentadas por el PP a la iniciativa legislativa popular de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En una de las tres propuestas presentadas, el partido de Mariano Rajoy propone la modificación del artículo 1 de ILP que llegó al Parlamento con el aval de 1.402.584 firmas y que proponía la dación en pago en la ejecución hipotecaria. De esta forma, el PP rechaza que con la entrega de la vivienda salde la hipoteca. Junto a la paralización de desahucios y la creación de una gran bolsa de viviendas sociales en alquiler para los afectados impagos, esta era una de las principales reivindicaciones de afectados y activistas. 

El PP elimina ese artículo, aunque sí propone cambios para trasladar a la normativa española la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 14 de marzo. Entre ellas, introduce cuatro cambios en la ley de enjuiciamiento civil con el objetivo de que en los procesos judiciales el magistrado, de oficio o a petición del deudor, paralice una ejecución hipotecaria hasta que determine si existen cláusulas abusivas. Esta era una de las principales quejas del TJUE, que señalaba en su sentencia que la legislación hipotecaria española, al no permitir al juez apreciar el carácter abusivo de las cláusulas hipotecarias y, por tanto, adoptar medidas cautelares, contraviene la directiva 93/137CEE sobre los derechos de los consumidores. 

Además, propone modificar el procedimiento de ejecución hipotecaria extrajudicial para que el deudor pueda iniciar el proceso ante el notario, figura que tendrá potestad para paralizarlo si el afectado ha denunciado previamente en un juzgado la existencia de cláusulas abusivas. Y plantea la ampliación de los umbrales para el Código de Buenas Prácticas. En otra de las enmiendas, se establece el régimen transitorio que se aplicará a los procedimientos ejecutivos que ya están iniciados, a los que se dará un plazo de 15 días desde la entrada en vigor de la ley para poder formalizar la oposición en base a los nuevos argumentos permitidos. 

Garantías para los deudores que hayan pagado el 75%

Los socialistas, según palabras de su número dos, Elena Valenciano, han respetado la ILP "en su contenido completo". Entre las enmiedas presentadas destaca la incorpración de medidas para que, a partir de haber pagado el 75% de la vivienda, se garantice que el deudor no la pierda y pueda continuar ocupándola, pagando una cantidad equivalente al 30% de los ingresos familiares para saldar la deuda. Además, el PSOE propone que se incluya entre los beneficiarios a otros colectivos, como los avalistas y los locales de los autónomos que pusieron éstos como garantía de su hipoteca. Además, se añade otra enmienda para que, atendiendo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, el juez pueda suspender cautelarmente el procedimiento de ejecución si existen cláusulas abusivas.

La Izquierda Plural pide mediación "obligatoria"

Entre las aportaciones que presentó La Izquierda Plural, destaca el establecimiento "con carácter obligatorio" de la mediación y arbitraje judicial como paso previo a cualquier procedimiento de ejecución hipotecaria. El grupo parlamentario de IU-ICV-CHA también propone que el deudor tenga la posibilidad de elegir entre la reestructuración de la deuda, la quita de la deuda o la dación en pago, en función de las circunstancias personales de los afectados o la creación de una Oficina de Atención a las Personas Afectadas por las Cláusulas Abusivas en el plazo de tres meses después de la aprobación de la reforma de la Ley Hipotecaria.

UPyD reclama retroactividad a la sentencia del TJUE

UPyD pide que el juez, que podrá actuar de oficio, deniegue total o parcialmente la ejecución de la vivienda habitual por la cantidad que reste por pagar si se debe a una causa "justa", tal como enfermedad larga, paro, desgracias familiares; así como aplicar retroactivamente la decisión de la corte de Luxemburgo a procesos iniciado en el momento en que entre en vigor la nueva norma. Al margen de la sentencia, propone que si no hay postores en la subasta el acreedor pueda pedir la adjudicación de los bienes por cantidad superior o igual al 80% de su valor de tasación. Asimismo, pide que no se admitan postores vinculados al banco que pide ejecutar la hipoteca, o participados por esa entidad financiera, y crear una Comisión Nacional de Sobreendeudamiento para coordinar los procesos de mediación hipotecaria. UPyD e IU-ICV-CHA coinciden en modificar la ley del IRPF para evitar que las daciones en pago tributen como ganancias por las que se debe pagar.

El PNV, que ya presentó su única enmienda el 1 de marzo pasado, plantea que puedan acogerse a la dación en pago retroactiva de su vivienda habitual las familias que estén en situación especialmente vulnerable y con unos ingresos inferiores a cuatro veces el IPREM, que actualmente son 1.597,53 euros brutos mensuales, así como ampliar los supuestos de especial vulnerabilidad. El BNG presentó sus propuestas el 15 de marzo y en ellas proponía que el juez admita la oposición del deudor si hay cláusulas abusivas y si afecta a la vivienda habitual de un deudor que actúe de buena fe.

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Por su parte, el grupo parlamentario de CiU ha renunciado a presentar enmiendas parciales a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de dación en pago impulsada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y admitida a trámite por unanimidad en el Congreso, y lo ha decidido como muestra de respeto a la voluntad popular y para no hacer "trampas legislativas".

Trámite parlamentario

El texto tiene que pasar ahora por la Comisión de Economía del Congreso y, de ahí, sin pasar por el pleno, viajará al Senado. Sin en la Cámara Alta no se introducen enmiendas, la ILP sería ley y se publicaría en el BOE. Si, por el contrario, se produjeran modificaciones, el articulado volvería a la Cámara baja para su aprobación definitiva.