Ruz rechaza archivar las causas de Guantánamo y el Sáhara y sigue investigando

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz hace oídos sordos a la limitación de la justicia universalla limitación de la justicia universal. El magistrado se ha negado a archivar la causa relativa a las torturas que habrían sufrido cuatro presos en la base militar estadounidense de Guantánamo entre 2002 y 2005, así como la investigación contra varios militares marroquíes por crimenes en el Sáhara entre 1975 y 1976.

En 2009, el magistrado preguntó a Estados Unidos si investigó las supuestas torturas que tuvieron lugar en la polémica base militar. En un auto conocido la mañana de este martes, Ruz ha vuelto a interrogar al Gobierno estadounidense para esclarecer los hechos. Lejos de dar carpetazo a la causa, el magistrado de la Audiencia Nacional continúa con las pesquisas de la investigación. 

En el correspondiente auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 incoa sumario por delitos de torturas y contra la integridad moral en concurso con uno o varios delitos de crímenes de guerra. Además, el magistrado interrogará al Tribunal Supremo sobre si considera que Estados Unidos ha investigado los hechos de forma eficaz.

En enero de 2010 el juez Baltasar Garzón admitió a trámite esta querella, presentada por la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Izquierda Unida (IU) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), contra seis miembros de la Administración del ex presidente estadounidense George W. Bush que pusieron las bases legales para la creación de Guantánamo.

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Pablo Ruz continuará investigando dos causas por crímenes en el Sahara pendientes en su juzgado. Por un lado, rechaza archivar la querella presentada contra varios militares marroquíes y por otro mantiene abierta la investigación por genocidio presentada por la Asociacion Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos contra varios dirigentes del Frente Polisario.

Respecto a la primera causa, el magistrado considera que el procedimiento debe continuar ya que, tal y como informo el Ministerio Fiscal, los hechos se cometieron "en territorio que a todos los efectos, debe tener la consideración de español en el momento de comisión, tal y como se deriva de la legalidad y jurisprudencia nacional e internacional". El juez alega que los delitos fueron cometidos contra ciudadanos españoles y en territorio español, ya que "entre los meses de noviembre de 1975 y el 28 de febrero de 1976" el Sáhara Occidental era provincia española. 

Por otra parte, el magistrado de la Audiencia Nacional se considera competente para continuar con la investigación iniciada a raíz de una querella por genocidio contra varios dirigentes del Frente Polisario, al considerar igualmente que estos hechos tuvieron lugar en territorio español.