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El PP maniobra en Bruselas para bloquear la petición ciudadana para investigar el 'Protocolo de la Vergüenza'

Imagen de archivo de una manifestación en Madrid en memoria de los residentes fallecidos durante la primera ola de la pandemia.

Vuelve a la casilla de salida. La petición que Marea de Residencias registró en diciembre de 2022 con el objetivo de que el Parlamento Europeo investigase lo ocurrido en Madrid durante la primera ola de la pandemia seguirá en stand by en la comisión de peticiones, al menos, un mes más. El Partido Popular Europeo —grupo en el que se encuentra el PP nacional— ha conseguido dar marcha atrás a la luz verde que el resto de grupos dieron hace apenas diez días a la reclamación. Ellos dicen que es una cuestión formal, pero para el PSOE no es más que una nueva "maniobra" para tratar de impedir que se investiguen los Protocolos de la Vergüenza desvelados por infoLibre.

Hace apenas diez días, el 8 de octubre, la comisión de peticiones de la Eurocámara aprobaba mantener viva la reclamación de la plataforma de familiares, que pretende desde finales de 2022 que el Parlamento Europeo actúe "de forma proactiva en la investigación de la situación de las residencias y los hechos que motivaron el fallecimiento masivo de las personas más vulnerables durante la pandemia". Lo hizo porque se aceptaron tres peticiones de la diputada del PSOE Hana Jalloul, que impidió de este modo que el PP cerrase para siempre la petición y consiguió así dos meses de margen para presentar nueva documentación e información. Sin embargo, el PP ha logrado ahora devolver a Marea de Residencias al mismo punto en el que se encontraban el 7 de octubre por una cuestión, defienden, formal.

Pero desde el PSOE no lo ven así Según señalan, todo se ha realizado confirme a la "praxis habitual". "Los socialistas nos oponemos firmemente a las maniobras del Partido Popular para silenciar a las víctimas. Vamos a seguir denunciando estas argucias y trabajando para que se investigue la muerte de 7.291 personas en residencias madrileñas", señala Jalloul en declaraciones a infoLibre.

"Parece obvio. El PP quiere evitar a toda costa que se investigue lo sucedido en las residencias de Madrid en esos dos primeros meses de la pandemia. La negativa sistemática a reabrir una Comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, la intentan trasladar al Parlamento Europeo", critica por su parte Carmen López, portavoz de Marea de Residencias.

Como recuerdan ahora fuentes del PP europeo, la comisión de peticiones ya se opuso a dar curso a la petición de Marea en 2023, cuando estaba presidida por la conservadora Dolors Montserrat. Lo hizo respondiento lo siguiente: "La supervisión de las residencias a nivel nacional queda fuera de las competencias de la Unión Europea. Si el peticionario considera que se ha incumplido la legislación nacional, debe dirigir su queja a las autoridades competentes o a los tribunales nacionales". Sin embargo, bajo el mismo mando el PP envió 'misiones' de eurodiputados para, por ejemplo, evaluar el sistema educativo en Cataluña, algo en lo que la Unión Europea tampoco tiene ninguna competencia.

"Saben que los informes y las pruebas del peticionario son relevantes, pero quieren darle carpetazo cuanto antes sin evaluar el fondo", añaden fuentes socialistas.

Apoyo unánime

La de Marea se convirtió ya en la petición con más apoyos de las registradas ante el Parlamento Europeo desde 2022. Actualmente cuenta con más de 5.430 adhesiones y continúa abierta para recibir algunas nuevas. "Nosotras vamos a seguir insistiendo, no damos nada por perdido", señala López.

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Hace precisamente una semana, la organización, junto a 7.291: Verdad y Justicia, amplió su ofensiva judicial en Madrid registrando una nueva denuncia ante la Fiscalía que busca, en esta ocasión, investigar un posible delito de "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios". Más allá de eso, en estos cuatro años se han presentado alrededor de 400 querellas, de las cuales aproximadamente un centenar continúan en juzgados de instrucción. Cuatro han sido reabiertas por orden de la Audiencia Provincial y hay más de 70 que ya han pasado al Tribunal Constitucional en forma de recurso. El resto han sido rechazadas por la justicia, en muchas ocasiones sin ni siquiera haber escuchado a las víctimas y basándose, además, en los informes de las propias residencias.

En cuanto a la política, los conservadores madrileños también han rechazado sistemáticamente las peticiones de la oposición para reabrir la comisión de investigación en la Asamblea regional que se disolvió sin terminar sus trabajos por el adelanto electoral de 2021. Y han impedido que tanto PSOE como Más Madrid puedan invitar a comparecer a miembros de la Comisión por la Verdad en las Residencias de Madrid como el médico, experto en gestión y administración sanitaria Fernando Lamata o la epidemióloga María Victoria Zunzunegui. El tribunal ciudadano del que ambos formaron parte fue el único que sentenció lo que había ocurrido en Madrid. Y fue claro: hasta 4.000 mayores podrían haberse salvado si la Comunidad de Madrid no les hubiera privado de asistencia sanitaria.

"Tenemos 5.437 adhesiones y subiendo, ellos van a tener la desfachatez de desoir la voz de tanta gente que clama por esa misión de eurodiputados que se desplacen a Madrid para estudiar lo sucedido en las residencias, pero la fuerza de la razón ha de imponerse al interés partidista de quienes tienen miedo a la verdad", sentencian desde Marea de Residencias.

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