Illa quiere ser el president de la seguridad, pero la izquierda mirará sus políticas con lupa
El gobierno de Salvador Illa está dando los primeros pasos de acción de gobierno tras un mes y medio. En este tiempo, el ejecutivo ha situado el lema de que “la seguridad es una política de izquierdas” en el debate público. Con ello, se ha propuesto disputarle a la derecha y a la ultraderecha el terreno difícil de la seguridad, porque frecuentemente está abonado a la desinformación y al uso de los discursos xenófobos. Las reacciones al desalojo de la Plaza Callao en Madrid, hace pocos días, por parte de la Policía Nacional es uno de tantos ejemplos cortados por el mismo patrón. Una falsa alarma provoca el desalojo de la madrileña plaza. Las redes X se llenan de discursos de odio: apuntaban al “aspecto árabe” de los sospechosos y a las “armas” que llevaban. Poco después se conoce la verdad: eran en realidad Ismael Serrano y un colaborador con un trípode. Pero los bulos, y por tanto la desinformación, ya se han propagado. Y algo siempre queda.
Salvador Illa ha ubicado un peso de gran importancia bajo la espalda de la consejería de Interior para hacer su particular batalla en el espacio político de la seguridad contra la derecha y la extrema derecha. A diferencia de dos de sus homólogos socialistas en Asturias y Castilla la Mancha, Illa tiene en Cataluña la gestión de la policía autonómica. Y eso significa que tiene la capacidad para desarrollar una política integral de seguridad ciudadana —y también una política comunicativa propia—. En Asturias, la policía local se dirige desde una Dirección General de Seguridad y en Castilla la Mancha depende de una Comisión de la Consejería de Fomento.
El President de la Generalitat colocó rápidamente la seguridad ciudadana como uno de los ejes principales en el inicio de su mandato. Tanto quiso avanzar en este tema que ya anunció en un debate electoral previo a las elecciones del 12 de mayo, y por lo tanto, previo a ser investido presidente, que si lograba serlo, nombraría a la exalcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, como consejera de Interior.
Ahora Núria Parlon pilota la consejería de Interior y Seguridad Pública desde el pasado 11 de agosto. Tiempo que le ha bastado para desplegar una visible agenda de acción de gobierno. Ha cambiado la cara del cuerpo de los Mossos colocando a Josep Lluís Trapero como director general, formó parte del primer acto político del gobierno de Illa junto al cuerpo policial, se ha reunido también con Collboni para intensificar la coordinación con la Guardia Urbana y ha presentado su primer plan de acción a nivel autonómico.
Es innegable que la consejería de Interior está trabajando. Ahora, con toda una legislatura por delante, lo que queda en centro del debate en el Parlament es si las demás formaciones también considerarán la del PSC una política de seguridad de izquierdas.
El plan sobre armas blancas ante la lupa de la izquierda
El primer plan de impacto de la consejería tiene por objeto “prevenir, neutralizar y sancionar” el porte y uso de armas blancas en los espacios públicos, explicó Núria Parlon. El cuerpo lleva 6.252 armas blancas decomisadas este 2024, doblando casi el porcentaje de 2020. El plan ya se despliega por toda Cataluña. “En el transporte público, en la red de metros, se empezará a ver controles policiales alrededor de lugares de ocio, discotecas y hasta en escuelas”, explicó el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
El escenario de las fiestas de la Mercè, que movilizan cada año a más de un millón de personas en las calles, fue el momento escogido por la consejera para desplegar la política. Una medida que ha trabajado concienzudamente para tener un gran impacto comunicativo. “La prevención del delito es clave. Este plan va acompañado de una campaña de comunicación a gran escala”, explicó la consejera. “Puede haber una parte de la población que no sepa que no se puede llevar una arma blanca en la vía pública”, continuaba en tono pedagógico la consejera Parlon.
Laia Cañigueral, portavoz en la comisión de interior del Parlament por ERC, es una de las diputadas a quien Núria Parlon deberá convencer para llegar a acuerdos a lo largo de la legislatura. La diputada explica a infoLibre que si el gobierno del PSC quiere continuar aplicando sistemas de izquierdas en la seguridad, deberán continuar manteniendo los mismos criterios fijados por el anterior gobierno republicano “que priorizó la defensa de los derechos fundamentales”. La diputada considera que es importante actuar ante la preocupación ciudadana pero desde ERC se quieren impulsar “propuestas que vayan realmente al fondo del problema, no que sea una campaña de cara a la galería”. La diputada admite que hace falta aumentar los efectivos de los cuerpos de seguridad y del personal técnico y administrativo “y asegurar que se cumple el régimen sancionador, porque sino genera impunidad”. Y recuerda que el último aumento de efectivos planeado durante el gobierno republicano se hizo con “perspectiva de género y feminización”.
Andrés G. Berrio, diputado de Comunes, es otro de los portavoces en la comisión de interior del Parlament con quien la consejera de interior deberá entenderse. Para el diputado, “hacer políticas de izquierdas en seguridad no necesariamente pasa por ampliar la presencia policial en la calle” sino por “combinar de forma adecuada las políticas sociales con las de seguridad”, explica a infoLibre. El diputado añade que, de momento, las primeras impresiones sobre la política de seguridad de Parlon es que “tienen más que ver con planteamientos fallidos del pasado que no con una política de seguridad pública progresista”. Andrés pone el ejemplo del “Pla Endreça” de Collboni —en Barcelona—, en el que, según él, “se mezclan políticas de limpieza con las de criminalización de la pobreza”. Apunta también que las propuestas de la consejera no tienen que ver con un modelo de “seguridad pública progresista del siglo XXI”. Explica que, con los datos en la mano, los delitos que más han subido en 2023 no han sido los de arma blanca o en la calle, sino los ciberdelitos, un 37%. Entonces el diputado se pregunta si “una policía que se dedique a la investigación —de los ciberdelitos— puede ser incompatible con un modelo de saturación de agentes en el espacio público”, en alusión al aumento de los recursos y patrullas policiales destinados a la calle por el plan contra las armas blancas.
