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Rojales nunca quiso ser rojo tras la muerte del dictador. Le bastaba, simplemente, con conseguir que en sus calles se empezase a respirar ese aroma a democracia que había aterrizado en el país tras cuatro décadas de represión franquista. No había espacio para el revanchismo o las imposiciones. El único camino factible pasaba por unas inevitables cesiones y por un diálogo constructivo en busca del consenso. Fue así como en los noventa, una década antes de que las instituciones empezasen a prestar atención a la memoria democrática, este pequeño municipio alicantino se convirtió en uno de los primeros en eliminar del callejero todos aquellos nombres vinculados a una de las épocas más oscuras de la historia reciente de España. Se hizo con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios: el PP, que entonces tenía mayoría absoluta en el consistorio, el PSOE e IU. Y bajo las amenazas de una extrema derecha todavía envalentonada. "En esta vida es muy importante dialogar, escuchar al otro y entender que uno no tiene el cien por cien de la razón. Ahora, esta cultura se ha perdido", afirma en conversación con infoLibre uno de los protagonistas de aquellas negociaciones.
La represión tras el golpe de Estado en 1936 en la provincia de Alicante fue dura, muy dura. Varios historiadores, como el alemán Hartmut Heine, calculan que solo en la zona fueron fusiladas alrededor de siete centenares de personas. Algunas de ellas, en esta localidad de La Vega Baja. Víctimas entre las que se encontraba Jesús Cartagena Gil, carpintero de profesión. "Durante el Movimiento desempeñó el cargo de alcalde en el pueblo de Rojales y aunque no intervino personalmente en hechos de sangre, se le consideró moralmente responsable de los asesinatos que se cometieron en la localidad, así como también de los saqueos y desmanes, por cuyo motivo a la Liberación fue detenido y juzgado en Consejo de guerra, siendo condenado a la última pena y ejecutado", rezaba el certificado de antecedentes penales que se encargó de solicitar a la Guardia Civil en la década de los cincuenta su hijo. Fue asesinado en las inmediaciones del pueblo por su militancia socialista. Era noviembre de 1939. La guerra había acabado pocos meses antes, con aquel último parte de guerra firmado por Francisco Franco.
Tras décadas de dictadura, llegó la Transición. Y las primeras elecciones municipales, las de 1979. Unos comicios en los que se impuso con mayoría absoluta el Partido Independiente, encabezado por Antonio Martínez, quien fuera uno de los dirigentes del Movimiento en la zona. Desde entonces, el PSOE, el segundo grupo del consistorio, empezó a insistir en la necesidad de reformular el callejero. "Se hará cuando sea el momento oportuno", se limitaba a responder el regidor. Un "momento oportuno" que tardó en llegar más de cuatro legislaturas. El punto de inflexión se produjo con la entrada de IU en el consistorio. Fue en 1995, cuando se hizo con uno de los asientos en un ayuntamiento que volvió a gobernar con mayoría absoluta Martínez, para entonces bajo las siglas del PP. El que se encargó durante esos cuatro años de ocupar el acta y de volver a poner sobre la mesa la necesidad de una democratización del nomenclátor fue el maestro José Manuel López Grima. "Era una de las cosas que llevábamos en nuestro programa, que era nuestro catecismo", rememora al otro lado del teléfono.
"Fueron muchas horas encerrados en el despacho"
La única diferencia es que el ahora activista lo logró. La clave estuvo, cuenta, en dejar a un lado las imposiciones para sentarse a hablar. "Fueron muchas horas las que los dos estuvimos encerrados en su despacho tratando esta cuestión", relata. Pero también en saber ceder, en no marcar líneas rojas que pudieran resultar infranqueables. Él sabía que era inviable convencer al alcalde para que quitase de uno de los carteles en la vía pública el nombre del caudillo para sustituirlo, por ejemplo, por el de Dolores Ibárruri, la Pasionaria. Había que buscar puntos de entendimiento si lo que de verdad se quería era borrar del callejero cualquier rastro de aquellas décadas nefastas. Y él no tenía ningún problema en trasladárselo a su formación política. "Durante los años anteriores, era imposible porque se había instalado un diálogo de sordos entre PP y PSOE. Bastaba con que uno dijera una cosa para que el otro dijera la contraria", dice el profesor jubilado, que ahora sobrepasa los setenta años.
