Recetas liberales contra un 22% de paro: Andalucía mide la eficacia económica de PP y Cs

El logotipo de la Junta es grosso modo una bandera de Andalucía en forma de arco medio de punto sobre un triángulo que apunta hacia el norte. Según el manual corporativo oficial, la imagen representa "una Andalucía de progreso, que apuesta por el futuro" y que "no renuncia a su historia, su cultura y sus raíces". Es posible, pero eso no es algo que se conozca en la calle. Lo que sí es reconocible es la imagen. Clara y sencilla. Omnipresente hasta el punto de haber generado quejas por dar una impresión de falta de independencia en el ámbito judicial. Los juzgados abundan en logos de la Junta. El "paraguas", como se le conoce, está por todas partes.

Así es en buena medida el concepto que ha tenido el PSOE de la Administración pública andaluza: un paraguas que da protección y certidumbre. Un paraguas protector, porque fuera, a la intemperie, llueve. Identificado con la institución y la autonomía andaluza casi hasta la simbiosis, el PSOE andaluz, que utiliza como color corporativo un verde similar al de la Junta y la bandera y que ha llevado el logotipo de la Junta y el puño y la rosa hasta el último rincón de Andalucía, ha presumido de haber creado el más eficaz modelo asistencial del Estado del bienestar español, lo cual explicaría –según el discurso socialista– no sólo el salto hacia adelante dado por la comunidad en el periodo autonómico, sino también sus reiterados éxitos electorales y la satisfacción general del pueblo andaluz. Todo eso ya es historia.

"En Andalucía no hay mareas", presumía Susana Díaz al frente de la Junta, como una prueba irrefutable de que el sistema del bienestar funciona en Andalucía. Las hubo, en el ámbito sanitario, durante su segunda legislatura como presidenta. Y finalmente la propia Díaz quedó sepultada contra todo pronóstico por una marea electoral derechista el 2 de diciembre, beneficiada por la desmovilización de la izquierda. Llega la hora de la derecha a Andalucía. Y el diagnóstico oficial ahora es diferente: se han hecho "cosas buenas", como admitió en su discurso de investidura Juan Manuel Moreno, pero insuficientes; el éxito del PSOE andaluz era fruto de "redes clientelares"; la supuesta satisfacción general, resultado de un intento de "dormir a Andalucía". Y las políticas del PSOE, un "freno" al desarrollo de una comunidad que podría ser la más avanzada de España. Andalucía ha sido, según Moreno, "un fórmula 1 a la espera de un buen piloto", símil que ha utilizado con frecuencia. "La competencia nos hace mejores", afirmó en durante la investidura Moreno, que promete ser un "reformista radical". La idea subyacente está clara: Andalucía, la comunidad más poblada de España, tiene que salir de debajo del paraguas. PP y Cs ponen a prueba en la gran comunidad del sur la eficacia de su recetario económico. Con una prioridad, repetida hasta la saciedad de Moreno tanto en el debate de investidura como este viernes en la toma de posesión: empleo, empleo, empleo. El PP llevará Hacienda; Ciudadanos, Economía.

Si en el terreno moral y social el Gobierno de PP y Cs nace marcado por la impronta ultraconservadora de Vox, en el económico e institucional el espacio de coincidencia de las tres fuerzas es casi total: recorte de las estructuras ineficientes de la Administración pública, bajadas o supresiones de impuestos, apuesta por la educación concertada, facilidades para la promoción urbanística, cesión a los anhelos de la industria farmacéutica –eliminación de la subasta– y compatibilidad sin penalizaciones del trabajo en la sanidad pública y privada. Y eso es lo que está negro sobre blanco en los acuerdos. Si hay una agenda de privatizaciones y apertura de la Administración al negocio privado, como malician dirigentes del PSOE y Adelante Andalucía, se verá conforme el Gobierno empiece a actuar.

El acuerdo entre PP y Cs recoge la apertura de los planes de empleo a la "colaboración público-privada". El nuevo Gobierno se propone "captar inversiones internacionales" y una política comercial "dinámica y competitiva". Se avanza una ley para facilitar la creación de "empresas innovadoras" y "startups". La política de ayudas esbozada en el acuerdo se centra en las empresas, no en los trabajadores. Las subvenciones han sido expresamente puestas bajo sospecha en los acuerdos de PP con Cs y Vox, al aceptar los firmantes como cosa hecha que el fraude en su concesión es un fenómeno extendido que hay que corregir. Los conciertos educativos se extenderán al Bachillerato, en el contexto de un modelo educativo que Moreno y Juan Marín quieren basado en el "mérito" y la "innovación". Se agilizarán los trámites para los planes urbanísticos. En resumen, un gobierno que sería –como dicen los anglosajones– business friendly con un enfoque liberal –o neoliberal–, aunque tanto el presidente Moreno el que va a ser su vicepresidente, Juan Marín (Cs), evitan utilizar esta terminología. Moreno hace un uso frecuente de un discurso motivacional, de apelación al esfuerzo. Una divisa clásica del individualismo liberal: cada cual es dueño de su destino personal. "Pueden los que creen que pueden", dijo el martes.