Un contrapunto externo lo da Karlos Castilla desde la academia. El investigador del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC) y miembro del Observatorio de Derecho Público de Barcelona, pone el foco en las detenciones por perfilado racial de la policía. Considera que para un abordaje progresista del plan de Núria Parlon, la consejera debe desarrollar los protocolos con los Mossos ante este tipo de detenciones por perfil étnicoracial. La Ley de Igualdad catalana prohíbe las identificaciones por perfil étnicoracial a los Mossos. No sólo ello, sino que es la única ley de igualdad del estado que obliga a la misma administración a “recopilar datos que permitan identificar patrones de discriminación” en los cuerpos policiales. Una disposición hecha a medida para estudiar si los miembros de la policía actúan según “perfiles raciales” durante la “vigilancia policial”. El investigador se queja de que esta información no se está recogiendo porque la ley de datos estatal lo limita, algo que ya advirtió en 2020 en el informe del IDHC “Datos para la identificación de interseccionalidades en el Estado español: ¿una misión imposible hoy?”.
El investigador critica que “la falta de desarrollo de la ley catalana permite, a la práctica, que hoy se produzcan detenciones por perfil étnicoracial en Cataluña”. Advierte que un mayor despliegue de dispositivos policiales por el plan contra las armas blancas de Núria Parlon podría llevar a aumentar esta presión sobre ciertos colectivos. El anterior ejecutivo de Aragonès apostó por formaciones antirracistas a policías, en vez de crear un protocolo claro sobre cómo debía tratarse la aleatoriedad de las detenciones. Entonces, como “no hay un argumento objetivo” que defina cómo se hacen las detenciones “si hay un policía con más carga racista, habrá más detenciones según el perfil”, crítica el investigador del IDHC.
Otras carpetas en la comisión de Interior
El pasado 30 de agosto Salvador Illa entregó a cada una de las consejerías los objetivos marco que quería cumplir en su legislatura. La carpeta de Núria Parlon contenía el control de la delincuencia, la lucha contra las ocupaciones ilegales, los hurtos, la criminalidad asociada al tráfico de drogas y la multirreincidencia. También estableció como línea prioritaria afrontar de forma contundente la violencia contra las mujeres. Núria Parlon desarrolló los puntos de esa carpeta durante la presentación de la estrategia de su departamento, en la primera comisión de Interior y Seguridad Pública del Parlament.
Para el portavoz de los Comunes es clave que la consejería de Parlón separe el abordaje político entre las ocupaciones vinculadas con fenómenos delincuenciales como los narcopisos, de las que “simplemente son situaciones de vulnerabilidad”. Un poco más allá se posicionó en este sentido la portavoz de la CUP, Maria Pilar Castillejo, durante la comisión: “no podemos hablar de un gobierno democrático mientras se desahucia a 35 familias al día”, alertaba la diputada.
El portavoz de Comunes explica a infoLibre que, en el acuerdo de investidura entre su partido y el PSC, no se incluyeron pactos en materias de seguridad. Por lo tanto, “evidentemente será necesario que nos pongamos de acuerdo en cuestiones a lo largo de la legislatura si es que el PSC quiere contar con los apoyos de los Comunes”.
Para la portavoz de ERC, Laia Cañigueral, el PSC “debe demostrar con hechos”, que está haciendo una política de seguridad de izquierdas, “no es una declaración que se pueda hacer en campaña”. La portavoz se pregunta también si Salvador Illa pedirá que se derogue la ley mordaza como hizo el partido republicano.
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Uno de los temas más espinosos en Cataluña es el abordaje de la multirreincidencia. El problema tiene su nudo gordiano en la justicia. La reforma del Código Penal de 2022 debería permitir penar con prisión a los multireincidentes tras tres hurtos leves de más de 400 euros. Pero en Barcelona y en otras ciudades no está funcionando. Hay saturación en los juzgados y se están programando los juicios para 2026. Núria Parlon aseguró durante la presentación de su estrategia que la problemática requiere de un cambio legislativo y celebró el trámite parlamentario de la propuesta de Junts en el Congreso, que pide endurecer las penas de uno a tres años para el robo de móviles o aparatos electrónicos como portátiles. El PSOE votó a favor junto a PP, JUNTS y VOX, con la abstención de ERC y el voto en contra de Sumar.
La diputada republicana ha puntualizado a infoLibre la posición de su partido sobre la multirreincidencia. “Hay que ser contundentes”, expresa. Pero plantea que la diferencia que tiene ERC con los partidos de derecha y de extrema derecha es “cómo enfocamos la multirreincidencia”. Para la diputada son necesarios más recursos materiales y tecnológicos que “solucionen el colapso sistémico de los juzgados” que son muchas veces “el causante de la impunidad que abre la puerta a que se produzca la reincidencia”. Por ello, la diputada pide “más inversión en la justicia, pero también más inversión social y educativa para la prevención de la reincidencia”.
Aún queda toda una legislatura para ver qué puntos de consenso encuentran las formaciones progresistas en Cataluña para desarrollar una seguridad de izquierdas.