Grima consiguió convencer a la derecha de que la democratización del nomenclátor era una asignatura pendiente que tenían que aprobar. Así, en noviembre de 1996, pocos meses después de que el PP de José María Aznar se impusiese a Felipe González en las elecciones generales, el Pleno del Ayuntamiento de Rojales aprobó por unanimidad retirar los nombres franquistas de la vía pública. En total, se acordó sustituir los carteles de una veintena de calles, avenidas y plazas. Fue así como desaparecieron de este municipio alicantino, que hoy ronda los 20.000 habitantes, las menciones al "Generalísimo", "18 de julio", "Conde del Alcázar" o "José Antonio", entre otras tantas. "El alcalde sólo pidió que la Plaza del Generálisimo pasase a llamarse Plaza de España", recuerda López Grima. Para el resto de cambios, se utilizaron menciones como "Río Segura", "Comunidad Valenciana", "Cortes Valencianas", "Constitución", "Plaza de la Iglesia" o nombres de algunas otras localidades de la zona. Absolutamente nada que pudiera suponer ser rechazado a la izquierda o a la derecha. Y todos contentos.
El exconcejal de IU en Rojales José Manuel López Grima. | STEPV
El exconcejal apunta que el día en el que los operarios municipales acudieron a sustituir las placas en el pueblo solo se respiraba tranquilidad. No hubo ni celebraciones por un lado ni aspavientos desmedidos por el otro. Simplemente, una imagen de total normalidad democrática. De hecho, López Grima señala que procuró evitar, en la medida de lo posible, que se organizase cualquier "fiesta" entre los sectores de la izquierda el día de la retirada. "La fiesta más grande tenía que ser el orgullo de que esas menciones desaparecieran de la vía pública", relata. Pero el acuerdo, sostiene el activista, no se quedaba ahí. Durante aquella legislatura, cuenta, también se retiró del patio de la escuela Príncipe de España, ahora llamada Miguel Hernández, una de esas cruces de los caídos que se levantaron en su día para rendir homenaje a todas las víctimas del bando golpista. Vestigios que todavía siguen formando parte de la fotografía de miles de pueblos repartidos por toda la geografía española –solo en la provincia de Badajoz había 78 monumentos de este tipo repartidos por los diferentes municipios–.
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Amenazas de la extrema derecha
Los cambios fueron bien recibidos por los vecinos de la localidad. Incluso entre todos aquellos votantes de derechas que consideraban que ya era hora de cerrar un capítulo de su historia. Eso sí, el maestro jubilado reconoce que hubo algún que otro problema por parte de algunos reductos que quedaban en el pueblo de Falange Española. "La extrema derecha, que no obstante era un grupo pequeño, amenazó e insultó al alcalde", rememora López Grima. Los camisas viejas, entre gritos de "traidor", le reprocharon que no hubiera utilizado el rodillo de la mayoría absoluta para dinamitar los intentos de la izquierda. "Hemos propuesto y cumplido el compromiso que adquirimos hace años", se limitó a responder el regidor. La decisión del dirigente conservador no le pasó factura. Su popularidad, su carisma y el respeto que le tenían dentro de los sectores conservadores le llevó a mantener el bastón de mando todavía durante dos legislaturas más, hasta las municipales del año 2003.
A pesar de las duras confrontaciones mantenidas a nivel político, y a pesar de que ideológicamente les separa un mundo, López Grima solo tiene buenas palabras cuando habla del exalcalde de Rojales. "Buena parte de lo que hicimos fue gracias a su voluntad", señala el exconcejal de IU. Ambos, dice, se tienen un enorme respeto. Era un tipo "duro de pelar" y de derechas convencido, sí. Pero se podía conversar con él e intentar pelear un acuerdo desde la oposición. Como así se hizo a finales de los noventa con un asunto tan espinoso como este. "En esta vida es importante dialogar, escuchar al otro y entender que uno no tiene el cien por cien de la razón", reflexiona el viejo profesor. Es importante, continúa, generar empatía cuando se está negociando, algo que considera que se está perdiendo en una política plagada actualmente de "discursos fáciles". Y eso no quiere decir, completa, que se rebajen los "principios" que cada uno ha tenido. "Es fundamental alcanzar consensos y evitar las imposiciones. Hay que hacer política para que dure en el tiempo", sentencia.
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