De la reforma laboral al aborto: los otros diputados que decidieron romper la disciplina de voto en el Congreso

Todo transcurrió según lo previsto en el guion. El candidato socialista, Pedro Sánchez, fue investido este martes presidente del Gobierno con 167 votos a favor –PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, BNG, Nueva Canarias y Teruel Existe– y 165 en contra. De nada sirvieron los llamamientos a la desobediencia desde el bloque de la derecha. Ni las presiones contra algunos de los parlamentarios. Ni tampoco las amenazas. No hubo sorpresas de última hora en el hemiciclo. Todos los parlamentarios emitieron su voto según estaba previsto. Y sólo una de ellas se alejó de la consigna lanzada desde su partido. Fue la parlamentaria canaria Ana Oramas, quien dijo no a la investidura del candidato socialista a pesar de que la ejecutiva de su formación, Coalición Canaria, acordó la semana pasada una abstención. “Tendría que haber buscado la forma de que mi partido hubiera sabido previamente cuál era el sentido de mi voto en consciencia”, lamentó Oramas durante su intervención, en la que pidió perdón y recordó que los mismos que ahora la llaman “valiente” hace una semana la tildaban de “vendida y corrupta”.

El ejemplo de la diputada canaria, cuya formación ya ha calificado de “muy grave” su comportamiento, fue utilizado minutos después por la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para hacer un último llamamiento a una rebelión dentro del grupo del PSOE que frustrase la llegada de Sánchez a La Moncloa. “¿No hay en esta bancada un voto valiente como el de la señora Oramas?”, se preguntó la dirigente del partido naranja, que señaló que desde las filas socialistas también “han presionado” a quien “han querido” para “cambiar el voto”. “¿Los demás no podemos apelar a la valentía, a la dignidad y a la coherencia de un diputado que se atreva a decir ahora lo mismo que decían ustedes en los debates y la campaña electoral?”, continuó la diputada, que recordó a los parlamentarios socialistas que “muchas veces” se “saltan la disciplina de voto”. “¡Sáltensela una vez por la igualdad de todos los españoles! ¡Sáltensela una vez por garantizar la convivencia! Que solo cuando se la saltan lo hacen por la desigualdad y por los privilegios territoriales”, completó la portavoz de Ciudadanos desde la tribuna.

La Constitución Española establece en su artículo 67.2 que los miembros de la Cortes Generales “no estarán ligados por mandato imperativo”, lo que les otorga libertad para votar lo que consideran oportuno. En 1983, el Tribunal Constitucional decidió cubrir en este sentido a los parlamentarios a través de una sentencia en la que establecía que “el cese en el cargo público representativo al que se accede en virtud del sufragio no puede depender de una voluntad ajena a la de los electores, y eventualmente a la del elegido”. Sin embargo, otras sentencias posteriores abrieron la puerta a sanciones en caso de no cumplirse con las directrices del partido. Así, en 1990, el Constitucional estableció que “los diputados son representantes del pueblo español considerado como unidad, pero el mandato que cada uno de ellos ha obtenido es producto de la voluntad de quienes los eligieron determinada por la exposición de un programa político jurídicamente lícito”. Y en “un sistema de listas como el vigente”, apuntó en otra sentencia de 1985, “no cabe hablar de votos recibidos por candidatos singularmente considerados”.

De los díscolos del “no es no” a la reforma del 135

La desobediencia al mandato del partido no es algo muy habitual dentro de los grupos parlamentarios. Pero eso no quiere decir que no ocurra. Sólo hay que retrotraerse, por ejemplo, a octubre de 2016. Por aquél entonces, el PP buscaba investir a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno mientras el PSOE trataba de mantenerse a flote inmerso en una de las mayores crisis internas de su historia. Un cisma que terminó derivando en un intenso Comité Federal en el que se acordó una abstención en segunda vuelta que despejase el camino de los conservadores hacia La Moncloa. Pero la bancada socialista acabó votando, finalmente, dividida tras una tensa sesión en la que las acusaciones de traición fueron constantes. Una quincena de parlamentarios se mantuvieron en el “no es no”, entre ellos las actuales ministra de Defensa y presidenta del Congreso de los Diputados, Margarita Robles y Meritxell Batet, respectivamente. Una desobediencia que fue castigada por la dirección del grupo parlamentario en la Cámara Baja con una multa de 600 euros.

