Sánchez no puede gobernar sin Presupuestos, el PP sí: Vox arruina el discurso de Feijóo en seis autonomías

Una España "ingobernable" y una "legislatura muerta". Así describió el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la situación de "parálisis" del Ejecutivo central el pasado mes de septiembre después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se viera obligado a retirar la tramitación de la senda de estabilidad presupuestaria en el Congreso ante la falta de apoyos. Una de las críticas más habituales por parte de la formación conservadora es que Sánchez gobierna "de espaldas a la ciudadanía" porque es "incapaz" de aprobar los Presupuestos Generales del Estado —después de que el pasado año decidiera prorrogarlos tras el adelanto electoral en Cataluña — lo que demuestra su "debilidad" legislativa.

Un argumento que se vuelve en contra del principal partido de la oposición después de que Vox haya amagado con no apoyar las cuentas públicas de seis autonomías en las que el Partido Popular gobierna en minoría —Baleares, Murcia, Comunitat Valenciana, Extremadura, Aragón y Castilla y León—. Fuentes de Génova trasladan que ninguno de sus ejecutivos regionales corre peligro y que, si es preciso, gobernarán sin presupuestos en esas autonomías prorrogando los que ya tienen, como hizo Sánchez el pasado año. "Vamos a intentar tener Presupuestos porque es lo que permite avanzar. No tener Presupuestos siempre es una mayor dificultad, pero si hay otros partidos que consideran que bloqueando al gobierna, es el mejor camino... tendrán que asumir las consecuencias", fue la respuesta del vicesecretario de Economía, Juan Bravo.

Durante estos meses, después de la ruptura del pasado julio, Vox seguía apoyando puntualmente al PP en esas comunidades. De hecho, en algunas como Extremadura o Baleares las conversaciones para sacar adelante los presupuestos ya estaban bastante avanzadas gracias a los "guiños" de los conservadores en materia migratoria. Ahora Feijóo asegura que no "acepta chantajes" pero los mensajes en contra los de migrantes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, son a menudo emulados por el PP. En la dirección nacional del PP asumen como escenario plausible la prórroga de las cuentas públicas y descartan forzar un adelanto electoral incluso en aquellas autonomías en las que, según sus encuestas internas, obtendrían mayoría absoluta, como Castilla y León o Murcia. La última palabra, en todo caso, la tendrían sus respectivos presidentes autonómicos.

El pacto suscrito por Feijóo con los barones del partido cuando defenestraron a su antecesor, Pablo Casado, en 2022 garantizaba autonomía a cada territorio para tomar sus decisiones a cambio de un cierre de filas generalizado que le asegurase paz orgánica interna en su camino hacia La Moncloa. Esta estrategia también ha dejado a un PP dividido entre quienes se apoyaban en Vox y, por tanto, dulcificaban la imagen de la extrema derecha como el presidente valenciano, Carlos Mazón, y otros que enarbolan un discurso más crítico como el andaluz Juanma Moreno, pese a que él mismo fue investido con el apoyo de Vox en 2018. El líder del PP siempre ha justificado todas las estrategias: compartir ejecutivos y desafiar a Vox. A diferencia de lo que ocurrió con Ciudadanos, en el PP nunca habían contemplado romper con los de Santiago Abascal por las posibles consecuencias que pudiera tener para el electorado. Y finalmente fue Vox quien les abandonó a ellos hace menos de medio año.

La inestabilidad del PP con sus socios: la experiencia de Ciudadanos y Vox

Aunque el PP siempre trata de situar al Gobierno de Sánchez como un Ejecutivo "inestable", se ha demostrado que sus alianzas son mucho más endebles que las del Gobierno de Pedro Sánchez. Ejemplo de ello son los gobiernos que surgieron entre PP y Ciudadanos tras las elecciones de 2019. Todos ellos resultaron ser extremadamente frágiles porque, además, se utilizaron por el Partido Popular como fichas a nivel nacional con el objetivo de intentar forzar un nuevo ciclo electoral y engullir a los de Albert Rivera, intentando mayorías absolutas o quedando en brazos de la ultraderecha, como finalmente ocurrió. En el caso de Vox, al tener un suelo más estable que los naranjas, el PP ha asumido que esa estrategia no funciona.

