Ryanair arrasa con los derechos laborales en su base de Girona

Ryanair insiste en maltratar los derechos de sus trabajadores. La empresa, propiedad del millonario Michael O'Leary, mantiene su línea habitual de actuación y pone en el blanco ahora a los empleados de la base aérea ubicada en Girona, que lleva meses enfrentándose a la amenaza de cierre. El último movimiento de la empresa pasa por mantener la base aérea, pero el coste que ha fijado ha resultado ser extremadamente alto: una novación de los contratos bajo condiciones absolutamente precarias para sus trabajadores.

Ryanair lleva meses amenazando con el cierre de varias de sus bases, entre ellas la de Girona, una de las más antiguas del país. A finales de agosto, la dirección de la empresa anunciaba la clausura inminente de la base catalana, con fecha del 8 de enero de 2020. La pretensión de la compañía era plantear un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en las bases de Girona y en otras tres ubicadas en Canarias –Las Palmas, Tenerife y Lanzarote–, con más de cuatro centenares de afectados.

"En el momento en que la empresa anunció el cierre de las bases, entonces abrieron un proceso de ERE". Habla Lidia Arasanz, portavoz de la Unión Sindical Obrera (USO). Se inició entonces un proceso legal de negociación con los sindicatos, donde entra en juego también Sitcpla, que representa a los tripulantes de cabina –los llamados TCP–. Uno de sus portavoces, Antonio Escobar, explica a infoLibre que Ryanair "anuncia el cierre de las bases en septiembre, pero no notifica a la autoridad laboral la apertura del periodo de consultas hasta octubre". Entretanto, los trabajadores se organizan en huelga.

Ya entrados en noviembre, agrega el sindicalista, se inicia la negociación –un periodo que en este caso no puede superar los treinta días– pero se cierra sin acuerdo. La falta de consenso inicial, aclara Escobar, se produce porque "Ryanair se empeñaba en unas indemnizaciones" equivalentes a dejar "con una mano delante y otra detrás" a los asalariados. "No podíamos estar de acuerdo con eso", defiende.

Ante la falta de acuerdo entre ambos actores, la empresa decide maniobrar unilateralmente y confirma el cierre de las bases canarias pero ofrece una alternativa a los catalanes. Se trata de una novación de los contratos de los 164 trabajadores que tiene la empresa en plantilla. Esta modificación transforma los puestos de trabajo a fijos discontinuos –los empleados sólo trabajarán nueve meses al año–, elimina la antigüedad y las categorías profesionales se rebajan de "tripulantes de cabina" a "agentes de servicio al cliente". En este punto del conflicto, los sindicatos no tienen capacidad negociadora –se sustituye la negociación colectiva por una negociación individual en masa– y tampoco cuentan con un margen temporal lo suficientemente amplio para maniobrar, explican.

Los trabajadores, reunidos con la empresa a 28 de noviembre, sólo podían aceptar las nuevas condiciones o asumir su despido. Es ahí donde los sindicatos aluden a la "coacción" que denuncian. "Los trabajadores que no quisieron firmar este nuevo contrato seguían en proceso de despido", explica Arasanz, quien insiste en que fueron "totalmente coaccionados: o firmaban esta reducción de condiciones o se iban a la calle". Pero ocurre además que ni siquiera quienes sí firmaron han conseguido blindar sus puestos de trabajo. La gran mayoría de los trabajadores, "en torno al 99%", firmaron los contratos nuevos sin estar conformes. Algo así como "no estando de acuerdo, firmo el contrato porque soy la parte más débil", detalla Escobar. La noche del martes, confirma el sindicalista, la empresa empezó "a mandar cartas diciendo que, como los trabajadores no estaban de acuerdo, entiende que no han firmado". En esas misivas, la compañía "anuncia que los van a dejar fuera de la empresa, como un aviso de despido inmediato con fecha del 8 de enero de 2020", señala el portavoz sindical.

De la Audiencia Nacional a la Inspección de Trabajo

Los pasos a seguir ahora apuntan a dos frentes. El primero está en la Audiencia Nacional. "Una vez acabado el proceso de consultas, como no hubo acuerdo, decidimos llevarlo a la Audiencia Nacional", explica Arasanz, quien añade que actualmente se encuentran preparando la documentación pertinente. El propósito es conseguir la nulidad del ERE porque las razones que esgrimen los empresarios "no son las mínimas para abrir un proceso de despido colectivo", entienden los sindicatos.

El otro frente lo batallarán ante la Inspección de Trabajo. Creen que parte de los nuevos contratos firmados por los trabajadores catalanes podría acarrear una vulneración de los derechos laborales. "Estamos revisando todas las cláusulas con lupa", explican desde los sindicatos, que señalan como aristas principales la pérdida de la antigüedad, el cambio de categoría laboral y la "coacción para firmar la novación contractual".

Para Escobar, Ryanair representa un "parque temático del incumplimiento laboral", por lo que espera que "les sancionen con lo que más les duela". El presidente de la empresa respondió este mismo martes a las críticas con una suerte de eslogan: "No es coacción, es democracia".

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El peso que acumulan las subvenciones en la actividad de la empresa es imposible de obviar. Hasta el momento, bases como las de Vigo, Granada o Asturias han echado el cierre tras el fin de las ayudas cosechadas. Los sindicatos, de hecho, han reconocido en reiteradas ocasiones sus sospechas respecto a los cierres como parte de una estrategia para engrosar las subvenciones.

Tal y como publica el Periódico de Catalunya, el Gobierno catalán replanteará el año que viene la concesión de ayudas a la empresa, concedidas hata ahora bajo la premisa de promoción turística, "debido a la vigilancia europea en defensa de la libre competencia". El objetivo, informa el diario, "es reconvertirlas a modelos de libre concurrencia, no a través de pactos individuales con las compañías, y la cuantía a otorgar desde el erario público difícilmente aumentará". Desde el año 2003, la aerolínea irlandesa ha recibido 60 millones de euros en la región y tiene asegurado un año más de ayudas.

Según publica el diario El País, el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavín, ha explicado que el Departamento de Territorio ya ha mantenido encuentros con las aerolíneas para presentar este nuevo modelo de ayudas. "Hay compañías que no lo ven mal y a otras no les produce entusiasmo pero ya han manifestado que si es necesario, se adaptarán", afirmó. Lo cierto es que el Govern de Cataluña celebra sin ambages el resultado de la contienda: "Siempre se ha dicho que un mal acuerdo es mejor que un gran conflicto", resumió el secretario.