No era la primera vez que se veían diferencias dentro de la bancada socialista desde la llegada de Rajoy al Gobierno. Otra grieta importante se produjo en febrero de 2013, cuando trece diputados del PSC rompieron la disciplina de voto para dar su apoyo a dos resoluciones –presentadas por CiU e ICV– en las que se instaba al Ejecutivo central a “dialogar” con la Generalitat para la celebración de una consulta soberanista en Cataluña. El entonces coordinador de los socialistas catalanes en el Congreso, Francesc Vallés, señaló que habían sido “coherentes” con la posición de su partido y reconoció la existencia de una “discrepancia pública y notoria” con el PSOE, aunque rechazó pronunciarse sobre la ausencia en la votación de la número uno del PSC por Barcelona, Carme Chacón. En este caso también, la dirección socialista acordó imponer una multa de 600 euros –el castigo más duro– tanto a los trece parlamentarios díscolos como a Chacón al considerar que se habían saltado la disciplina en una votación “de singular importancia”.

También se produjeron importantes rupturas en las filas socialistas durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. En junio de 2010, durante la votación para convalidar la reforma laboral, el diputado y ex secretario general de CCOO, Antonio Gutiérrez, decidió abstenerse en lugar de votar a favor con el resto de sus compañeros al considerar que dicha medida impulsaría “la degradación del trabajo”. Su indisciplina fue castigada con una multa de 600 euros. Sin embargo, sólo un año después volvió a saltar a la palestra durante la votación en el Congreso de la reforma del artículo 135 de la Constitución para imponer un límite al déficit público. Los socialistas dieron su sí. Gutiérrez y el diputado José Manuel Bar Cendón, aunque este último por error, dijeron no a la modificación en una sesión de la que también se ausentaron en señal de protesta Manuel de la Rocha, José Antonio Pérez Tapias y Antonio Barrio de Penagos. Para el sindicalista, la reforma suponía una “involución” y una “atrocidad” para Europa.

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Los debates en el Congreso en relación con la participación española en la guerra de Irak también fueron especialmente broncos. El 4 de marzo de 2003, se llevó al hemiciclo una votación sobre la postura mantenida por el Ejecutivo de José María Aznar en el conflicto bélico. Se pidió que el voto fuera secreto con la esperanza de que algunos diputados conservadores no acatasen la “unidad” que se había exigido horas antes en Génova. Incluso se hizo algún llamamiento durante el debate a romper la disciplina de voto dentro del Grupo Parlamentario Popular. “Si ustedes no quieren votar con la oposición, yo lo entiendo y lo respeto profundamente, pero no olviden lo que se vota. Tienen ustedes la ocasión, con eso que algunos han calificado de acto desleal, de mandar un mensaje a su propio Gobierno. No voten el texto de la oposición, absténganse en su propio texto, voten en blanco su propio texto. Si no es aquí, porque hoy podría estar en cuestión la propia unidad de su partido, en cuanto salgan de aquí, defiendan la paz”, apuntó desde la tribuna de oradores el diputado de CiU Ignasi Guardans.

Dentro de los conservadores había discrepancias. Casi al mismo tiempo que Aznar pedía a los suyos mantener prietas las filas, los dos concejales del PP tenía en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) anunciaban que dejaban el partido al tener “una reserva de conciencia importante” con una formación que respaldaba “una intervención militar en la que la dignidad humana se va a vulnerar”. Sin embargo, la bancada conservadora votó en bloque. Y unida se mantuvo hasta comienzos de abril, cuando el diputado del PP Luis Acín decidió presentar su renuncia al escaño por Huesca y su baja como militante de la formación por no estar de acuerdo “con la postura mantenida por el presidente del Gobierno en la guerra de Irak”. “Es finalmente mi fidelidad a unos sentimientos y principios humanos lo que se impone a cualquier condicionamiento de tipo ideológico o político y los que definitivamente no puedo ni transgredir ni vulnerar”, apuntó entonces Acín, quien aseguró que la presencia de Aznar en la cumbre de las Azones le supuso “un rechazo añadido a lo que ya de por sí significa cualquier guerra”.

En este caso no se rompió la disciplina de voto. Una desobediencia al mandato del partido que sí protagonizó en repetidas ocasiones la exdiputada conservadora y exvicepresidenta del Congreso Celia Villalobos. Así, en junio de 2005, la parlamentaria del PP votó junto a los socialistas a favor de la ley de matrimonio homosexual –rechazada por su propia formación–. Villalobos fue multada por ello. Sin embargo, esto no le impidió seguir saliéndose del guion marcado por los conservadores en aquellas cuestiones con cuya posición no estaba de acuerdo. Una de ellas fue el aborto. En febrero de 2014, por ejemplo, apoyó una propuesta de resolución del PSOE en la que se pedía la retirada de la reforma de la ley del aborto. Esta decisión llevó aparejada una multa de 500 euros para la también exministra de Sanidad.