La coalición con Ciudadanos saltó por los aires en Murcia y el presidente de esta comunidad, Fernando López Miras, sólo pudo evitar una moción de censura comprando la voluntad de quienes habían sido llamados por la dirección de Inés Arrimadas a votar en su contra. Esa fue la excusa perfecta para Isabel Díaz Ayuso, que hacía tiempo buscaba una oportunidad de librarse de sus socios naranjas y convocar elecciones anticipadas. La misma estrategia que utilizó en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, en su caso empujado por el entonces líder del PP, Pablo Casado, aunque no le salió bien y acabó convirtiéndose en el primer barón obligado a compartir gobierno con la extrema derecha.

La experiencia con Vox tampoco fue mejor. Tras un año de gobiernos compartidos y tensiones evidentes, Abascal dio un golpe de mando y obligó a todos sus dirigentes autonómicos a romper con el PP en las autonomías en las que gobernaban conjuntamente. La debilidad del andamiaje de estos gobiernos, más allá de las obvias coincidencias programáticas, tardó mucho menos de lo previsto en hacerse visible. Aunque Vox atribuyó toda la responsabilidad de la ruptura al líder del PP, los enfrentamientos entre los dirigentes autonómicos de ambas formaciones fueron frecuentes, así como las discrepancias en algunas materias como la lingüística o la cuestión migratoria.

La salida en bloque de la ultraderecha dejó a esos Ejecutivos autonómicos una situación de debilidad, especialmente en los territorios en los que la izquierda suma más votos que los conservadores, que se ha podido palpar en los últimos meses. Más allá de los apoyos puntuales de los ultraderechistas, ha descendido el número de leyes aprobadas en esos Parlamentos —un caso que recuerda a la situación en el Congreso— por lo que los Ejecutivos del PP se han visto forzados a seguir una línea continuista que favorece los intereses de Vox. Es más, los ultraderechistas ya deslizan que la prórroga de los presupuestos en estas autonomías sería una "buena noticia" porque esas cuentas tienen el "sello" de Vox.

La inmigración como 'bandera' de Vox (y de la que el PP hace seguidismo)

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El anuncio de Vox se ha producido después de que el PP aceptara reunirse este jueves entre el Gobierno central, el canario y ceutí para intentar acercar posturas sobre el pacto migratorio que el Congreso rechazó el pasado mes de julio. El Gobierno quiere que la derivación de los menores migrantes sea obligatoria —y no opcional, como hasta ahora— para todas las autonomías, un extremo al que siempre se ha negado el PP. Aunque la reunión se ha saldado sin avances después de que los conservadores se hayan negado a moverse de su posición, solo el hecho de reunirse sirvió de excusa para la formación ultraderechista para suspender las negociaciones sobre los presupuestos autonómicos por el "acercamiento" del PP al PSOE sobre "política migratoria", en palabras del número dos de Vox, Ignacio Garriga, que volvió a vincular falsamente migración con delincuencia.

Cerrar las fronteras y expulsar a todos los migrantes, tengan o no arraigo y empleo, es una de las obsesiones de Vox desde su creación y un objetivo que la extrema derecha trasladó a sus acuerdos de gobiernos con el PP en comunidades y ayuntamientos. El motivo de la ruptura en verano fue que el PP se comprometió con el Gobierno a acoger a 400 menores — 347 a la Península, 40 en Canarias y 13 en Ceuta— para este 2024. Como en otros países europeos, la extrema derecha ha visto en el discurso xenófobo un filón con el que desgastar al PP pero también al Gobierno y generar alarma social. La estrategia sigue siendo la misma de siempre: aociar los conceptos inmigración y delincuencia, especialmente en los delitos de violencia sexual hacia las mujeres.

Además de estos retratos caricaturizados que no se corresponden con la realidad, la deshumanización de las personas migrantes se consigue con otros elementos como la utilización de un léxico de carácter peyorativo, de frases simples y efectivas o de un discurso que apela a las emociones primarias. La formación ultra utiliza términos negativos como “asalto”, “oleada” o “ilegales" Y para referirse a ellos no suelen hacerlo con las palabras “personas”, “jóvenes” o “niños” sino que se les identifica como “inmigrantes”, “extranjeros”, “menas” o directamente por su nacionalidad. Una estrategia, en ocasiones, emulada por el propio Partido Popular que ahora asegura que no aceptará "chantajes", en palabras de Feijóo, de la formación ultraderechista, pero que para conseguir sus votos en esas autonomías sí se postró ante sus demandas.