El punto de partida

El bipartito PP-Cs, determinado desde fuera por Vox, nace con elevada ambición. "A Andalucía no la va a reconocer ni la madre que la parió", afirmó Juan Carlos Girauta sobre el acuerdo entre PP y Cs. Pero, ¿qué se encuentra el nuevo Gobierno? Moreno se pone el mando de un tren en marcha, que no arranca desde punto muerto. Y de una gigantesca Administración, con un presupuesto de 35.000 millones, que tiene más de 270.000 trabajadores y múltiples obligaciones de pago contraídas. La Andalucía de 2019 no es una hoja en blanco en la que Moreno pueda escribir sus deseos sin condicionantes históricos ni socioeconómicos.

Andalucía suma 898.200 desempleados. La diferencia en la tasa de paro es de 8,3 puntos con respecto a España: (22,85% frente a 14,55%). El paro juvenil alcanza el 46%, 11,8 puntos más que la media. La crisis ha hecho que Andalucía se aleje de la convergencia, cumpliendo la máxima de que los ciclos económicos bajos castigan más a las economías menos desarrolladas y más periféricas. El PIB per cápita de Andalucía sigue por debajo de 2008, año en que llegó a su tope: 18.625 euros entonces frente a 18.470 en 2017. En 2008 había en la comunidad del sur 536.256 empresas, frente a 487.390 en 2017. Son 48.866 menos. Se han perdido un 9,11% de las empresas. En España el número de empresas ha pasado de 3.422.239 a 3.337.646, sólo 84.593 menos, un 2,47%. Más de la mitad de las empresas destruidas son andaluzas. Andalucía regresó el pasado año al grupo europeo de regiones en desarrollo tras siete años en como área en transición. De las 15 áreas urbanas con mayores tasa de paro de España, diez son andaluzas, según el INE: Linares, Jerez de la Frontera, Córdoba, Cádiz, Granada, Jaén, Algeciras, Huelva, Sevilla y Almería. De los 15 barrios con menor renta de España, diez están en Andalucía. No hay ninguno entre los 15 más ricos.

"Incapacidad de las políticas públicas"

Todo ello tiene su reflejo en las aulas, donde Andalucía se sitúa entre las autonomías con peores resultados del informe PISA. El informe de 2017 del Observatorio de Desigualdad de Andalucía señala que fenómenos como el paro y coeficientes como el índice de Gini (que matiza los datos sociales con la acción de los poderes públicos) vienen demostrando la "incapacidad de las políticas públicas para cerrar la brecha abierta en el reparto de la renta [...]". A esto se suma un problema de deficiencia en la financiación que reconoce el propio Moreno,y que PP y PSOE vienen denunciando al Gobierno central –siempre con más énfasis cuando en La Moncloa hay un presidente del partido opuesto– desde hace años.

Moreno y Marín se han puesto desafíos muy concretos: bajar el paro, volver a la senda de la convergencia, mejorar los resultados educativos, reducir las listas de espera sanitarias... Y todo ello con una "bajada masiva de impuestos", en palabras de Moreno. No obstante, el presidente ya ha aparcado la cifra de 600.000 empleos que decía en campaña que iba a crear. "Cientos de miles", señala ahora, aunque el miércoles deslizaba en una entrevista en la cadena Ser que estábamos entrando en un ciclo de "desaceleración económica" y que el impacto del Brexit en la Comarca del Campo de Gibraltar y en AndalucíaBrexit en general proyectaba sombras. Dirigentes socialistas comentaban más tarde que el presidente estaba "poniendo el parche antes de que saliera la herida". Este viernes, en su toma de posesión, Moreno volvió a hablar de la "incertidumbre" que genera el Brexit, aunque prometió "reformas valientes" para "crear empleo y favorecer la economía".

Margen estrecho

La gran duda es si el recetario que PP y Cs traen bajo el brazo dará solución a los déficits socioeconómicos de Andalucía. El historiador de la economía Carlos Arenas, autor del ensayo Poder, economía y sociedad en el sur. Historia e instituciones del capitalismo andaluz (Centro de Estudios Andaluces, 2016), se muestra convencido de que no es posible un salto de la economía andaluza sin una redefinición de su posición en el mapa de reparto español y europeo de la inversión y la producción. "Lo que se produce es una sustitución del mediador, sin más. El PSOE ha sido un tapón para la expectativa de cambio de los andaluces. El PP tampoco va a abordar esa tarea", señala. ¿Cambia algo? A juicio de Arenas –que ha descrito en su investigación un capitalismo andaluz de carácter extractivo y clientelar– lo que el PP propone son "mayores posibilidades de provecho económico a sectores de interés", por ejemplo en la construcción, así como en los ámbitos educativo y sanitario. "Se agranda el pasillo, la avenida o la autopista para que entren, ya sin ningún tipo de control", señala gráficamente. Eso sí, no hay un cambio de modelo, a su juicio. "El sesgo neoliberal de la economía andaluza viene de los años 90".

Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, también advierte contra unas expectativas excesivas. "Siempre ocurre con un cambio de gobierno, incluso a nivel nacional, que se sobreestima el cambio que se va a producir. Pero yo siempre digo lo mismo: los gobierno buenos se notan poco, los gobierno malos se notan mucho. A no ser que destrocen esto, no va a tener tanta influencia, al menos a corto plazo", señala. A menudo se olvida que un gobierno autonómico tiene competencias limitadas, por más que la liturgia presidencial se asemeje a la de un jefe de Estado. "Casi todo el presupuesto se va a salud y a educación. En materia fiscal hay algo, no mucho, y la capacidad para tocar el mercado del trabajo es mínima", señala Hidalgo.

Ahora bien, añade, a largo plazo sí se pueden alterar los rumbos. "De tres a cinco años", fija Hidalgo como marco temporal."Por mucho que se haya dicho, Andalucía no es una región fallida. Lo que sí es verdad que a la Administración pública ha actuado en muchas ocasiones como un problema. Hay aspectos donde no se ha hecho mal, como las exportaciones, pero ha faltado mucho para dinamizar el tejido productivo andaluz". ¿Podría hacerse con un nuevo enfoque económico? "Hay medidas y políticas para eso, no necesariamente neoliberales. Aquí la política industrial se ha entendido como dar dinero, pero no se trata tanto de eso como de permitir la inversión y el desarrollo de proyectos. Se ha utilizado siempre el sistema de la metralleta, disparando el dinero a todos lados", señala. A juicio de Hidalgo, cualquier cambio sustancial necesitará planificación y sosiego.

Legislatura "retrospectiva"

Pero los tiempos políticos son cortos. Las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo apremian. Andalucía es el laboratorio del pacto PP-Cs. Es obligado presentar algún aval sin excesiva demora. Juan Torres, autor de Economía para no dejarse engañar por los economistas (Deusto, 2016), afirma que el nuevo Gobierno tendrá "muy poco margen". "En el Estado de las autonomías está descentralizado el gasto, no el ingreso. El margen fiscal es mínimo. Y en la Administración no van a tardar en darse cuenta de que no sobra tanto como piensan. En una comunidad como Andalucía no puedes ponerte a generar paro desde la Administración. No tienen capacidad de maniobra", señala. Y añade: "Ni aunque pusieran a Daniel Lacalle y Juan Ramón Rallo [dos economistas marcadamente liberales]".

A juicio de Torres, ahora el PP y Cs está apresados por su propio discurso, según el cual "la gente en los pueblos va de la mano del cacique" y la Administración está llena de enchufados. "Creo que tendrán que conformarse con hacer cosas simbólicas, con buscar algún escándalo minorista que poder aprovechar. Algo en la Administración, algún impuesto... Poco más. En una economía como la andaluza, en un Estado que es parte de la UE, con unas obligaciones de déficit determinadas, los márgenes son estrechos", asegura. Torres cree que la imposibilidad de cumplir las expectativas generadas aboca a Andalucía a una legislatura "de mirar mucho hacia atrás" y de hablar de "herencia recibida".

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"Orden en las cuentas"

"Los cambios económicos importantes, a todos los niveles, deben ser tranquilos y graduales. Con los cambios abruptos y sin consenso es peor el remedio que la enfermedad", señala el economista Javier Santacruz. Comparte con Torres que, con el gasto a cargo de las comunidades y la recaudación en su inmensa mayoría del Gobierno central, "lo sensato" a nivel autonómico es "poner orden en las cuentas". "Esto no es rebajar impuestos, sino rebajar el gasto. Pero no de forma indiscriminada. Hay que detectar gastos improductivos. No se puede lanzar el mensaje de que se van a bajar los impuestos de forma indiscriminada, porque puede terminar pasando que se bajen irresponsablemente, se incremente el gasto y al final sea el Estado el que se tenga que ocupar de que te llegue el mismo dinero".

Santacruz subraya que Andalucía no tiene un endeudamiento "excesivamente elevado", como la Comunidad Valenciana o Cataluña, pero sí falta una "evaluación de qué gasto es realmente importante", lo cual permitiría "priorizar".